Las trece 'bofetadas' de Sánchez a los empresarios en seis meses de Gobierno

La de Pedro Sánchez con el empresariado es una relación, cuando menos, complicada. Ellos no son prioritarios en su agenda del cambio. Él tampoco genera demasiada simpatía entre un colectivo que le acusa de poner en riesgo la economía para perpetuarse en el poder a toda costa. En apenas seis meses de Gobierno, con relevo en la cúpula patronal de por medio, trece han sido las 'bofetadas' del presidente a los empresarios. Doce más una –por aquello de la superstición– medidas anunciadas que amenazan con tener un impacto notable en las cuentas de las compañías.

Subidas de impuestos como el de Sociedades, creación de otros nuevos que recaerán sobre las empresas tecnológicas, la banca o el diésel, y cambios en el sistema de cotizaciones a la Seguridad Social que tirarán al alza de los costes laborales, son algunas de las medidas que ultiman los ministerios de Economía, Hacienda y Trabajo. Este último, además, tiene entre manos toda una batería de modificaciones que, ante la imposibilidad para derogar la totalidad de la legislación de 2012, se traducirán en una suerte de contrarreforma con la que el Ejecutivo socialista quiere revertir los aspectos, a su juicio, "más lesivos" que introdujo el Partido Popular en el mercado laboral español en el momento más agresivo de la crisis.

Mira también

El freno al diálogo social aplaza el vuelco laboral que pactaron Sánchez e Iglesias

Sánchez quiere que las empresas paguen más, y así se lo hizo saber en cuanto se precipitó en la Moncloa a mediados de año. Su proyecto presupuestario contempla importantes modificaciones del impuesto por antonomasia que soportan las compañías: Sociedades. El Gobierno quiere imponer un tipo mínimo efectivo del 15% sobre el resultado contable y eliminar las bonificaciones y exenciones a las que se acogen las grandes empresas. Un planteamiento al que la patronal se opone frontalmente, con el principal argumento de que los empresarios españoles, entre cotizaciones y Sociedades, ya soportan una carga tributaria del 47%, frente al 41% de media en la UE.

En paralelo a la subida de impuestos a las empresas, el Ejecutivo está diseñando otros nuevos. Por un lado, quiere gravar a las empresas tecnológicas. La bautizada como 'tasa Google' nace con el objetivo de costear las pensiones y consiste en un impuesto indirecto del 3% sobre las operaciones de empresas que venden datos, servicios de publicidad online o de intermediación, lo que incluye a Airbnb o Uber. Las plataformas tecnológicas ya maniobran para detener esta medida.

Por otro lado, el departamento que dirige María Jesús Montero ha diseñado su tasa Tobin, el impuesto del 0,2% sobre las transacciones financieras de empresas con capitalización bursátil superior a 1.000 millones de euros. El último en cargar con dureza contra esta medida ha sido el presidente de BME, Antonio Zoido, por considerar que aumenta "desorbitadamente" los costes e "incentiva la opacidad de los mercados".

Pero hay más. Montero ha incluido en su apartado de los PGE de 2019 un impuesto al diésel que, según sus cálculos, supondrá un coste de 3,3 euros al mes para el consumidor medio. El Gobierno sostiene que de esta subida quedan excluidos los profesionales que utilizan el transporte como medio de trabajo. Pero el encarecimiento del diésel no pasará desapercibido al sector del automóvil, que adolece ya de las restricciones que vienen de Europa y están lastrando las ventas de estos coches en España.

Por si fuera poco, los fabricantes de coches sufren por una muerte anunciada. La ministra Teresa Ribera ya ha adelantado su intención de prohibir la venta y matriculación de vehículos que no tengan emisiones cero en el año 2040. El sector de la automoción rechaza de plano el anteproyecto de ley de Cambio Climático y Transición Ecológica por ser "excesivo en objetivos y acelerado en plazos".

Es otro de los anuncios que más ha enfadado a los empresarios. Pese a que el Gobierno ha rebajado su pretensión inicial de subir la base máxima de cotización a la Seguridad Social desde el 12% hasta el 7%, la CEOE no está satisfecha. Según sus cálculos, este "rejón" costará a las empresas 1.500 millones de euros al año, lo que podría derivar en un recorte en las contrataciones para evitar incurrir en un excesivo coste laboral.

