Los problemas para el Gobierno no han hecho más que comenzar. La declaración de zona catastrófica para ocho comunidades por el paso de la borrasca Filomena abre varios dilemas dentro del Ejecutivo, que puede afrontar una factura económica importante para compensar a los afectados. El interrogante principal es a cuánto ascienden las bonificaciones que se aprobarán tras las valoraciones realizadas por los Ministerios de Hacienda, Trabajo y Seguridad Social. Pero después, el Consejo de Ministros tendrá que prepararse para asumir esas cantidades, ya que la ley de Protección Civil le obliga a compensar a los ayuntamientos que pierdan esos ingresos por haber sido beneficiados por el plan de exenciones. El problema es que el montante total no puede suponer que se supere lo establecido en los Presupuestos Generales del Estado. Algo que no es fácil de enjugar, dado que los consistorios ingresan cantidades millonarias por tributos como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
El trabajo de los departamentos de María Jesús Montero, Yolanda Díaz y José Luis Escrivá será el que determine las cuantías consideradas necesarias para resarcir a los municipios más golpeados por la nevada. Pero los tres ministros afrontarán sus cálculos bajo los condicionantes de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. Si apuestan por favorecer a los afectados con grandes exenciones de IBI, Impuesto de Actividades Económicas o tributos de Tráfico, los consistorios se quedarían sin una fuente de ingresos importante. Y como establece el punto 6º del artículo 24.2.a) de la norma de referencia, "la disminución de los ingresos en los tributos locales que, en su caso, se produzca en los ayuntamientos (...) como consecuencia de la aplicación de este artículo, será compensada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado".
Fuentes de Hacienda admiten a La Información que la legislación les obligaría a resarcir a las corporaciones locales por esos tributos que perderían a cuenta de las zonas afectadas por una emergencia de protección civil. Un gasto extra en un momento complejo, con el coronavirus provocando que las previsiones y cálculos de 2021 tengan que revisarse en función de la evolución de la pandemia. Y que tendrá que buscar el equilibrio entre lo que las administraciones locales aseguran que necesitan y lo que el Ejecutivo central está dispuesto a concederles... o lo que pueda permitirse dadas las circunstancias. Sobre todo, porque hay grandes ayuntamientos a la expectativa de las ayudas, como son Madrid o los de otras capitales autonómicas o de provincia.
El IBI sería el impuesto que implicaría mayor esfuerzo para el departamento de la ministra Montero. A pesar de que los ayuntamientos aplican bonificaciones abundantes para que los ciudadanos no asuman toda la carga, las cifras que ingresan cada año les reportan decenas de millones de euros. El caso más significativo es el de la ciudad de Madrid, que en 2020 llegó a los 1.451 millones solo en este concepto, según explican fuentes del área de Hacienda municipal. Otras, como Toledo, tuvieron recaudaciones más modestas que se movieron en el entorno de los 20 millones de euros. Por lo que en el Ejecutivo tendrán que afinar esas ayudas para no tener que afrontar una factura excesivamente elevada que pueda ponerles en aprietos. Algo que puede ocurrir si el plan de bonificaciones supone un gasto superior a las "dotaciones que anualmente se incluyeran al efecto en los Presupuestos Generales del Estado", como recoge la Ley de Protección Civil.
Lo ocurrido con Filomena no tiene precedentes. Ni por magnitud, ni por forma de catástrofe, ni por contexto económico. Los anteriores Acuerdos y Reales decretos-leyes aprobados por el Consejo de Ministros fueron una respuesta a inundaciones, lluvias torrenciales, desbordamientos o incendios forestales. Dichas catástrofes afectaron a varios puntos. La diferencia es que todos ellos estaban localizados en zonas próximas. Y nunca se tuvo que llegar al planteamiento de ayudas para hasta ocho comunidades, como ocurre ahora con la declaración de zona catastrófica para Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía, Aragón, Madrid, La Rioja, y Navarra. El siniestro natural que más coste ha tenido para el Estado fue el terremoto de Lorca de 2011, por el que se desembolsó 451 millones. Una tragedia que dejó 13 muertos y 300 heridos. Pero que tan solo afectó a una ciudad que era mucho más pequeña que Madrid.
La valoración final que hagan Hacienda, Trabajo y Seguridad Social se producirá tras la evaluación de los daños que realice el Ministerio del Interior, al que se ha encargado la elaboración de la memoria de las consecuencias de Filomena. Hasta entonces, en el Ejecutivo tendrán tiempo para calcular hasta donde pueden llegar las ayudas y las exenciones para aliviar a los que más hayan sufrido los estragos de la nevada. Si fuera necesario, el Consejo de Ministros podría tirar del Fondo de Contingencias e Imprevistos, que en 2021 está dotado con 3.889 millones. Algo que en Moncloa quieren evitar. A la vez, en el Ayuntamiento de Madrid señalan que no contemplan otro escenario que el de la compensación total a esas bonificaciones, como admiten fuentes municipales.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios