La evaluación del Plan de Recuperación del Reino de España que la Comisión Europea ha aprobado formalmente este miércoles y que en los próximos días se elevará a los 27 países miembros de la UE con una recomendación para su aprobación advierte de que hay determinados aspectos relevantes de la reforma del sistema de pensiones español, como la reimplantación del esquema de revalorización de las pensiones con el IPC, los incentivos a retrasar la jubilación o las penalizaciones al retiro anticipado, que todavía están en negociación y lanza un aviso al Gobierno de Pedro Sánchez para que su diseño final se haga "compatible con la sostenibilidad fiscal de las finanzas públicas a medio y largo plazo".
La advertencia no sólo alcanza a la reforma de las pensiones sino que se extiende también a contenidos de la reforma laboral aún abiertos a la negociación y sobre los que pesa la sospecha de que puedan sobrecargar a futuro el componente estructural del gasto público. En este sentido, los funcionarios de la Comisión apuntan de forma directa a los ERTE permanentes, el mecanismo en negociación en el ámbito del diálogo social que aspira a convertirse en la alternativa a los despidos tanto en los procesos de ajuste transitorio de las empresas por caídas repentinas de la demanda como en los procesos de reestructuración sectorial que puedan exigir la recolocación de volúmenes importantes de trabajadores.
Bruselas anda con la mosca detrás de la oreja con España después de constatar como la respuesta fiscal del Gobierno a la crisis pandémica no sólo ha disparado el déficit hasta niveles cercanos a los alcanzados en la gran crisis financiera - en 2020, las cuentas de las AAPP se cerraron con un desequilibrio del 10,97% - sino que también ha incrementado el componente estructural del déficit por medidas que Europa ha visto con buenos ojos, como el Ingreso Mínimo Vital, pero también por otras que se han visto como innecesarias, como la subida del 0,9% de las pensiones y de los salarios de los empleados públicos.
Tras cerca de nueve meses de arduas negociaciones, el Plan de España ha superado con holgura el examen de la Comisión Europea, que ya le ha proporcionado de manera oficial el aval que liberará los primeros 9.000 millones de euros de fondos europeos, que deberían llegar a las arcas públicas en las próximas semanas. La coherencia general del documento con los principios marcados desde Bruselas y el compromiso del mismo con la resolución de las principales vulnerabilidades señaladas en los informes-país difundidos año tras año por los servicios de la Comisión no han impedido que la Comisión haya expresado su preocupación por una asunto recurrente: la vulnerabilidad de la situación fiscal de España.
Bruselas lamenta de forma expresa en su evaluación del Plan de Recuperación español que las medidas incluidas en el mismo solo contribuyan parcialmente a atacar "las vulnerabilidades existentes en el país desde un punto de vista fiscal", si bien observa que hay medidas como todo lo relacionado con la prevención y lucha contra el fraude fiscal o la mejora de la eficiencia del gasto que contribuirán a ese objetivo.
'Toque' para acordar las reformas con las empresas
La propuesta de aprobación del Plan de Recuperación de España que la Comisión elevará en breve al Consejo Europeo para su ratificación definitiva - previsiblemente el próximo mes de julio - manifiesta sus reservas respecto a las reformas cuyo detalle el Gobierno ha decidido no aportar por estar en fase de negociación en el ámbito del diálogo social, singularmente la reforma laboral y la de pensiones que la Comisión Europea como críticas para resolver dos de las vulnerabilidades más recalcitrantes del país: el mal funcionamiento del mercado laboral, caracterizado por unas tasas de paro inasumibles y una distancia sideral entre las condiciones del núcleo de trabajadores fijos y la importante bolsa de trabajadores temporales; y el desequilibrio financiero del sistema de pensiones.
No es la única advertencia que la Comisión realiza a España. También insta al Gobierno a conseguir que reformas clave como la que alumbrará los ERTE permanentes, cuya aprobación el Gobierno de España sitúa en el cuarto trimestre de 2021, justo cuando caduca el actual esquema, o la reforma de la negociación colectiva se haga con el acuerdo de los agentes sociales, lo que podría llegar a suponer un problema especialmente en el caso de la reforma de los convenios, ya que las posiciones entre CEOE y sindicatos en este punto siguen sin estar lo suficientemente próximas.
Un tercer asterisco al plan español tiene que ver con su coste. Mientras en otros aspectos la evaluación de Bruselas proporciona a España un rating 'A', lo que se identifica con un cumplimiento 'en gran medida' de las líneas marcadas por la Comisión, en el caso del coste agregado del plan, que de alguna manera mide el grado de eficiencia de las inversiones previstas para alcanzar los objetivos planteados, puntúa a España con un 'B', lo que traslada que ese objetivo de eficiencia se cumple 'de forma moderada'....
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