El Ejecutivo de la capital alemana, formado por el Partido Socialdemócrata, Los Verdes y La Izquierda, ha acordado la imposición de un tope al precio del alquiler que se mantendrá durante el próximo lustro a partir de su entrada en vigor, prevista a principios de 2020.
De aprobarse la reforma, los dueños de las casas no podrán subir el precio a los actuales inquilinos ni elevarlo en caso de cambio de residentes y solo la obra nueva estaría exenta, lo que se traduce en 1,6 millones de viviendas afectadas. No obstante, la responsable de Urbanismo del Gobierno regional, Katrin Lompscher ha explicado que, para evitar que los propietarios traten de subir los alquileres hasta la aprobación de la medida, está previsto que esta cuente con efectos retroactivos a partir del próximo julio.
La propuesta por la que los arrendamientos quedarían congelados durante cinco años y a niveles acordes a los de referencia en sus respectivas zonas, ha movilizado a los grupos de oposición, que ya han criticado la medida y no descartan impugnar ante los tribunales.
Berlín había sido tradicionalmente una ciudad de alquileres bajos, en relación con el resto del país pero, desde que recuperó su estatus de capital alemana tras la reunificación del país en 1990, empezaron a subir los precios a niveles semejantes al resto de grandes núcleos urbanos. En los últimos años, esta evolución se ha disparado, afectanto tanto a la vivienda de alquiler como de propiedad. Se estima que, desde 2011 hasta 2016, los precios subieron un 40 % para acelerarse aún más en los dos últimos años, con un encarecimiento anual del 20 %. La tendencia ha generado movilizaciones masivas en contra de la especulación y los abusos inmobiliarios, que se han posicionado como las principales preocupaciones de los ciudadanos de Berlín.
Berlín será el primer "Land" que implantará este tope a los alquileres, mientras que a escala del Gobierno federal se aprobó en septiembre del año pasado un ofensiva destinada a frenar el repunte de precios en la vivienda. La problemática lleva tiempo ocupando el debate público, l pasado marzo se puso en marcha una campaña, vía consulta popular, para pedir la expropiación a los grandes consorcios inmobiliarios, iniciativa aún en marcha y que para prosperar deberá haber recogido 170.000 firmas en seis meses.
El plan propuesto por el Gobierno regional de Berlín, incluye ayudas a la compra de la primera residencia, la construcción de más viviendas sociales, para lo que el Gobierno de Merkel piensa destinar 5.000 millones de euros, y un plan para aumentar la oferta de suelo, que aspira a levantar 1,5 millones de viviendas. Entre las medidas descritas destaca la reserva de una partida de 2.700 millones de euros para el "Baukindergeld", una nueva ayuda de 1.200 euros anuales durante una década a las familias con al menos un hijo menor de edad para la adquisición de su primera residencia
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