La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, no empezó con buen pie con los funcionarios. En su primera reunión de trabajo con los sindicatos deslizó que el Gobierno no podría sustanciar los pagos pendientes por la subida salarial pactada por el Ejecutivo anterior con los funcionarios hasta el mes de septiembre, lo que desencadenó una espiral de desmentidos formales y retrasos reales que emborronó al poco de iniciarse su relación con los sindicatos.
Desde entonces, su equipo en el Ministerio de Función Pública ha hecho todo lo posible por recomponer la situación. La información de ejecución presupuestaria recién publicada por el Gobierno da fe de que ha sido así. Desde que llegó al Gobierno a principios del mes de junio y hasta el pasado mes de octubre, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha dispuesto 50 millones de euros extra en la cuenta de gastos de personal para pagos de incentivos al rendimiento a funcionarios públicos.
Se trata de fondos no presupuestados inicialmente y que, según las fuentes consultadas, se utilizan para retribuir productividades, gratificaciones o complementos de dedicación especial, elementos todos ellos ajenos al marco salarial general que opera para el conjunto de los funcionarios y que se suelen utilizar para retribuir de forma específica a departamentos, secciones o funcionarios concretos.
Las cuentas diseñadas por Cristóbal Montoro disponían para estos conceptos una cuantía de algo más de 711 millones de euros - sobre el total de 16.671 millones presupuestados para gastos de personal en la Administración General del Estado -, que se han visto ampliados posteriormente en 53 millones (un 7,5%) por el Gobierno socialista, hasta los 764 millones. Por trazar una comparación, en el primer semestre del año, el Ejecutivo de Rajoy solo amplío esa cuenta en nueve millones y eso que operaba con las cuentas prorrogadas del año 2017.
Negociaciones para mejorar la situación de más de 30.000 funcionarios
La cuenta aún podría experimentar algún repunte. Según fuentes sindicales, el Gobierno ha comunicado este mes de diciembre a los empleados de los Servicios Públicos de Empleo una mejora de su productividad de este año 2018 por un valor agregado de más de 14 millones de euros y ha abierto una negociación para explorar una potencial mejora también para los empleados de la Seguridad Social, en conjunto más de 30.000 empleados públicos.
Las mejoras retributivas no se han limitado a los empleados públicos de base. Los datos presupuestarios publicados por el Ministerio de Hacienda revelan también ampliaciones en las asignaciones presupuestarias destinadas a altos cargos y personal eventual, el conocido como 'personal de confianza', aunque en cuantías menos relevantes.
El Gobierno ultima también estos días un acuerdo con los sindicatos para mejorar sensiblemente la situación del personal laboral al servicio de la Administración (34.000 personas) y equipararla al de los funcionarios que han accedido a un empleo por oposición, que entre otras cosas plantea el establecimiento de un sueldo mínimo de 1.200 euros.
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