Las ambiciones profesionales y salariales de un buen número de empleados públicos en la Administración General del Estado (AGE) no acaban en una ventanilla atendiendo largas colas para tramitar un pago, solventando problemas tributarios o gestionando bajas de maternidad. Cada año casi un millar de trabajadores decide dar un paso al frente y buscarse un sobresueldo en el sector privado o como docentes en las universidades públicas, un 'boom' que parece imparable.
Según recoge el Portal de Transparencia de la AGE, casi 4.500 funcionarios han solicitado desde 2014 la compatibilidad con una actividad en el sector público como profesores asociados, asesores, investigadores o divulgadores; o en el área privada, para desempeñar labores relacionadas con la abogacía, la formación o en el área de la enseñanza o sanitaria, aunque también como empleados, informáticos, administrativos, taxistas o camareros.
Los trámites resultan sencillos y pueden hacerse por vía telemática o presencial y la respuesta llega antes de dos meses si es para trabajar en el sector privado y de tres para el público. Sin embargo, los riesgos de no realizar este papeleo básico y lanzarse al vacío para no perder la oportunidad de lograr un 'extra' salarial son muy altos. Incumplir el régimen de incompatibilidades es considerado falta muy grave, lo que puede acabar la separación del servicio de los funcionarios, en el peor de los casos, o con la suspensión de funciones, traslados o apercibimientos.
Profesores asociados por poco más de 300 euros
Más de 900 empleados públicos han recibido el permiso de la Administración para ejercer como docentes asociados a tiempo parcial, una actividad complementaria que supone entre 300 y 600 euros, según las horas lectivas que dediquen a la labor y dependiendo de la universidad en la que ejerzan. La Complutense pagaba en 2018 a estos trabajadores 4.558 euros anuales por tres horas y 9.116, por seis.
La figura del profesor asociado, creada en 1983 para atraer profesionales de reconocida competencia a la universidad, tuvo gran protagonismo durante la crisis y en este momento suponen uno de cada cuatro docentes en España, unos 22.000, de los que un alto porcentaje son funcionarios, que complementan su retribución con esta fórmula. La duración de los contratos es trimestral, semestral o anual y suelen ser renovados por igual período siempre que se siga acreditando el ejercicio de la actividad profesional fuera del ámbito académico.
Casi uno de cada seis de los empleados públicos que imparten clases a tiempo parcial en la universidad proceden del Ministerio de Defensa, el departamento de la AGE con más trabajadores descontentos con sus sueldos, que mayoritariamente no incluye pluses de productividad, y con unos destinos alejados de los centros de la grandes ciudades. Los funcionarios de Defensa protagonizan los concursos de traslados, en los que huyen masivamente a otros departamentos.
El porcentaje de titulados superiores en el sector público (68%) frente al privado (38%), la menor proporción de empleo parcial -tres veces menos- y más años en su puesto -siete de cada diez tienen al menos una década de antigüedad- hacen que los trabajadores de las administraciones tengan salarios muy superiores a los del área privada. El 22% asalariados en las empresas y el seis de cada cien funcionarios recibieron sueldos superiores a 2.163 euros. En el sector privado hay 35% de mileuristas, y en el público, solo un 8,2%.
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