España ha sido expedientada este lunes por no haber cumplido el plazo que terminaba el pasado 31 de enero para trasponer a su legislación nacional e informar a Bruselas acerca de la nueva norma que armoniza las reglas para traslados, fusiones y divisiones de empresas en el espacio comunitario.
Entre los objetivos de la nueva legislación comunitaria, destacan las operaciones a nivel transfronterizo pero también, establecer salvaguardias para poder evitar que las compañías recurran a este tipo de soluciones para eludir rendir cuentas fiscales en los Estados miembros que les corresponda o que los derechos de los trabajadores afectados se vean vulnerados.
El requerimiento que presenta la Comisión por un incumplimiento de una obligación establecida por los tratados, debe seguir un procedimiento de infracción que tiene la forma de una carta de emplazamiento. Debe informar a las autoridades españolas de que no han cumplido los plazos de transposición y a continuación establece un plazo de 2 meses para que pongan solución.
España tendrá que poner solución
En caso de que no se resuelvan los problemas, los servicios comunitarios podrán enviar un dictamen motivo, segunda fase del expediente, que ofrece un nuevo plazo de diálogo para avanzar en la solución antes de decidir si pasan a la tercera y última fase del proceso, que supone denunciar al Estado miembro ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
Junto a España, el Ejecutivo comunitario ha abierto expediente por la misma razón a Bélgica, Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Irlanda, Grecia, Francia, Croacia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia y Eslovaquia.
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