En pleno debate sobre la mayor o menor justicia de que el conocimiento de las lenguas autonómicas se fije como requisito obligatorio para poder acceder a una plaza de funcionario en las comunidades autónomas donde éstas son cooficiales, el Gobierno ha decidido 'intervenir' en la cuestión en el ámbito que le compete y ha acordado con los sindicatos la creación de un nuevo complemento salarial extra para los funcionarios del Estado destinados en oficinas de atención al público que puedan atender a los ciudadanos tanto en castellano como en cualquiera de las lenguas cooficiales del Estado: gallego, euskera y catalán.
CSIF abogó, por ejemplo, desde el principio por una mejora general del complemento específico de los funcionarios para preparar el terreno al diseño de una carrera profesional pendiente de desarrollo desde el año 2006; CCOO, por su parte, pretendía destinar esos fondos a la mejora de los sueldos más bajos de la escala de la AGE y también a la cobertura de las eventuales brechas de género que se detectaran en el Estado.
El Ministerio de Función Pública y Política Territorial ha incorporado este plus salarial de nueva creación en el acuerdo de aplicación de los fondos adicionales previstos en el acuerdo a tres años firmado por el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con los sindicatos hace ahora un año y que preveía la distribución de una cantidad equivalente al 0,2% de la masa salarial de la Administración General del Estado a los objetivos que se consideraran oportunos.
El Gobierno ha decidido ir por su propio camino, según han denunciado los tres sindicatos mayoritarios de la Función Pública, que aún rubricando el acuerdo señalan que el espacio para la negociación ha sido mínimo, y ha arbitrado la creación de ese nuevo complemento salarial "por plurilingüismo" cuyo objetivo según recoge el texto del acuerdo - al que ha tenido acceso La Información - es retribuir "la mejora de la atención de la Administración General del Estado presta a la ciudadanía" cuando se le atiende en la lengua que éste domina.
Los sindicatos han conseguido 'in extremis' que la aplicación efectiva de este plus salarial se demore al año 2020 - la intención inicial del Gobierno era destinar 785.000 euros a este plus ya desde el ejercicio de 2018 - y que los recursos disponibles de 2018 y 2019 - en total, 32 millones de euros - se concentren en elevar el salario mínimo de los empleados a sueldo de la Administración del Estado, tanto del personal laboral (al que se destinan dos terceras partes de los recursos disponibles) como de los niveles más bajos del escalafón del funcionariado.
A ese objetivo básico se destinarán cerca de 25 de los 32 millones de euros disponibles de 2018 y 2019. El resto se repartirá entre el complemento salarial para los funcionarios en puestos de atención al público, que servirá para sufragar la reclasificación del personal de las entidades de la Seguridad Social; , el del personal de prevención de riesgos laborales, la habilitación de fondos para la creación de una 'mini carrera profesional' y la retribución extra del personal de la Administración de Justicia
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