Martes, 15.10.2019 - 01:13 h
Un respiro para los costes laborales

Un alivio para la empresa: el becario que trabaja gratis sigue sin cotizar este curso

La medida aprobada por decreto en diciembre de 2018 y cuya entrada en vigor estaba prevista para abril está bloqueada hasta que haya nuevo Gobierno.

Valerio y Celaá
Un alivio para la empresa: el becario que trabaja gratis sigue sin cotizar este curso / Efe

Los empresarios respiran aliviados. En un escenario de desaceleración de la economía cualquier medida encaminada a incrementar los costes laborales es rechazada de plano por la patronal. Es el caso de la obligación de cotizar a la Seguridad Social por todos los becarios, aunque las prácticas no sean remuneradas, una medida que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez por decreto en diciembre de 2018 y cuyo desarrollo reglamentario estaba previsto en un plazo de tres meses. Su entrada en vigor se esperaba para el nuevo curso, pero en estos momentos, como en otros muchos asuntos, está todo paralizado por la inestabilidad política que ha desembocado en otra convocatoria electoral.

La nueva normativa no está preparada. Por lo tanto, con el curso académico ya en marcha, las empresas siguen sin estar obligadas a dar de alta en la Seguridad Social, como si fueran trabajadores por cuenta ajena, a los estudiantes que incorporen en prácticas, tanto por la universidad como por la Formación Profesional, cuando no cobren por ellas. El Gobierno estima unos 534.000 alumnos afectados y se calcula que la cuota alcanza en torno a 50 euros mensuales por persona becada. Son cerca de 300 millones de euros anuales en cotizaciones a la Seguridad Social que, por el momento, se van a ahorrar los empresarios.

El desarrollo normativo debía estar listo antes del 1 de abril pasado, ya que el 'megadecreto' de pensiones y medidas en materia laboral aprobado en diciembre establecía que en tres meses el Gobierno procedería a adecuar el marco reglamentario. Pero la convocatoria electoral del 28-A lo dejó todo en el limbo. Y así ha permanecido hasta ahora, tras el bloqueo político que ha impedido formar Gobierno en los últimos seis meses y que ha provocado la repetición de las elecciones el próximo noviembre.

Hay que recordar que, con la normativa actual, las becas no remuneradas no cotizan a la Seguridad Social. Las prácticas pagadas sí, pero no todas por igual. Las curriculares, que son obligatorias para acceder al título, están bonificadas al 100%, mientras las voluntarias no. Con esta medida el Ejecutivo pretende que todos los becarios se den de alta como trabajadores por cuenta ajena. Lo que queda por definir es precisamente quién paga la cuota, si la universidad o la empresa.

En el Ministerio de Trabajo admiten que todo está pendiente y justifican el retraso en los plazos porque en su desarrollo deben participar el resto de los departamentos ministeriales implicados (Educación y Ciencia), además de las universidades, los agentes sociales y, por supuesto, las empresas. Y zanjan: "Es necesario un Gobierno en pleno funcionamiento para poder abordarlo". Así las cosas, la medida no podrá desarrollarse hasta que haya un Ejecutivo plenamente constituido tras la cita con las urnas el 10-N, lo cual retrasa su entrada en vigor, como pronto, hasta el próximo curso académico 2020-2021.

Choque entre Valerio y Celaá 

Lo cierto es que la medida generó malestar entre todas las partes afectadas. Sobre todo porque se aprobó en una disposición adicional, aprovechando el 'macrodecreto' para subir las pensiones con el IPC en 2019 que elaboró el Ministerio de Trabajo que dirige Magdalena Valerio. Es más, la propia ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, dejó claro en una comparecencia en el Congreso de los Diputados el pasado mes de febrero que el Ejecutivo no seguiría adelante con su intención de obligar a que todos los becarios coticen a la Seguridad Social si esto supone un problema para quienes deben hacerse cargo de la cuota. Eso sí, no aclaró sobre quién recaerían las cotizaciones.

más asuntos pendientes

Comprar años de cotización a la Seguridad Social

En el mismo decreto también se introducían planes específicos para que los becarios que trabajaron gratis en algún momento de su vida pudieran suscribir un convenio especial con la Seguridad Social para comprar años de cotización y así mejorar sus pensiones. Algo similar a lo que se aprobó para los trabajadores que fueron despedidos durante los años de la crisis económica. Pero la elaboración de estos proyectos normativos se está eternizando en los trámites, como otros muchos asuntos, por la situación de interinidad que atraviesa el Gobierno.

La medida tampoco cayó bien en la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (Crue), que calcula que costará más de 100 millones de euros y defiende que sea la Administración o las empresas receptoras de los alumnos las que asuman este gasto. El problema es que se aprobó sin consulta previa, lo que no dejó margen para incluir sus sugerencias. A su juicio, la obligación de dar de alta a todos los becarios en la Seguridad Social puede reducir la oferta de prácticas. No en vano, las universidades tienen miles de convenios con empresas para prácticas externas y el temor es que los destinatarios de los estudiantes opten por no invertir dinero en algo que hasta ahora no les costaba nada. 

Por su parte, la CEOE critica esta imposición porque no fue abordada en el marco del diálogo social. Los empresarios consideran que la medida no solo "aumenta la inseguridad jurídica" sino que "conlleva un incremento de costes para las empresas que se suman a los que ya afrontan, lo que puede acabar poniendo en peligro dichas prácticas". Las fuentes consultadas aseguran que con la paralización momentánea de la medida se respira cierto alivio en el sector empresarial, más en un contexto de incertidumbre y desaceleración de la economía y el empleo. 

Mientras, los sindicatos critican que desde el cambio normativo de 2011 por el que se modificó el régimen de cotización de los becarios las prácticas no laborales han ido comiendo terreno a las becas con contrato, ya que son mucho más económicas para las empresas. Además, denuncian que se trata de una forma de precarizar el empleo juvenil, ya que los estudiantes cubren necesidades de mano de obra gratis. 

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