"La determinación se asume tras evidenciarse que el laudo contiene gravísimas violaciones a las normas de procedimiento y que además fue dictado con exceso y extralimitación de facultades, en perjuicio de Bolivia", afirmó la gubernamental Procuraduría General del Estado, en un comunicado.
La Procuraduría explicó que debe constituirse un nuevo tribunal de anulación que analice la petición boliviana, un procedimiento que puede tomar varios años.
Quiborax demandó a Bolivia en 2006, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, dos años después de que el gobierno del presidente Carlos Mesa (2003-2005) anuló sus concesiones para explotar ulexita en el salar andino de Uyuni (sudoeste), el desierto salino más grande del mundo y una de las principales reservas de litio.
Bolivia justificó su decisión porque, según sus autoridades, existían incompatibilidades entre las declaraciones de explotación, válidas para el pago de tributos y regalías, y las de las exportaciones de la firma chilena.
La compañía suspendió el proceso en 2008, al iniciar una negociación con el gobierno del presidente izquierdista Evo Morales pero, ante la falta de entendimiento, entonces reinició la acción legal ante el CIADI en 2009.
El gobierno reconoció anteriormente que las expectativas económicas de Quiborax, una filial de la firma Non Metallic, eran de 66 millones de dólares y no precisó cuánto tendrá que pagar según el CIADI.
Según medios locales informaron que la empresa chilena ganó un monto aproximado de 50 millones de dólares.
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