Mira también

Garamendi tilda de "rejón" la subida de la base máxima de cotización de un 7%

Sánchez también va a subir los costes a los autónomos. No obstante, la presión que han ejercido estos trabajadores ha llevado Magdalena Valerio a rebajar bastante sus intenciones, al considerar una subida de la base mínima de cotización del 1,25% a partir del 1 de enero de 2019, hasta los 944,35 euros al mes, y un tipo de cotización del 30%, con lo que los autónomos tendrán que pagar solo 5,36 euros más al mes.

Pero el de los autónomos no es el único colectivo con el que Valerio ha mantenido tensas negociaciones desde su llegada a Trabajo. Su obsesión por acabar con la reforma laboral del PP desde las entrañas y, de nuevo, la presión sindical, se ha traducido en planteamientos que no ha encajado nada bien el sector empresarial, como la ultraactividad de los convenios (aplicación automática de los mismos tras su caducidad). La CEOE tiene muchas dudas al respecto y así se lo ha transmitido al Ministerio. 

No menos oposición genera entre los empresarios la posibilidad de volver a la prevalencia del convenio sectorial frente al de empresa. Es imperativo de la patronal que se mantenga la redacción actual de la legislación laboral en este sentido, en defensa de la negociación "tú a tú" y contra la "imposición de criterios". Los socialistas defienden que la primacía del convenio empresarial debilita los derechos de los trabajadores.

Otra controvertida medida es la imposición del registro horario en las empresas con carácter obligatorio para controlar la jornada laboral y, por extensión, evitar los abusos y el fraude en las horas extraordinarias. Este control generaría unos jugosos ingresos a la Seguridad Social, según cree el Gobierno. La CEOE, sin embargo, se ha mostrado muy alarmista ante la posibilidad de que este anuncio se haga realidad porque, a su juicio, supondría una merma para la competitividad de las empresas.

El Gobierno también quiere facilitar la impugnación ante la jurisdicción social de los despidos colectivos "desproporcionados". La medida no convence, en absoluto, a la confederación empresarial, que pide que, tanto en los ERE de suspensión de contrato como en los de despidos colectivo, la Inspección de Trabajo y los jueces no entren a valorar la existencia de las causas y la proporcionalidad de estos procedimientos, ni las razones económicas o de otra índole de las empresas.

Pero la mayor fricción entre Sánchez y los empresarios surgió de la negociación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). O, más bien, de la ausencia de ella. En un desesperado intento por maquillar su debilidad parlamentaria y aunar consenso de cara a la tramitación de los Presupuestos de 2019, el presidente se echó un socio de Gobierno y pactó con Pablo Iglesias la mayor subida del SMI de las últimas cuatro décadas, hasta alcanzar los 900 euros. Y lo hizo saltándose el diálogo social, algo que no sentó nada bien en la cúpula empresarial.

El Gobierno de Pedro Sánchez supo identificar desde el minuto uno la importancia que iban a tener los interlocutores sociales en su legislatura, durase lo que durase. Los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, el por aquel entonces presidente de la CEOE, Juan Rosell, y el de Cepyme, Antonio Garamendi, fueron los primeros invitados de Sánchez al Palacio de la Moncloa, allá por el mes de junio.

Sin embargo, y también desde el primer momento, se hizo evidente una mayor sintonía con los sindicatos –ansiosos ante la posibilidad de que, al fin, un Gobierno socialista ejecutase sus reivindicaciones– que terminó por pasar factura a la buena relación que, hasta entonces, había mantenido Rosell con la anterior interlocutora, Fátima Báñez. Ni el relevo de Garamendi en noviembre destensó la cuerda. Los sindicatos han llegado a anunciar estos días un preacuerdo con el Gobierno para derogar parte de la reforma laboral al que, según aseguraron, no se había sumado la CEOE. El Ministerio de Trabajo insiste en que los equipos siguen negociando y no hay nada cerrado, pero los empresarios han encajado demasiadas 'bofetadas' en medio año y no parecen dispuestos a ceder.