El BBVA ha puesto este martes en duda la viabilidad futura del acuerdo sobre pensiones entre el PNV y el PP, por el efecto que ese aumento estructural del gasto público puede suponer en el objetivo de reducción del déficit. El servicio de estudios de la entidad que preside Francisco González considera que el mayor gasto que supondrá la no aplicación durante dos años del índice de revalorización (IRP del 0,25%) de las pensiones y del retraso hasta 2023 del factor de sostenibilidad lastrará el ajuste fiscal de la Seguridad Social y disminuirá la probabilidad de cumplir el objetivo de déficit.
A falta de unos cálculos específicos por parte del Gobierno, los expertos del BBVA han elaborado un documento en el que calculan que la revalorización de las pensiones en virtud de la inflación supondrá un incremento del gasto del 2,4%, mientras que el ahorro acumulado que se pierde por retrasar el factor de sostenibilidad representa un aumento del 1,2% a largo plazo.
Las estimaciones de la entidad financiera vienen a corroborar las dudas que desde la Comisión Europea y otras instituciones se habían lanzado sobre el efecto que tendría el acuerdo que los nacionalistas vascos han forzado sobre el PP para permitir que se aprueben los Presupuestos del año que viene.
Desde el banco se considera fundamental que el Pacto de Toledo refuerce la sostenibilidad del sistema con medidas que permitan que el modelo sea más eficiente y equitativo, al tiempo que aboga por un sistema público de cuentas individuales o nocionales de reparto. A juicio de BBVA Research, "la subida de las pensiones con la inflación consolida permanentemente un gasto mayor y suponen un aumento del déficit estructural del sistema de pensiones, trastocando una de las líneas medulares de la reforma de 2013 si no se adoptan otras medidas compensadoras".
En concreto, detalla que el alza para 2018 supone casi 1.600 millones de gasto adicional en 2018 y 3.200 en 2019 respecto al escenario de subida con el IRP, un total de 4.800 millones, cantidad a la que habría que añadir la mejora de las pensiones de viudedad. Cuando acumulamos esta cantidad teniendo en cuenta la esperanza de vida de las generaciones que reciben este incremento, el aumento de gasto termina siendo de unos 39.000 millones en términos de valor actual actuarial respecto al escenario de subidas al 0,25% del IRP.
Asimismo, indica que el retraso en la aplicación del factor de sostenibilidad supondrá que todas las nuevas pensiones de jubilación a partir de 2023 serán aproximadamente un 2% mayores.
Muchos cambios pendientes
Por otro lado, BBVA Research considera que hay también un coste en términos de reputación y credibilidad en la implementación de las reformas, ya que los citados cambios generan dudas de que más adelante vuelva a ocurrir lo mismo "sobre todo teniendo en cuenta algunas de las posiciones existentes en el Pacto de Toledo".
El servicio de estudios de BBVA apuesta por la transición gradual hacia un sistema público, progresivo y de reparto, pero en el que las pensiones iniciales se calcularían teniendo en cuenta la esperanza de vida y la capacidad del sistema de generar ingresos mediante cotizaciones sociales.
Independientemente de las medidas que se propongan, no considera "necesario ni conveniente" derogar el IRP, que califica de "flexible y neutral", salvo que se quiera dejar el gasto en pensiones al margen de la restricción presupuestaria y ocultar a la opinión pública sus implicaciones.
Hoy mismo, el coordinador general del PP, Fernando Martínez Maíllo, ha defendido las reformas que se han lanzado en materia de pensiones y ha advertido que en el entorno del Pacto de Toledo se están preparando muchas cosas para mejorar la eficiencia del sistema, si bien no ha aclarado ninguna de ellas.
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