Ni la inflación, ni la crisis de suministros son una justificación válida en Bruselas para no acometer una de las reformas incluidas en el Plan de Recuperación. Y, entre ellas, está la reforma fiscal. El Gobierno se comprometió con la Comisión Europea a reformar el sistema tributario en 2023. Para ello, el Ministerio de Hacienda encargó un libro blanco a casi una veintena de expertos. Sin embargo, el mismo día de su entrega, la titular de Hacienda, María Jesús Montero, señaló que ante la incertidumbre internacional no era el momento de acometer una reforma. La invasión de Ucrania ha tensionado todavía más los mercados energéticos provocando una escalada de precios que ha llevado al índice de precios al consumo (IPC) a marcar tasas no vistas desde hace tres décadas. No obstante, este no es un motivo suficiente para retrasar la reforma de cara a la Comisión Europea, según ha podido saber este periódico.
De hecho, en las recomendaciones que Bruselas ha hecho a España con motivo del semestre europeo, la Comisión asume que "hay una reforma fiscal en marcha y está lista para entrar en vigor en el primer trimestre de 2023". Pero el calendario de Hacienda ha dejado de ser el que marca el Plan de Recuperación. Montero ha defendido durante meses que los cambios en los impuestos se llevarían a cabo cuando la economía española se hubiera recuperado por completo de la crisis del coronavirus y esta recuperación se espera para finales de 2023, cuando la reforma fiscal ya tendría que estar en marcha.
El Ministerio de Hacienda descarta una reforma integral de los impuestos que entre en vigor a principios del próximo año, pero sí se compromete a tomar "en consideración las recomendaciones recogidas en el informe del Comité de expertos para la reforma fiscal y recogerá la revisión de la tributación sobre la matriculación y circulación de vehículos y una nueva normativa sobre los impuestos sobre gases fluorados y los hidrocarburos". Así consta en el Programa de Estabilidad que el Gobierno envió a Bruselas. No obstante, las propuestas de los expertos, que abogan por una subida generalizada de la tributación de los hidrocarburos, chocan con la política actual del Ejecutivo, que se ha visto obligado a prorrogar las medidas fiscales para rebajar la factura eléctrica y a incorporar un descuento para los carburantes, ante los precios históricos registrados.
Ante el incremento del precio de los combustibles, la idea de equiparar los precios del diésel y la gasolina pierde fuerza en el Ejecutivo. Además, el Gobierno incluyó en el Plan otras tasas, como un impuesto para los billetes de avión. Moncloa también se ha comprometido en el Plan de Recuperación a adoptar a "corto plazo" medidas en los impuestos personales para "incrementar la recaudación" y "hacerlos más progresivos, redistributivos y justos". Sin mucho más detalle se han incluido "medidas tributarias de adopción a corto plazo en los impuestos indirectos" y en el impuesto sobre Sociedades. Bruselas revisará que estas promesas se cumplan a medida que España solicite los pagos del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR).
La Comisión será exigente con los incumplimientos de hitos y reformas. Sin embargo, sí contemplará que algunas de las inversiones en el Plan de Recuperación se puedan retrasar debido a los problemas de las cadenas logísticas y a las dificultades para conseguir ciertas materias primas o componentes necesarios. Bruselas aceptará que la construcción de viviendas o la instalación de placas fotovoltaicas se demore más de lo previsto a causa de la crisis de suministros, por poner algunos ejemplos, pero los estados deberán justificar muy bien los incumplimientos en los plazos inicialmente comprometidos.
IVA y fiscalidad medioambiental
En materia tributaria, recientemente el Banco de España ha puesto el foco en el impuesto sobre el valor añadido (IVA). El supervisor bancario ha identificado que existe margen para aumentar la recaudación por esa vía y aboga por la eliminación progresiva de los tipos reducido y superreducido. Además, en línea con lo que defiende el Gobierno, "una vez que se hayan superado la pandemia y los efectos económicos adversos del conflicto de Ucrania", el Banco de España aboga por una "revisión integral del sistema tributario español". Esta revisión debería incluirse una subida de los impuestos que gravan el consumo, es decir, el impuesto sobre el valor añadido (IVA) y los impuestos especiales a hidrocarburos, alcohol, tabaco y electricidad.
Por otra parte, el Banco señalaba que "los ambiciosos objetivos medioambientales asumidos por nuestro país apuntan a la necesidad de introducir nuevas medidas impositivas en la energía, los hidrocarburos y el transporte". De hecho, en las recomendaciones de la Comisión Europea, Bruselas identifica que España es de los países que menos recauda por conceptos medioambientales entre el resto de economías comunitarias. En cambio, su gasto público en protección del medioambiente es mayor. en este sentido, la Comisión también identifica un margen de mejora en los impuestos medioambientales hacia los que debe transitar la política fiscal de España.
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