La Comisión Europea estudia ya todos los escenarios jurídicos posibles ante el inesperado pulso comercial que le ha tocado librar con la farmacéutica AstraZeneca por el incumplimiento de los ritmos de provisión de vacunas a los que al parecer se había comprometido la compañía suiza con Bruselas, pero de momento lo que no está sobre la mesa es la imposición de algún tipo de penalización contractual o sanción comercial. "No estamos en la fase de las sanciones, estamos en el momento de buscar soluciones", ha asegurado este jueves el jefe de la Representación de la Comisión Europea en España, Francisco Fonseca, en un encuentro con periodistas españoles.
La Comisión reconoce que esa negociación bilateral está siendo intensa y no descarta que haya que recurrir a alguna clase de arbitraje internacional a cuenta de un conflicto que no sólo está erosionando la reputación de la farmacéutica, sino que también está poniendo en cuestión la gestión del proceso de vacunación por parte de Bruselas a la luz de los ritmos que se están viendo en otros países desarrollados. El portavoz de la Comisión Europea en España admite que está en juego la consideración de Europa como un "actor estratégico global", pero subraya que Bruselas continúa entendiendo que le avalan derechos contractuales para exigir a la farmacéutica la provisión en tiempo y forma de las 400 millones de dosis comprometidas en su día. "Hemos pagado por reservar y distribuir un número determinado de vacunas y AstraZeneca debe cumplir con sus compromisos, ya sea con la producción de su planta en Bélgica, con la de Alemania o con la del Reino Unido".
Como explica este jueves Beatriz Ríos en La Información, el acuerdo con AstraZeneca para asegurar una compra anticipada de 300 millones de dosis, con la opción de ampliarlo en 100 millones más, se firmó el 27 de agosto del pasado año. Fue el primero que la UE cerró con una compañía farmacéutica, que en ese momento trabajaba en el desarrollo de una vacuna contra la Covid-19, en este caso colaboración con la Universidad de Oxford. El acuerdo incluía el pago por adelantado de un stock de dosis que debía estar listo para su envío tan pronto como la Agencia Europea del Medicamento (EMA por sus siglas en inglés) diera el visto bueno a la vacuna, un momento crucial que con toda seguridad se producirá este viernes.
Sin embargo, la pasada semana AstraZeneca anunció durante un encuentro con representantes de la Comisión y los estados miembros que no estaba lista para cumplir con los envíos a los 27 estados miembros de la UE en las fechas previstas, desatando la ira de Bruselas. Fuentes comunitarias reconocen que fueron conscientes de que no se cumplirían los plazos tras una reunión en diciembre, pero que no supieron hasta el viernes que se trataba de recortes masivos. De las 100 millones de dosis que debían llegar en los primeros tres meses de 2021, AstraZeneca calcula ahora que llegará apenas una cuarta parte.
En Bruselas, sin embargo, se confía en reconducir la situación por la vía diplomática. "Nuestro objetivo es que el 70% de la población de la UE esté vacunada antes del verano y mantenemos ese objetivo", ha asegurado este jueves el jefe de la Representación de la Comisión Europea en España. Para ello, confían en su capacidad para persuadir a AstraZeneca de lo prioritario de cumplir sus compromisos con la Unión Europea. Un camino que pretende transitar sin necesidad de establecer ninguna penalización contractual o sanción comercial, según ha referido Francisco Fonseca.
El problema de los 'certificados de vacunación'
En un contexto en el que ya ha sido aceptado de manera generalizada el principio de que salud y economía van de la mano en un situación como la de la actual pandemia, la Comisión Europea trabaja no sólo en garantizar que la vacuna llegue a la mayor cantidad de población posible sino también en garantizar una 'movilidad segura' a medida que se vaya vacunando a un número mayor de capas de población. Y es aquí donde irrumpe el proyecto para crear un 'certificado de vacunación' homologado a nivel europeo.
En este campo, la Comisión Europea asegura que está trabajando en sortear los problemas jurídicos que afronta el proyecto. El primero de los cuales, desde el punto de vista operativo, tiene que ver con la estricta reglamentación de protección de datos en el territorio UE, que, reconoce la Comisión, está planteando problemas de entidad en el desarrollo del certificado. También lo está haciendo la necesidad de implantar un 'certificado estándar' a nivel europeo o al menos que los certificados de los diferentes países tengan una base común y sean compatibles.
El certificado de vacunación europeo es particularmente crítico para España pues está llamado a regular la movilidad interna de los ciudadanos europeos durante los próximos meses, lo que tiene implicaciones más que evidentes sobre la incierta campaña turística del próximo verano. La idea de Bruselas es abrir la mano a las restricciones de movilidad de los ciudadanos que presenten este certificado y mantener las restricciones sobre los que no lo tengan. No será el único criterio, el jefe de la Representación de la Comisión Europea en España asegura que también se tendrá en cuenta en este sentido el nivel de riesgo en las diferentes áreas y que el plan es imponer restricciones a la movilidad hacia los territorios que presenten una incidencia superior a los 500 contagios por cada 100.000 habitantes.
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