La Comisión Europea avisa: la prohibición de los despidos no evita la destrucción de empleo, perjudica a los trabajadores temporales frente a los fijos y resulta contraproducente cuando se alarga en el tiempo, porque obstaculiza los ajustes necesarios de plantillas en las empresas. Con esta advertencia, Bruselas asesta un duro golpe en la línea de flotación de la política laboral desarrollada por la vicepresidenta tercera del Gobierno español y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha hecho del veto al despido una de sus banderas durante la pandemia de la Covid-19, en paralelo a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).
El aviso está negro sobre blanco en uno de los documentos de análisis en profundidad que la Comisión ha elaborado para una docena de países que, bajo sus estándares, presentan graves desequilibrios macroeconómicos, en el marco del semestre europeo. Se trata del dosier sobre Italia, donde el Gobierno mantiene prohibidos los despidos por causa económica derivada de la Covid desde el inicio de la pandemia. También es el caso de España, si bien en el informe específico para nuestro país las autoridades europeas centran su análisis en la elevada deuda pública y privada y apenas hacen referencia al mercado laboral para advertir de que no se descartan nuevos aumentos del desempleo a medida que se retiren los ERTE. Tampoco es un aviso menor.
El análisis sobre el país transalpino es, en cualquier caso, extrapolable a España, ya que el bloqueo de los despidos ha sido adoptado de manera muy similar por ambos Estados. Para las autoridades europeas, "políticas como la prohibición general del despido tienden a influir en la composición, pero no la escala del ajuste del mercado laboral". En este sentido, el informe asegura que "en la práctica, esta medida beneficia principalmente a los trabajadores con contratos indefinidos, en detrimento de los empleados temporales y los trabajadores estacionales". También avisa de que esta política "podría resultar incluso contraproducente, cuanto más tiempo esté en vigor, ya que obstaculiza los ajustes de la fuerza laboral a nivel de empresa".
La Comisión realiza además una comparación con la evolución del mercado laboral en otros Estados que no introdujeron tal medida y concluye que la prohibición del despido "no fue particularmente eficaz y resultó redundante en vista del uso extendido de esquemas de retención de empleo (ERTE)". De hecho, revela que países como Alemania y Francia lograron contener el mercado laboral "sin recurrir a medidas restrictivas como la prohibición total de los despidos". Es decir, debido a la excesiva dualidad del mercado de trabajo italiano, la caída del empleo fue mayor que en el área franco-germana. Pero es que en España, otro país fuertemente dual, el desplome de la fuerza laboral fue aún más intenso que en Italia, de acuerdo con lo que se denomina la "elasticidad del empleo", que mide la capacidad de respuesta de un determinado mercado laboral a los cambios en la actividad económica.
Dicho lo cual, la CE apunta para Italia -de nuevo, en un contexto muy similar al español- que, en medio de la retirada prevista de las medidas de apoyo al empleo y el cambio estructural acelerado del mercado laboral, las políticas deben "facilitar y suavizar las transiciones", preparando a los trabajadores para nuevas tareas y animándoles a trasladarse a sectores más productivos y con mejores perspectivas a largo plazo. En este sentido, recomienda a Mario Draghi "volver a calibrar las políticas laborales existentes para proteger a los trabajadores y su empleabilidad, en lugar de proteger puestos de trabajo específicos", por ejemplo, favoreciendo el mantenimiento de ciertos beneficios (como las exoneraciones de cotizaciones sociales) para los trabajadores en ERTE que sean contratados por otras empresas.
Esta última vía también la ha sugerido recientemente la OCDE para el caso concreto de España, advirtiendo además de que el veto al despido que promueve Yolanda Díaz es un lastre para la recuperación. El asunto no es baladí, ya que en el Plan de Recuperación remitido a Bruselas el Gobierno español se ha comprometido a desplegar un esquema permanente de protección del empleo para tiempos de crisis, similar a los ERTE, donde no se descarta que la ministra de Trabajo intente introducir nuevas cláusulas de salvaguarda que impidan despedir a las empresas que reciban estas ayudas, en línea con la filosofía aplicada hasta ahora por su departamento. El Ejecutivo pretende financiar esa nueva herramienta con fondos europeos del Next Generation EU, por lo que el posicionamiento de Bruselas sobre la prohibición de despedir pone en un brete esa eventual pretensión de Díaz.
Hay que recordar que el Gobierno pretende implantar, previa negociación con los agentes sociales, dos nuevos mecanismos de ajuste. Un sistema de "estabilización económica" ante caídas transitorias o cíclicas en la actividad de la empresa, con un foco especial en la formación de los trabajadores, consistente en la reducción de jornada o suspensión del contrato por crisis de empresa, que busca "minimizar el recurso al despido, salvaguardando el vínculo contractual del trabajador con la empresa y facilitando la reactivación del trabajador cuando termine el shock, y reducir la elevada temporalidad del mercado laboral"; y un sistema de "apoyo a la recualificación de trabajadores en empresas y sectores en transición", para hacer frente a los posibles ajustes permanentes de plantillas ante innovaciones derivadas de los cambios tecnológicos o de la demanda.
Aviso a España
Estos nuevos mecanismos se financiarían con un fondo tripartito entre la Administración, las empresas y los trabajadores, en el que, como decimos, la parte estatal se cubrirá con apoyo de los préstamos europeos y las otras dos partes se nutrirán de los excedentes de cotizaciones por desempleo, de parte del sueldo y del gasto en formación. Todo ello, según consta en el plan de reformas y a expensas de la negociación con la patronal y los sindicatos, que hasta ahora han focalizado sus esfuerzos en definir las condiciones de cada una de las prórrogas de los ERTE que han sido necesarias (cuatro, hasta la última, que se extenderá hasta el 30 de septiembre).
No está claro si el Gobierno optará por una nueva prórroga para la recta final del año o si para entonces pretende ya poner en marcha el nuevo esquema de ERTE permanentes cofinanciados, pero mientras tanto, Bruselas lanza una advertencia específica al Gobierno de Pedro Sánchez en el documento de análisis en profundidad desarrollado para España: "El severo impacto de la crisis en los sectores intensivos en mano de obra puede aún resultar en pérdidas de empleo adicionales, mientras que no se pueden descartar nuevos aumentos del desempleo una vez los ERTE se eliminen gradualmente, a menos que se ofrezca el apoyo adecuado a los trabajadores afectados a través de políticas activas de mercado de trabajo eficaces".
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