La expectativa era máxima, pero, apenas horas después del inesperado giro de guión por el que el Tribunal Supremo ha establecido que son los clientes, y no los bancos, quienes deben abonar el impuesto sobre los Actos Jurídicos Documentados (AJD) en la constitución de una hipoteca, la presidenta del Santander, Ana Botín, ha evitado referirse a la polémica decisión de los magistrados en presencia de la ministra de Economía, Nadia Calviño, que se ha limitado a manifestar el compromiso del Gobierno con la seguridad jurídica de empresas y ciudadanos.
En inglés, ante la plana mayor del Santander y destacadas personalidades del mundo bancario, político y empresarial, Botín ha esquivado en su discurso de apertura de la Conferencia Bancaria Internacional cualquier referencia a la noticia que pilló a última hora de la tarde de ayer por sorpresa al Gobierno, a los ciudadanos, y a la propia banca. Pocos esperaban que finalmente este fuera el sentido del voto de la mayoría del pleno del Supremo.
Botín se ha referido al objeto de la conferencia, centrada en temas relacionados con la banca responsable, en un momento en que "afrontamos desafíos presentados por un nuevo marco de negocio con crecientes expectativas por parte de los clientes" y ante "la necesidad global de crecimiento inclusivo y sostenible". Ha hablado de los derechos de los consumidores y ha reconocido que los ciudadanos (y los clientes) "tienen hoy más poder que nunca". Pero ni una palabra sobre el fallo del Supremo que libra a la banca al cargar el impuesto hipotecario sobre el cliente.
Ni después, cuando, en una mesa de debate posterior, ha sido cuestionada sobre asuntos de actualidad, entre los que no ha aparecido esta polémica. Aquí, sin embargo, sí se ha posicionado sobre algunas de las medidas incluidas en el paquete fiscal del Gobierno. La presidenta del banco cántabro ha cargado contra las grandes tecnológicas por "no pagar una parte justa de impuestos" y ha instado a actuar y establecer normas fiscales para que cada sector, sea tradicional o digital, pague en función de dónde genera sus beneficios. "La regulación debe ser neutral cuando se hace el mismo negocio", ha reclamado, para añadir que "no estoy a favor de la tasa digital, estoy a favor de que una compañía que proporcione servicios de pagos en España pague los mismos impuestos que las entidades financieras", ha dicho en un auditorio al que no se ha permitido el acceso a los medios de comunicación.
Tampoco Calviño ha hecho una referencia explícita a la decisión del alto tribunal. Sin embargo, y tras ofrecer a la audiencia un extenso y específico recorrido por la agenda de política económica del Gobierno, la ministra ha querido lanzar un camuflado mensaje de tranquilidad para intentar apaciguar el terremoto social que se ha desatado desde la tarde de ayer. Aunque evitando posicionarse del lado de la banca o del de los clientes, la responsable de Economía se ha referido a la tramitación parlamentaria de la ley hipotecaria y ha manifestado el compromiso del Gobierno con la "seguridad jurídica de ciudadanos y empresas", que, ha dicho, es "clave para el buen funcionamiento del conjunto de la economía".
En este sentido, aunque sin confirmar si el Ejecutivo planea ya tomar medidas al respecto, Calviño ha deslizado que "este es un Gobierno que escucha, reflexiona y toma medidas para responder a los problemas de nuestra sociedad", para después afirmar que su prioridad es "poner en el centro de nuestras preocupaciones a los ciudadanos en momentos de grandes cambios". "Que las medidas que tomemos sean sostenibles en el tiempo" es el objetivo, según ha asegurado en la madrileña sede de la entidad en Boadilla del Monte.
Fuentes gubernamentales adelantaban ayer a La Información que el Ejecutivo ya se ha puesto manos a la obra para buscar soluciones legales que garanticen la seguridad jurídica de los ciudadanos, además de la de la banca. Actualmente se encuentra en fase de ponencia en el Congreso de los Diputados la nueva Ley Hipotecaria y el Gobierno podría introducir aquí algún cambio para paliar las consecuencias de la polémica decisión de los magistrados. También estudian actuar a través del Reglamento que regula el pago del impuesto sobre los AJD para rellenar el 'vacío legal' que han provocado los bandazos judiciales.
A la espera de que el presidente Pedro Sánchez se pronuncie al respecto en su comparecencia prevista a las 12.30 de hoy en Moncloa, esta misma mañana la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, ha avanzado que el Gobierno hará modificaciones legales tras el "estupor" que, admite, ha provocado la sentencia . En los micros de RNE, la vicesecretaria general socialista ha señalado que el Gobierno apuesta por la "justicia social" y ha avanzado que mañana, en el Consejo de Ministros, "habrá buenas noticias". "Estoy convencida", ha subrayado, sobre la posibilidad de que se introduzcan cambios en la ley para que sea la banca la que asuma el pago de este impuesto, aunque no ha concretado ninguna medida.
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