La economía española crece por encima del 3%. Crea empleo y supera la barrera de los 19 millones de empleados por primera vez en ocho años. Además, marca récord de turistas y exporta como nunca. La macroeconomía va viento en popa. Pero el país está todavía bajo vigilancia. Enviados de la Comisión Europea analizan estos días, sobre el terreno, la situación real de la economía española coincidiendo con la crisis abierta por el desafío independentista en Cataluña.
Fuentes ministeriales restan importancia al envío de analistas por parte de la Comisión Europea. "Vienen periódicamente, no es nada excepcional", precisan en el Ministerio de Economía. Las mismas fuentes vinculan la visita con el seguimiento del "semestre europeo" para la coordinación de las políticas económicas en la UE.
Los analistas comunitarios tendrían como misión, según la versión del Gobierno, vigilar el cumplimiento de las recomendaciones específicas aprobadas para cada país, con orientaciones de política económica para los próximos próximos 12 a 18 meses.
Enviados de Juncker
Pero la "visita" de los enviados de Jean-Claude Juncker coincide con la agitación política provocada por el desafío independentista en Cataluña. Esa agitación ha provocado la salida de Cataluña de 1.400 empresas desde el 2 de octubre y advertencias sobre el impacto a largo plazo en la economía española de la inestabilidad política.
La presencia de los examinadores comunitarios refuerza el sistema de señales de alerta que Bruselas mantiene enfocado hacia España. La ausencia de presupuestos para 2018 por la falta de apoyos al Ejecutivo no ha hecho sino alimentar esos recelos de la Comisión, que exige un borrador de presupuestos en el menor tiempo posible.
La agitación en torno a Cataluña y los buenos datos económicos que siguen fluyendo pese a la crisis política han dejado en segundo plano hechos que revelan la fragilidad de una recuperación que aún no llega a amplias capas de la sociedad.
España aún no ha superado por completo los efectos de la crisis. Aunque a menudo se olvida, todavía está sujeta a la vigilancia de la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional). Periódicamente (dos veces al año), la troika examina el estado del país para vigilar que se cumplen las 37 condiciones que impuso para conceder el préstamo de 41.300 millones que evitó el derrumbe del sistema financiero en el año 2012.
Vigilancia continua
Los "hombres de negro" de la troika seguirán examinando la marcha del país hasta que España no devuelva el 75% de los 41.300 millones que recibió hace cinco años. Hasta el momento, aprovechando las ventanas en las que el fondo europeo de rescate (MEDE) permite pagos adelantados, España ha devuelto 9.600 millones, en torno al 23% del total de la deuda. El último pago adelantado, de 2.000 millones, se realizó esta semana.
Mientras España esté en deuda, la troika podrá acceder, “bajo estrictas condiciones de confidencialidad”, a todos los datos del sistema financiero español. Incluso entidad por entidad. También podrá hacer inspecciones in situ para examinar el cumplimiento del programa.
Además, según los términos del acuerdo de hace cinco años, España se compromete a consultar previamente a la troika cualquier medida sobre el sector financiero que no estuviera incluida en el memorándum que se acordó en 2012.
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