Río de Janeiro, 24 oct.- Brasil no comparecerá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA para defender la construcción de la hidroeléctrica de Belo Monte y refutar las acusaciones de que la central causará daños irreparables en la región, según anunciaron hoy representantes indígenas.
"Tenemos la honra de informar de que el Estado brasileño no se presentará a la reunión de trabajo prevista para el día 26 de octubre", reza la misiva enviada el pasado viernes por Brasil a la Organización de Estados Americanos (OEA) y que hoy fue divulgada por los opositores a la obra de la hidroeléctrica.
La CIDH determinó el pasado mes de abril la suspensión inmediata de la construcción de la central de Belo Monte, que comenzó en marzo en el estado amazónico de Pará, y emplazó al Gobierno brasileño a extremar las preocupaciones para proteger a las comunidades indígenas de la región.
Con el objetivo de que Brasil explicase el incumplimiento de las resoluciones adoptadas por la OEA, la Comisión convocó una audiencia fijada para pasado mañana entre las autoridades brasileñas y representantes de los pueblos indígenas que habitan en los márgenes del río Xingú, afluente del Amazonas.
Brasil, que no asistirá al encuentro por no estar de acuerdo con el dictamen de la OEA, sostiene en la carta enviada a la CIDH que los poderes Ejecutivo y Legislativo del país son los responsables de fiscalizar las obras de Belo Monte y añade que la justicia supervisa de forma imparcial e independiente el cumplimiento de los derechos humanos de los indígenas.
"Esta decisión es una ruptura grave del diálogo y un cambio radical de postura en el respeto a los derechos humanos", manifestó la abogada Andressa Caldas, directora de Justicia Global, en una rueda de prensa celebrada hoy en Río de Janeiro.
Caldas señaló que recibió con "indignación y perplejidad" la decisión de Brasil y agregó que las organizaciones indígenas acudirán a la reunión pese a la anunciada ausencia de las autoridades.
"Confiamos en que la OEA reitere las medidas cautelares adoptadas en abril y esperamos que Brasil cumpla las resoluciones por respeto moral y jurídico a un organismo internacional", apuntó la abogada.
El Ministerio de Medio Ambiente ha negado en varias ocasiones que la construcción de Belo Monte, que será la tercera mayor hidroeléctrica del mundo, cause daños irreparables al ecosistema y a las condiciones de vida de indígenas y campesinos.
El Gobierno, además, defiende el proyecto de la central al entender que será clave para la seguridad energética del país y el desarrollo de la región amazónica.
El complejo, que tendrá un coste de 10.600 millones de dólares, se levanta en el municipio de Altamira (Pará) y generará más de 11.200 megavatios e inundará 516 kilómetros cuadrados de selva, lo que obligará a abandonar sus tierras a unas 50.000 personas.
"Belo Monte es un proyecto inviable que provocará la extinción de la fauna marina del río Xingú, que es única en el mundo. Nunca se ha elaborado un estudio de impacto medioambiental serio y riguroso", dijo Antonia Melo, una de las líderes de la causa de los pueblos amazónicos y del movimiento "Xingú vivo para siempre".
La abogada Roberta Amanajas, de la Sociedad de Derechos Humanos de Pará, manifestó que el proyecto de la hidroeléctrica está plagado de irregularidades y añadió que la CIDH es una esperanza para frenar las "violaciones" de los derechos humanos por parte del Gobierno brasileño.
La construcción de Belo Monte ha causado un fuerte enfrentamiento entre la OEA y Brasil después de que la CIDH emitiese el dictamen para suspender las obras de la polémica represa.
Brasil, en respuesta a esa decisión, retiró en abril la candidatura de Paulo Vannuchi para integrar la CIDH.
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