Alta exposición ante un posible 'shock'

Bruselas se impacienta con la falta de respuestas de España a su déficit fiscal

Augura problemas a largo plazo por la decisión de actualizar las pensiones con el IPC y avisa al Gobierno de que monitorizará el posible impacto de los 'fallidos' del ICO sobre las arcas públicas.

La vicepresidenta Calviño con el comisario europeo Pierre Moscovici, en Bruselas
La vicepresidenta Calviño con el comisario europeo Pierre Moscovici, en Bruselas
EFE

"Ha habido pocos progresos en el campo de la gobernanza fiscal". La Comisión Europea continúa incluyendo a España en el grupo de una docena de países de la Unión a los que año tras año realiza un examen en profundidad para chequear los avances conseguidos en la corrección de sus principales desequilibrios macroeconómicos. En el caso de España, el test valora la evolución de la deuda externa, el desempleo, la deuda del sector privado y el endeudamiento público. El resultado, particularmente en lo que se refiere a este último punto, no termina de satisfacer a los funcionarios de la Comisión. "España no parece afrontar riesgos de sostenibilidad fiscal en el corto plazo", concluye el examen, que sin embargo advierte que "a medio plazo los riesgos persisten debido al empeoramiento de las perspectivas de la finanzas públicas debida a la pandemia y que afectan tanto a la deuda pública como al déficit de las Administraciones Públicas".

La evaluación de la Comisión observa que las favorables condiciones de financiación garantizadas por el Banco Central Europeo - con el tipo de interés del dinero en el 0% y 1,85 billones de euros reservados para comprar títulos de deuda dentro de la Europa del euro - y la estrategia del Tesoro de ampliar el periodo medio de vida de su cartera de deuda (ya en ocho años) desactivan cualquier riesgo en el corto plazo. Pero también advierte que la pandemia ha llevado el endeudamiento público español a una zona de alerta - se mueve ya por encima del 120% del PIB - y que estas cifras sitúan a España en una situación franca vulnerabilidad ante otro'shock' económico o ante un cambio en los actuales registros de confianza de los inversores.

El Gobierno de España ha decidido no perfilar su hoja de ruta de consolidación fiscal en tanto la recuperación económica no sea una realidad consolidada. Desde el área económica del Gobierno se defiende esta posición como un criterio de prudencia al objeto de no comprometer nada en un contexto de gran incertidumbre como el actual, pese a la presión por parte de organismos con gran autoridad en la estructura institucional del país como la Autoridad Fiscal o el Banco de España que le han pedido en repetidas ocasiones y desde hace meses que presente un plan de consolidación fiscal, aunque éste no se empiece a aplicar hasta que la recuperación no esté asentada. La Comisión Europea también se descolgó la semana pasada pidiendo prudencia al Gobierno en su política fiscal para vigilar la calidad de las medidas presupuestarias adoptadas y adoptar medidas razonables tanto por el lado del ingreso como por el lado del gasto.

En Bruselas son conscientes de que la gestión de la pandemia exige un delicado juego de equilibrios entre el gasto público necesario para evitar cicatrices permanentes en el tejido productivo y social de los países y la necesaria observación de los principios de contención fiscal, transitoriamente suspendidos para impedir que las restricciones en el gasto puedan entorpecer la recuperación. Pero también les escama la adopción de determinadas medidas discrecionales de gasto. 

Los funcionarios de la Comisión ya pusieron de manifiesto su descontento en la evaluación del Presupuesto del Gobierno para 2021 por la existencia de medidas discrecionales de gasto público como las subidas del 0,9% para las pensiones y el sueldo de los funcionarios. Y ahora han vuelto a poner el foco en las pensiones y, en concreto, la decisión del Gobierno de reinstaurar el sistema de actualización de las pensiones en función del IPC, una medida, advierten desde Bruselas, que "empeorará las perspectivas de sostenibilidad del sistema de pensiones a largo plazo, salvo que las medidas planeadas para compensar este sobrecoste sean lo suficientemente ambiciosas".

El 'riesgo durmiente' de la financiación avalada por el ICO

La obsesión de Bruselas es que el Gobierno configure un marco fiscal que le permita aproximar el componente estructural de sus cuentas hacia el equilibrio y, de hecho, sitúa la mejora de la regulación de la gobernanza fiscal como una de las prioridades de su política económica para corregir los desequilibrios estructurales, que según la Comisión "ya lleva varios años arrastrando". La Comisión mira a medio y largo plazo y aprecia riesgos en el horizonte para España en materia fiscal.

El análisis de los funcionarios de Bruselas apunta a que la retirada de la moratoria concursal cuando finalice el año y el levantamiento progresivo de las medidas extraordinarias dispuestas estos meses por el Gobierno, como los ERTE, el cese de actividad de los autónomos, la moratoria en el pago de impuestos, alquileres o recibos de la luz y otras medidas del escudo fiscal, acabarán aflorando desempleo, quiebras empresariales y probablemente un deterioro de las carteras crediticias de los bancos y, por consiguiente, un peor acceso a la financiación de los agentes económicos.

La magnitud y la intensidad de ese 'efecto precipicio' marcará el vigor de la recuperación española a partir de 2022 y también el comportamiento tanto de su déficit público como de la deuda pública. El informe sobre España de la Comisión subraya que el éxito en la utilización de la línea de avales del ICO - la más utilizada entre los grandes países europeos - tiene como reverso tenebroso el fuerte incremento de las garantías públicas comprometidas y por tanto también el mayor riesgo ante un eventual crecimiento de los fallidos. Por ese motivo, los funcionarios de la Comisión advierten a España de que monitorizarán de forma exhaustiva el comportamiento de los llamados 'pasivos contingentes' que se puedan poner de manifiesto por los impagos a la hora de devolver estos préstamos del ICO, que el Estado ha garantizado en porcentajes de entre el 60% y el 90%.

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