España debería haber erradicado ya su déficit público. En el plan inicial de reducción del déficit que el entonces Gobierno de Mariano Rajoy acordó con sus socios europeos a la altura de 2019 el país debía presentar ya unas cuentas saneadas. Es evidente que no ha sido así. La reducción de las tensiones en los mercados de deuda -es decir, la relajación de la temida 'prima de riesgo'- y la mejora de la situación general de la economía europea relajaron el celo inicial de las autoridades europeas y sus exigencias de reducción del déficit, y España ha sido el país más beneficiado por esta situación.
El último boletín económico del Banco Central Europeo lo ilustra de forma contundente. Al cierre de 2018 la distancia entre la situación presupuestaria que España tendría que haber presentado a esas alturas y la situación real de sus cuentas públicas ronda los 30.000 millones de euros. No hay otro país en toda la zona euro que se aproxime a esas cifras de incumplimiento.
El Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) determinó en su día que los países con graves desequilibrios en sus cuentas públicas, que al principio eran la mayoría y que en 2018 ya sólo era España, tendrían que reducir su déficit estructural -el que responde a una estructura presupuestaria desequilibrada y no a los efectos coyunturales derivados de una crisis económica- a razón de 0,5 puntos porcentuales al año. Lo que han detectado los analistas del BCE es que los países cumplieron esa exigencia de manera generalizada durante los dos primeros ejercicios de 2012 y 2013, pero que ese cumplimiento se fue relajando más tarde al compás de la mejora del contexto en los mercados de deuda, hasta el punto de que "las posiciones estructurales de países como Italia y España se han deteriorado en los últimos años".
El informe del BCE ilustra la falta de rigor de España con sus compromisos presupuestarios en los últimos años con otro doloroso gráfico que muestra de forma evidente que solo España e Italia han empeorado su posición presupuestaria estructural entre el grupo de cinco economías del euro que han sido incapaces de llevar sus cuentas públicas el equilibrio antes de 2018 y que mantienen tasas de deuda superiores al 90%: Bélgica, Francia, Portugal, Italia y España.
De acuerdo, España es el país del euro que más lejos se encuentra de llevar sus cuentas públicas al aconsejable equilibrio presupuestario -después de crecer tres años por encima del 3%, por cierto- y tampoco ha tenido un desempeño especialmente brillante a la hora de resolver las causas estructurales de sus desequilibrios presupuestarios. ¿Esto es todo? Pues no. Los analistas del BCE aún ponen en el escaparate un tercer clavo para apuntalar el ataúd del rigor español en la gestión de sus cuentas públicas. Lo hacen con un gráfico que sitúa a España junto a Italia y Bélgica como los tres países que empeorarán aún más su situación presupuestaria en el año 2020, con el agravante de que en el caso de España la exigencia de ajuste se ha suavizado respecto al escenario inicial por las buenas artes de la ministra Calviño en Bruselas.
Es curioso, pero la permanencia del Reino de España en el brazo correctivo del Procedimiento de Déficit Excesivo hasta este mismo año le ha sometido a la incómoda vigilancia intensiva de los 'hombres negro', pero ha librado al país de mayores exigencias en materia de ajustes presupuestarios. La entrada en el brazo preventivo del PDE trae consigo nuevas obligaciones, más centradas en la eliminación de los desequilibrios de fondo de los presupuestos públicos que en las cifras de déficit, que hasta ahora han constituido la obsesión de autoridades gubernamentales y analistas pero que son más sencillas de 'manejar'.
Bruselas dejará de observar con lupa si el déficit español tiene o no una o dos décimas más que el previsto en la senda de consolidación fiscal, pero exigirá resultados en la mejora del llamado déficit estructural -es decir, el asociado a un inadecuado diseño presupuestario y no a la subida natural de determinadas partidas por situaciones asociadas a la crisis- y pedirá el cumplimiento de la exigente regla de gasto europea. Un ejemplo de este mayor rigor se vio hace apenas unos meses. El Gobierno de Pedro Sánchez acomodó su fallido proyecto de Presupuestos de 2019 para cumplir el objetivo nominal de déficit del 2%, pero se saltó la regla de gasto europea en nada menos que 12.000 millones de euros, según reveló el informe de la Autoridad Fiscal sobre el particular.
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