El Gobierno de España ya sabe que los funcionarios de la Comisión Europea van a examinar de forma particularmente minuciosa el aspecto final que se dé al Mecanismo de Equidad Intergeneracional, ese dispositivo aún en construcción que el el ministro de Inclusión y Seguridad Social está negociando con los agentes sociales y que a priori debe suceder al Factor de Sostenibilidad aprobado en la reforma del PP como mecanismo automático de ajuste de las finanzas del sistema de pensiones. La configuración de ese dispositivo y sus potenciales efectos a futuro sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones han centrado las preguntas de los evaluadores de la Comisión en torno a la reforma de las pensiones planteada por el Gobierno en las reuniones que mantuvieron tanto con los agentes sociales como con el propio Ministerio a lo largo de la pasada semana, según confirman fuentes conocedoras del contenido de esas reuniones.
A Bruselas - no es ningún secreto - le preocupa de manera muy especial la sostenibilidad del sistema de pensiones, que observa como una de las principales fragilidades de las políticas públicas en España. Sin transmitir algo que se pueda interpretar como preocupación, según matizan las fuentes consultadas, los funcionarios de la Comisión Europea sí han trasladado tanto al Gobierno como a los agentes sociales su expectativa de que la segunda fase de la reforma del sistema de pensiones, en la que se debería definir tanto el horizonte de incremento de las bases de cotizacion en los próximos años, como el nuevo sistema de cotización por ingresos reales de los trabajadores autónomos como sobre todo el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, envíe un mensaje contundente a favor de la sostenibilidad del sistema y del control de la inercia de gasto del sistema público de pensiones.
Fuentes conocedoras de los asuntos tratados en las reuniones con los agentes sociales subrayan que el 'feeling' transmitido por los evaluadores de la Comisión Europea, cuya funcion es clave para determinar si España tendrá acceso o no a las próximas entregas de fondos programadas por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia - de los que España apenas ha recibido 9.000 millones de los cerca de 70.000 millones a los que tiene derecho, siempre que cumpla una serie de requisitos -, indica que las medidas de reforma aprobadas hasta la fecha no terminan de saciar las expectativas de Bruselas. No es ninguna sorpresa. La Comisión ya ha cuestionado en sus informes sobre España la medida estrella de esa parte de la reforma: la recuperación del IPC como referencia para actualizar la prestaciones del sistema público de pensiones.
Los funcionarios de la Comisión Europea han dejado bien claro en su visita a España que la reforma de las pensiones tiene que saldarse con avances contundentes en materia de sostenibilidad y todos los actores implicados son conscientes de que eso implica habilitar un mecanismo que sea capaz de contener la inercia de gasto del sistema, que según el recién presentado proyecto de Presupuestos para 2022 el año que viene añadirá otros 8.000 millones al gasto público español.
Según el relato trasladado por estas fuentes la Comision valora la voluntad del Gobierno de aproximar la edad real de jubilacion a la edad legal y de mejorar los incentivos para conseguir que los trabajadores permanezcan durante más tiempo en el mercado laboral, pero tampoco ha esconcido sus reservas sobre los resultados en materia de control del gasto en pensiones que tendrán estas medidas. Tal vez por ello, tanto en sus reuniones por separado con empresarios y sindicatos como en la reunión con el Ministerio se ha recalcado que el objetivo principal que se ha pactado conseguir con esta reforma no es otro que garantizar la sostenibilidad del sistema.
El Mecanismo de Equidad Intergeneracional, en el objetivo
Fuentes del Gobierno y del diálogo social coinciden en señalar que lo que se les ha dejado claro en estas reuniones es que en Bruselas no van a estar tan pendientes de que las reformas se aprueben antes de que acabe el año o después como de que su contenido responda de manera evidente y demostrable a los objetivos pactados dentro del Plan de Recuperación de España. En este sentido, los funcionarios de la Comision han advertido al Gobierno de que esperarán a conocer el contenido de la segunda parte de la reforma y, en concreto, el contenido del Mecanismo de Equidad Intergeneracional para emitir una evaluación definitiva sobre la reforma.
Desde Seguridad Social se relativiza la posición de Bruselas sobre el asunto. Se reconoce que la Comisión Europea ha mostrado interés por la negociación respecto al futuro Mecanismo de Equidad, pero no de manera especial sino como un elemento más de una reforma que tiene varios componentes y que debe ser analizada en su conjunto y no a partir de una sola medida, algo en lo que José Luis Escrivá ha incicido también desde el inicio del diálogo.
El interés de los funcionarios de la Comisión Europea por el mecanismo añade presión a la negociación que el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social mantiene desde hace semanas con los agentes sociales en torno a su configuración definitiva. La cosa empezó con mal pie tras unas declaraciones del ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, en las que avanzó que la generación de los nacidos entre los años 50 y mediados de los 70 tendría que elegir en el futuro entre tener una prestación más baja o trabajar más años, lo que disparó las alarmas de los sindicatos, de la oposición política y del propio Gobierno ante lo que se intuía como un recorte en toda regla.
Derogado el Factor de Sostenibilidad de la reforma de 2013, que según las estimaciones realizadas por BBVA Research aseguraba una contención de gastos equivalente al 1% del PIB, del Mecanismo de Equidad Intergeneracional se espera un efecto al menos similar. Los documentos que el Ministerio se intercambió con la Comisión en el proceso de definición del Plan de Recuperación del Reino de España ofrecen pistas de las palancas que podría utilizar el mecanismo para ajustar gastos si éstos evolucionarán de forma más dinámica de lo previsto, como la ampliación del periodo de cálculo de la pensión a 35 años, que reduciría un 6,3% el gasto en pensiones. Sobrevolando la negociación también la posibilidad de vincular la edad legal de jubilación a la esperanza de vida de los futuros pensionistas.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios