Blesa defiende la legalidad de su tarjeta, que ya ha regularizado en Hacienda

Madrid, 16 oct.- El expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa ha defendido hoy la legalidad de la tarjeta a la que cargó 436.688,42 euros porque era un complemento retributivo "de libre disposición" a su sueldo, aunque ha dicho que ha regularizado su situación ante Hacienda al comprobar que sus declaraciones no eran correctas.

El exbanquero ha declarado durante una hora como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, a quien ha afirmado que las tarjetas presuntamente opacas eran una tradición "consuetudinaria" e institucionalizada en la caja desde mucho antes de que tomara las riendas en 1996, han informado fuentes jurídicas.

Asimismo, ha añadido, según las fuentes consultadas, que él jamás entregó a nadie ninguna tarjeta porque era una cuestión del departamento de Recursos Humanos y que aunque, sí que les dio su visto bueno, él no tomaba ningún tipo de decisiones y elevaba el asunto al comité de medios.

Preguntado por el fiscal por la cuenta "de fraudes" a la que se cargaban de manera manual todos los gastos generados por las tarjetas B de los 86 exconsejeros y exdirectivos de la entidad, ha subrayado que "no hay ninguna cuenta opaca" porque todo es visible a "quien lo analiza" y que la Auditoría Interna lo debía de conocer.

Blesa ha aportado datos concretos de actas anteriores a su llegada, facilitadas por la Fundación Caja Madrid, en las que se menciona la emisión de unas tarjetas para consejeros y miembros de la comisión de control, pero que no incluía a directivos, como después ocurrió.

Así, se ha remitido a una acta de la comisión ejecutiva del 23 de mayo de 1988, bajo la presidencia de Jaime Terceiro, otra del consejo un día después, el 24, en el que se delegó en el presidente el establecimiento de un sistema de aumento de retribución para consejeros al margen de dietas.

Posteriormente, en 1994, se estableció que fuese Recursos Humanos el departamento que propusiera estas tarjetas, que las aprobaba finalmente el Comité de Medios y que las entregaba su entonces director, Manuel Gutiérrez, y él se limitaba a dar su visto bueno a las cuantías.

A preguntas del fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón, Blesa ha asegurado que nunca fue consciente de que el importe que tenía asignado no se incluyera en su certificado de retenciones.

En todo caso, ha añadido, suponía solo un 2 % de su retribución, que en su último año al frente de Caja Madrid ascendió a 3,5 millones.

Pese a que no alcanza a entender por qué debería devolver los más de 430.000 euros de los que disfrutó al tratarse de una retribución complementaria a su sueldo, ha subrayado que ha regularizado su situación desde el punto de vista fiscal al darse cuenta que sus declaraciones no eran correctas tras el estallido del escándalo.

Según las fuentes consultadas, el exbanquero ha insistido en todo momento en que nunca nadie le dio explicaciones sobre la manera en que se gestionaban las tarjetas, a lo que el fiscal le ha respondido con dureza: "las explicaciones las tiene que dar usted".

También se ha interesado el fiscal por si el Banco de España conocía este sistema, a lo que Blesa ha contestado que él no se ocupaba de las relaciones con el supervisor pero que suponía que alguien se lo habría comunicado.

Previamente a Blesa, ha sido interrogado el ex director financiero Ildefonso Sánchez Barcoj, quien ha apuntado directamente a Blesa al señalarle como el máximo responsable a la hora de decidir quién recibía una de estas tarjetas y con qué importe.

Sánchez Barcoj, es el principal beneficiario de esas visas con un gasto de 575.000 euros, ha coincidido con el anterior en que Gutiérrez le entregó la tarjeta en 1999 como un complemento retributivo que podía usar con "flexibilidad".

Barcoj, que también formó parte de Bankia tras la integración de Caja Madrid con otras seis entidades en este nuevo grupo, a pesar, ha dicho, de que le suponía perder un millón de euros de salario, ha relatado que a lo largo de 2011 se fueron desactivando las visas y que llegaron a desaparecer durante diciembre de ese año.

Sin embargo, en febrero de 2012, el entonces presidente de Bankia, Rodrigo Rato, le entregó una nueva visa y él entendió que era legal, aunque en todo caso ese año iba a cobrar tan solo 600.000 euros en total y por todos los conceptos.