Bruselas ha impuesto al Gobierno de España el mantenimiento del sistema de fiscalización previa sobre los gastos de los ministerios que el Ministerio de Hacienda ha venido ejecutando de manera inexorable desde la crisis financiera de hace una década y que Moncloa pretendía desactivar en el marco del Real Decreto de medidas para agilizar la ejecución de los fondos europeos con el fin de sacudirse uno de los elementos que tanto los ministerios como los contratistas del Estado señalaban como más molestos del trámite administrativo de la contratación pública.
Fuentes del Gobierno reconocen que la versión definitiva del Real Decreto aprobada este martes por el Consejo de Ministros 'reinstaura' con carácter general el esquema de fiscalización previa sobre el gasto asociado a los fondos europeos, que en el borrador original que Moncloa circuló hace poco más de un mes se había sustituido por lo que se denomina 'control financiero permanente', que no es más que el control a posteriori sobre la ejecución efectiva y eficiente de los gastos por parte de la Intervención General del Estado. El texto definitivo establece que en principio todos los gastos asociados a los fondos europeos deberán contar con la autorización previa del Ministerio de Hacienda, como sucede ahora con los gastos de los ministerios, si bien se abre la puerta a que determinados proyectos especialmente relevantes puedan 'saltarse' ese control previo cuando así lo determine el Consejo de Ministros.
El asunto va más allá de ser una mera 'technicality'. La fiscalización previa del gasto del Estado por parte del Ministerio de Hacienda, instaurada durante la última etapa del Gobierno Zapatero y reforzada posteriormente en los años de Cristóbal Montoro, se ha convertido en la principal herramienta de la política económica para controlar el despilfarro en los gastos y en uno de los dispositivos que más confianza genera a las autoridades europeas, según destacan fuentes de la Intervención General del Estado, el organismo encargado de ejecutar ese control. Desde esta perspectiva es normal que su desactivación, avalada por los ministerios y los grandes contratistas - cansados de tener que replantear sus proyectos de inversión por las objeciones planteadas desde la Intervención -, fuera observada con cierta inquietud por las autoridades europeas.
Las fuentes gubernamentales consultadas matizan, no obstante, que las indicaciones de Bruselas no iban orientadas tanto a exigir ese sistema de fiscalización previa - que no existe en otros países - sino a conseguir que el sistema de control que se aplique a los fondos europeos tenga las mismas garantías que el resto del gasto público, que continúa sometido a ese régimen de fiscalización previa.
Un enrevesado sistema de gobernanza
La reinstauración de la fiscalización previa de la IGAE sobre el gasto con fondos europeos es uno de las escasas novedades que presenta el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros respecto al que el Gobierno circuló hace unas semanas. Pese a su aprobación en la reunión ministerial de este martes, el Real Decreto no se publicará en el BOE hasta el próximo 31 de diciembre dentro de un bloque normativo en el que el Ejecutivo tiene previsto aprobar también la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 y otro decreto de organización ministerial que servirá para modificar el perímetro de competencias del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Presidencia para adaptarlas a las nuevas atribuciones que tendrán en la gestión de los fondos europeos.
Este último Decreto servirá para apuntalar un esquema de gobernanza que sobre el papel se antoja un tanto complicado. A grandes rasgos el modelo sería más o menos el siguiente. La definición estratégica de la hoja de ruta a la que servirán los fondos procedentes de Europa le corresponderá a la Vicepresidencia de Asuntos Económicos de Nadia Calviño, que se encargará de la definición del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que el Gobierno tiene previsto llevar en enero a Bruselas, con su pack de reformas estructurales incluido.
Sin embargo, la selección de los proyectos de inversión que de alguna manera concretarán ese planteamiento estratégico se hará de la Comisión de Recuperación, sobre la que Calviño no tendrá control, ya que en ella estarán representados todos los ministros, cuatro secretarios de estado y otros cinco altos cargos entre los que destaca la directora general de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda, Mercedes Caballero, que será la interlocutora del Gobierno con Europea y la máxima autoridad en materia de gestión de los fondos, según recalcan fuentes del Gobierno. Caballero determinará de hecho la composición del Comité Técnico que coordinará todos los proyectos, pero su desarrollo, sin embargo, quedará en manos de los 22 ministerios, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos que tengan alguna responsabilidad de gestión sobre los fondos.
Al Ministerio de Hacienda le tocará coordinar esos proyectos a través de la Dirección General de Fondos Europeos y fiscalizar la ejecución efectiva de los gastos a través de la Intervención. Un trabajo descomunal para el que el Gobierno ya ha previsto un refuerzo de recursos humanos. Esta es otra de las grandes novedades del Decreto gubernamental. El Gobierno habilitará a los ministerios para poder reorientar los recursos humanos necesarios hacia aquellos departamentos que estén más implicados en la gestión de los fondos europeos. Fuentes de Moncloa confían en que esos traslados no generen ninguna problemática interna, pero los sindicatos de la Función Pública ya han alzado la voz por la falta de negociación de esta disposición y en defensa de que se garanticen los derechos de todos los empleados públicos en esos traslados, para los que el Gobierno ha previsto incentivos y complementos salariales.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios