Madrid, 26 feb.- La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha recomendado que se modifique la normativa sobre planes de pensiones para permitir que los parados rescaten estos ahorros en caso de necesidad, aunque hayan contratado el plan ya en situación de desempleo.
En su informe de 2012, señala que el año pasado detectó un nuevo problema en relación con los planes de pensiones, debido a que las entidades deniegan su rescate a los prestatarios que lo solicitan para hacer frente al paro, si éstos suscribieron el plan estando ya en situación de desempleo.
Los planes de pensiones permiten retirar lo depositado en caso de desempleo de larga duración, pero no incluyen este supuesto cuando el suscriptor lo contrató cuando ya había perdido su empleo.
El Defensor del Pueblo ha solicitado que se modifique la normativa para permitir el rescate también en estos casos con el fin de "paliar una situación de emergencia que afecta seriamente a la capacidad económica de los partícipes".
Esta solicitud se produce en un contexto en que los ahorradores recurren cada vez más a su plan de pensiones por este motivo: el año pasado casi 90.000 personas rescataron -total o parcialmente- su plan de pensiones a causa del desempleo, 15 veces más que cuando comenzó la crisis en 2008, según datos de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco).
La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones argumenta que la contratación de los planes de pensiones estando en situación de desempleo podría ser utilizada por el prestatario como mero instrumento de planificación fiscal, mientras que el Defensor considera que las entidades pueden adoptar cautelas para evitar este uso.
Por otra parte, la institución ha señalado que persisten las quejas porque los bancos exigen a quienes contratan un préstamo hipotecario que suscriban una póliza de vida y desempleo con la propia aseguradora de la entidad y, llegada la hora, deniegan la cobertura pertinente por las numerosas limitaciones de los contratos.
El Defensor ha opinado que no se ha actuado con rotundidad frente al "abuso" de algunas entidades cuyos clientes no suscribieron la póliza voluntariamente o firmaron seguros que no se correspondían con sus características.
El organismo ha recordado que prosigue la investigación sobre este punto puesta en marcha en 2011, cuando se solicitó a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y al Banco de España la restricción de esta práctica.
Algunas de las recomendaciones ya han sido aceptadas por la Dirección General de Seguros que, según el Defensor, aprovechará la reforma de la Ley del Contrato del Seguro para dar más transparencia a las pólizas, hacerlas más comprensibles, aclarar las condiciones y asegurar un procedimiento equitativo.
La institución que preside Luis María Linde, por su parte, señaló que no hay límites para que las entidades ofrezcan un préstamo con determinadas condiciones, como puede ser la contratación de un seguro, pero se exige a las entidades que informen sobre las mismas.
Por último, los problemas que los ciudadanos plantean con más frecuencia en relación con los seguros son las discrepancias entre cliente y compañía sobre la indemnización, la subida de tarifa o las demoras en el pago de la cobertura.
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