Test sobre el compromiso reformista

La UE exige al Gobierno alguna medida de la reforma laboral antes del verano

Moncloa mete prisa a los agentes sociales con el objetivo de cerrar los primeros cambios en la legislación laboral y en el sistema de pensiones antes de que Bruselas empiece a liberar los fondos europeos.

Pedro Sánchez, junto a Antonio Garamendi (CEOE), Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT).
Pedro Sánchez, junto a Antonio Garamendi (CEOE), Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT).
EFE

La Comisión Europea está dispuesta a adelantar al Gobierno de España el próximo verano el 13% de los fondos europeos solicitados - unos 9.000 millones de euros - para poner en marcha lo antes posible las inversiones planificadas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Reino de España, que el Ejecutivo deberá presentar en Bruselas el próximo mes de abril. A cambio espera ver más o menos a la misma altura un avance de lo que el Ejecutivo está dispuesto a hacer para abordar dos de las reformas estructurales que más preocupan en Bruselas: la reforma laboral y la del sistema de pensiones.

Así se lo han trasladado a los agentes sociales diferentes representantes del Gobierno español y de las autoridades comunitarias, según confirman a La Información fuentes tanto del ámbito sindical como empresarial. "El Gobierno nos están metiendo presión para negociar", asegura un miembro de la ejecutiva confederal de uno de los grandes sindicatos, que reconoce que tanto desde el Ministerio de Trabajo como desde el Ministerio de Inclusión han empezado a trasladar la urgencia de alcanzar acuerdos sobre algunos de los temas pendientes en las mesas de negociación antes del verano. "Nos dicen que Bruselas quiere ver algún resultado tangible en materia de lucha contra la temporalidad antes del verano", asegura una de las fuentes consultadas de la organización empresarial CEOE.

Las fuentes gubernamentales consultadas se limitan a decir que el Gobierno está dando los últimos retoques al Plan Nacional de Reformas que le corresponde remitir a Bruselas el próximo mes de abril, junto al plan de inversiones que se pretenden financiar con fondos europeos, y que en éste se incluirán tanto las medidas de reforma laboral y de reforma del sistema de pensiones que se pretenden abordar como el calendario para su desarrollo, sin aportar mayores detalles sobre el asunto.

Sin embargo las urgencias del Gobierno en relación a las reformas ya han empezado a filtrarse a las mesas de diálogo social. Tanto en reuniones específicas, como la mantenida este miércoles sobre el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en la mesa interministerial que preside la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, como en encuentros de nivel técnico para otros asuntos, como la regulación de los 'riders', el Gobierno está trasladando a patronal y sindicatos sus prisas por empezar a negociar el contenido de las fichas trasladadas a Bruselas

El asunto no tiene que ver con la tan temida condicionalidad, que se rechaza tanto desde el Gobierno como desde los sindicatos, sino con que ha sido el propio Ejecutivo el que durante los contactos bilaterales mantenidos en los últimos meses con la Comisión para acelerar su plan de reformas se ha comprometido a llevar a cabo una serie de cambios estructurales en la normativa laboral y de pensiones, que ahora las autoridades europeas reclaman que se pongan en marcha cuanto antes, según indican fuentes del diálogo social.

Estas mismas fuentes detallan que en materia de reforma laboral y de pensiones el Gobierno se ha fijado un calendario no oficial que sitúa las reformas, como tarde, en el mes de julio. "Ha sido el propio Gobierno el que se ha metido en la boca del lobo", manifiestan. Los mensajes que se han lanzado desde la Comisión al respecto han identificado el plan de reformas español como uno de los más ambiciosos de entre los presentados por los países, si bien también han apelado a su concreción futura, particularmente en esos dos ámbitos, para realizar una evaluación más precisa. Fuentes empresariales aseguran que en sus contactos con autoridades europeas éstas les han trasladado su expectativa de reformas laborales y de pensiones en España en el corto plazo.

El Gobierno maniobra para poder acreditar ante Bruselas algún avance significativo en estos ámbitos a muy corto plazo. En materia de reforma laboral, el foco del Ejecutivo se ha puesto en la lucha contra la temporalidad y en la aprobación de alguna medida que permita una reducción rápida de la tasa incidencia de los contratos temporales en el mercado de trabajo. Según las fuentes consultadas, aquí se barajan dos opciones, básicamente: el establecimiento de alguna clase de penalización sobre los contratos temporales de corta duración, algo que ya se ha avanzado desde el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, y la traslación a la normativa española del criterio sentado por la sentencia del Tribunal Supremo en relación a la ilegalidad de utilizar contratos de duración temporal con los trabajadores vinculados a subcontratas de servicios de naturaleza sucesiva.

En el ámbito de las pensiones, José Luis Escrivá tiene abierta desde finales del año pasado una mesa de negociación para tratar de acordar alguna clase de penalización sobre las jubilaciones anticipadas y aprobar medidas de estímulo que contribuyan a incentivar el retraso de la edad de jubilación por parte de los trabajadores, dos medidas que sin duda contribuirían a reducir un tanto la presión financiera sobre el sistema público de pensiones.

Tensiones en el diálogo social

Las urgencias del Gobierno por mostrar lo antes posible a Bruselas, y a los socios europeos más escépticos, su disponibilidad a abordar las reformas estructurales que la Comisión exige a España no conmueven a los agentes sociales. "Hablamos de asuntos como la reforma de la contratación o la regulación de la temporalidad que siendo urgentes no son sencillos y que llevarán su tiempo", advierte una fuente sindical. Los sindicatos, además, no están dispuestos a sentarse a hablar de la reforma de los contratos actualmente vigentes en la normativa temporal o de las medidas para reducir la temporalidad en tanto no se aborde la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral, a saber la subcontratación, la ultraactividad, la prioridad aplicativa del convenio de empresa y la actual regulación de las inaplicaciones de los convenios colectivos. 

Algo similar sucede con la mesa de pensiones. UGT y CCOO ya han trasladado al ministro Escrivá que no quieren hablar de parches o reformas parciales, sino de una reforma integral que tenga en cuenta el conjunto del sistema público y que lo reforme en todas las dimensiones que sea necesario

Los empresarios, por su parte, no quieren ni oír hablar de reformas en un momento económico tan delicado como el actual e intentan postergar las conversaciones en el tiempo todo lo posible para tratar de esquivar la anunciada derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral. Sus interlocutores acusan a los empresarios de ralentizar todas las negociaciones en curso. "Sucedió con la ley del teletrabajo y lo estamos volviendo a ver con las plataformas digitales, sin olvidar el derecho de veto que les otorgó el propio Gobierno en la mesa sobre el salario mínimo", recuerda un dirigente sindical. La patronal ha rechazado en público los planes de Yolanda Díaz en materia laboral respaldándose en la complicada situación que atraviesa el tejido productivo como consecuencia de la pandemia.  Trabajo quiere cerrar ya el embrollo de los 'riders' para abrir la mesa de reforma laboral y cumplir al fin su compromiso de derogar determinados aspectos de la reforma laboral aprobada por el Gobierno del Partido Popular en 2012.

El asunto de las pensiones es todavía más espinoso para CCOO y UGT. Los sindicatos temen que la reforma contenga un recorte encubierto de las prestaciones, a través de medidas como la ampliación del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión, y van con pies de plomo en las negociaciones. Las centrales sindicales quieren agilizar además el diseño de la nueva fórmula de revalorización ligada al IPC y derogar por fin el esquema implantado por el Gobierno Rajoy...y que Bruselas aplaudió en su día. 

Mostrar comentarios