El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este viernes la orden por la que Hacienda levanta a la Generalitat de Cataluña la supervisión financiera y económica extraordinaria que aplicaba a las finanzas catalanas desde diciembre de 2015.
Según la orden que publica el BOE, "actualmente no hay razones objetivas que justifiquen un tratamiento diferencial para Cataluña respecto al resto de comunidades autónomas de régimen común, que están sometidas a los requisitos de información y control previstos en la ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera".
En el texto publicado se argumenta que las circunstancias acontecidas en el ejercicio de 2020 por la pandemia y que ha llevado a la suspensión de las reglas fiscales para 2020 y 2021 evidencian "la falta de necesidad de adoptar medidas o cautelas adicionales por parte de la Administración General del Estado en Cataluña para garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos".
Dice la orden que "Cataluña ha cumplido sus obligaciones relativas al suministro de información económico-financiera" prevista en las disposiciones vigentes y "ha facilitado toda la información accesoria solicitada, prestando toda la colaboración requerida, sin que se hayan producido circunstancias que permitan cuestionar en modo alguno la idoneidad de la información remitida".
Además, justifica el levantamiento del control en la "normalidad" que debe imperar en las relaciones entre ambas administraciones y que, dice, "se evidencian en los últimos ejercicios en las comisiones bilaterales y la participación de comunidad en órganos de representación territorial".
Este control adicional incluía la emisión mensual de certificados de gasto por parte de la Intervención General, así como la remisión de información adicional sobre la contabilidad de la Generalitat y su sector público, clasificada por programas presupuestarios.
La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos del Ministerio de Hacienda había comunicado el pasado 11 de diciembre al Gobierno catalán la retirada de la supervisión financiera y económica extraordinaria que aplicaba a las finanzas catalanas desde hace cinco años. El anuncio cumplía una de las condiciones puestas por ERC al PSOE para respaldar los presupuestos generales del Estado para 2021.
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