Bruselas cierra el expediente a España, pero le pide 7.800 millones en ajustes

Relevo bajo el foco de vigilancia de Bruselas. La Comisión Europea (CE) ha propuesto formalmente cerrar el procedimiento por déficit excesivo en que España está inmersa desde 2009 tras comprobar que el país consiguió en 2018 llevar su desvío por debajo del umbral máximo del 3% del Producto Interior Bruto (PIB) que marcan las normas comunitarias. Al mismo tiempo, las máximas autoridades europeas han recomendado abrir un expediente a Italia por su elevada deuda pública.

"La Comisión recomienda que el procedimiento por déficit excesivo a España sea cerrado. Una vez que el Consejo (los países) adopte esta decisión, todos los procedimientos por exceso de déficit que datan de la crisis quedarán cerrados", informó el Ejecutivo comunitario. Para que el cierre sea efectivo, los Estados miembros deben dar su visto bueno, lo que podría ocurrir en la reunión de ministros de Economía y Finanzas del próximo 14 de junio.

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España logró cerrar 2018 con un déficit público del 2,5% de su PIB, tres décimas por encima del objetivo del 2,2% marcado por Bruselas para ese ejercicio, pero suficiente para abandonar este procedimiento, que durante la crisis se abrió a la mayoría de Estados de la Unión Europea pero ya solo está activo para España.

Tanto el vicepresidente del Ejecutivo comunitario para el Euro y el Diálogo Social, Valdis Dombrovskis, como el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici, han felicitado a España por salir del procedimiento, pero ambos han recordado la necesidad de que el país siga persiguiendo unas finanzas públicas "sólidas" en los próximos años.

Ajustes de 7.800 millones

Las cuentas españolas pasan ahora a estar controladas en el llamado brazo 'preventivo', en el que, en lugar del déficit nominal, se tienen en cuenta los esfuerzos estructurales. Es decir, aquellos que se realizan sin tener en cuenta la aportación del ciclo económico.

En este contexto, Bruselas advierte al Gobierno español de que "existe un riesgo de desviación significativa con respecto al ajuste presupuestario requerido en 2020" si no se producen "cambios en las políticas fiscales". Por ello, reclama a las autoridades españolas 7.800 millones de euros en ajustes, bien mediante recortes del gasto o bien aumentando los ingresos.

"Un ajuste estructural anual del 0,65% del PIB, que corresponde a un índice de crecimiento máximo del gasto público primario neto del 0,9%, parece adecuado", destaca el informe de recomendaciones. El Ejecutivo comunitario también pedía el mismo esfuerzo estructural para este año.

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Bruselas remarca además que España incumplirá los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en materia de deuda tanto este año como en 2020, por lo que insta a adoptar "las medidas necesarias". "La utilización de los ingresos extraordinarios que puedan obtenerse para continuar reduciendo la ratio de deuda de las Administraciones Públicas sería importante", subraya el informe.

Dentro del mismo punto, las autoridades comunitarias piden a España medidas para "fortalecer los marcos presupuestarios y de contratación pública", preservar la sostenibilidad del sistema de pensiones y destinar ingresos extraordinarios a acelerar la reducción de la deuda pública.

Procedimiento a Italia

De cualquier manera, España sale así de la vigilancia más estricta de las autoridades europeas, que ponen ahora el foco en Roma. También hoy se ha hecho oficial que la CE ha decidido abrir el procedimiento de déficit excesivo a Italia por no haber reducido lo suficiente su deuda pública, que en 2018 llegó al 132,2% del PIB. Esa medida, en última instancia, podría dar lugar a sanciones de alrededor de 3.500 millones de euros, equivalente al 0,2% del PIB italiano.

Hay que recordar que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento fija que los Estados miembros de la Unión Europea (UE) no deben tener un déficit público que supere el 3% del PIB ni una deuda pública que sobrepase el 60% del producto interior bruto.

En el caso de la deuda, se incumplen las normas comunitarias si además de rebasar el umbral del 60% no se reduce "a un ritmo satisfactorio". En esos casos, los países se arriesgan a quedar inmersos en un procedimiento por déficit excesivo.

Es lo que sucede con Italia, cuya deuda pública fue del 132,2% del PIB en 2018 y que, según las últimas previsiones macroeconómicas de la Comisión Europea, crecerá hasta el 133,7% del PIB este año y al 135,2% en 2020. Por tanto, Bruselas consideró hoy "justificado" abrir a Roma un procedimiento por déficit excesivo.