Una de las grandes cuestiones que más interés ha suscitado para la opinión pública esta semana es si los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 incluyen una hipotética prórroga de los decretos anticrisis con los que combatir la inflación. Unas medidas que han supuesto un gasto 'extra' de 30.000 millones de euros en 2022, según argumentó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. No obstante, y para alivio del Ejecutivo, ahora el servicio de estudios BBVA Research sostiene que incluso ambos decretos podrían volverse a prorrogar a lo largo de 2023 ya que España cuenta con unas previsiones de reducción del déficit ambiciosas y, además, Bruselas mantendrá durante todo el próximo año las reglas fiscales suspendidas.
"El Gobierno tendrá espacio de maniobra por la fuerte reducción que se observa en el déficit y dado que las reglas fiscales en Europa estarán suspendidas en 2023. El problema vendrá a partir de 2024, cuando las medidas tengan que ser retiradas. Pero la expectativa es que para entonces ya no se necesiten. Sin embargo, en caso de tener que mantenerlas, esto puede llevar a un ajuste el siguiente año, por el monto de las medidas, conforme entren en vigor nuevamente las reglas fiscales", apuntan desde el servicio de estudios.
La ministra de Economía, Nadia Calviño, presentó tras el último Consejo de Ministros (donde se aprobaron los PGE) el cuadro macroeconómico del Gobierno. Entre el mar de datos que inundaban las diapositivas, se podía apreciar el deflactor del PIB que calculó el Gobierno (un instrumento para medir la inflación sin tener en cuenta las importaciones). Este era de un 4% para el año 2022 y de 3,8% para 2023. Lo que empujaba a intuir que la subida de los precios continuaría durante el siguiente año y que podría poner en jaque la viabilidad del gasto de los PGE. Así, para el próximo año se contemplan 196.000 millones de gasto no financiero. De esta forma, si la inflación se mantuviera presente y se tuvieran que prorrogar unas medidas similares, estas podrían suponer hasta el 15% del gasto no financiero de los presupuestos de 2023.
La previsión que mantiene el instituto sobre la inflación también coincide con la del Gobierno: no será un fenómeno pasajero de este año, sino que continuará durante el próximo año. Una realidad que tendría un impacto directo en los dos decretos anticrisis. "Hay medidas cuya mantención dependerá explícitamente de cómo evolucionen los precios del petróleo y del gas. Como es poco probable que estos disminuyan considerablemente durante los próximos meses, aumenta la probabilidad de que se mantengan las reducciones impositivas y transferencias que han sido implementadas para apoyar el gasto de hogares y empresas".
No obstante, esta capacidad del Ejecutivo para aprobar otros dos decretos antiinflación solo es una buena noticia dentro del escenario negativo en el que se encuentra nuestro país. Así, semanas atrás, el mismo servicio de estudios aseguró a este periódico que la estimación de Renta Disponible de los hogares -acumulado los 12 meses- en segundo trimestre del año era de 776.000 millones de euros. Por lo tanto, sostenían que "para tener la misma capacidad de compra que hace un año necesitaríamos casi 78.000 millones de euros más". Una cifra que apenas cubrían los dos decretos anticrisis aprobados por el Gobierno.
El primero de los decretos contra la inflación se aprobó a finales de abril. El Gobierno dio luz verde a una rebaja fiscal del 60% en la factura de la luz, ayudas por 450 millones para los transportistas, 10.000 millones de euros en avales para pymes y más de 400 millones de euros para la ganadería, agricultura y pesca. Por otro lado, y como medidas más significativas, se descontaron 20 céntimos por cada litro de combustible, se limitó la subida del alquiler al 2% y se prohibió el despido en aquellas empresas que recibían ayudas públicas. En el segundo decreto se prorrogaron estas medidas y se añadió un bono social de 200 euros para personas vulnerables y el aumento de las pensiones no contributivas, entre otros.
Algunas de estas medidas -improvisadas por la situación- han generado cierta ilusión dentro el Ejecutivo. Una de ellas es la bonificación del 100% de los billetes de tren de media distancia y rodalies, que estudian en convertir en una medida estructural ya que puede fomentar el uso del transporte público y, por ende, seguir la agenda verde marcada por Bruselas de reducir la contaminación.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios