Bruselas investigará a España por posibles ayudas públicas ilegales a la banca

    • La Comisión Europea ha iniciado una investigación preliminar para determinar si estas garantías son ayudas públicas ilegales; la investigación también afecta a Grecia, Italia y Portugal.
    • Por su parte, el Ministerio de Economía ha descartado que estas garantías concedidas por España a los activos fiscales diferidos de la banca sean ayudas de Estado.
El Ministerio de Economía descarta que la norma sobre activos fiscales constituya ayudas de Estado a la banca
El Ministerio de Economía descarta que la norma sobre activos fiscales constituya ayudas de Estado a la banca

La Comisión Europea ha iniciado una investigación preliminar para determinar si las garantías que ha concedido España a los activos fiscales diferidos (DTA, por sus siglas en inglés) de la banca con el fin de que computen como capital de máxima calidad constituyen ayudas públicas ilegales. La investigación de Bruselas afecta además a Grecia, Italia y Portugal, que también han recurrido a este tipo de medidas.

"La Comisión ha enviado cartas pidiendo información a los Estados miembros que proporcionan garantías a diferentes tipos de activos fiscales para entender cómo funcionan estas medidas y decidir si hay ayudas públicas o no", ha explicado el portavoz del Ejecutivo comunitario, Alexander Winterstein en rueda de prensa.

"Podemos confirmar que se han enviado cartas administrativas a España, Italia, Portugal y Grecia", ha agregado la portavoz de Competencia, Lucía Caudet.

Las pesquisas de Bruselas tienen su origen en varias quejas contra estas medidas -que sólo utilizan los países del sur- presentadas entre otros por eurodiputados de otros Estados miembros. Algunos de los países afectados ya han contestado y el Ejecutivo comunitario está analizando las respuestas.

"No es un caso fácil, la evaluación llevará tiempo. En esta fase no tenemos ninguna opinión de si hay ayudas públicas o no", ha resaltado el portavoz, que ha dejado claro que de momento ni siquiera se ha abierto un procedimiento "formal" de investigación.

Los activos fiscales diferidos consisten en apuntar como un activo en el balance del banco los ahorros en impuestos por tener pérdidas, aunque este ahorro sólo puede materializarse cuando la entidad vuelve beneficios. La normativa europea e internacional establece que ya no puede considerarse capital de máxima calidad y que debe dejar de contabilizarse progresivamente de aquí a 2019, según explica Bruselas.

El Gobierno de Mariano Rajoy aprobó a finales de 2013 una reforma legal para convertir 30.000 millones de esos activos en créditos fiscales. Éstos, al contar con el aval del Estado, pueden seguir computando como capital de máxima calidad. Con ello completó la reestructuración del sector bancario y facilitó que pasara los exámenes del Banco Central Europeo.

En aquel momento, en el que España estaba sometida a vigilancia por el rescate bancario, la Comisión avaló públicamente la reforma por considerar que "es compatible con el memorándum de entendimiento del programa de asistencia al sector financiero español" y "es en principio compatible con la legislación de la UE, siempre que no constituya una ayuda pública".

También en el caso de Portugal, la troika avaló la reforma de los activos fiscales diferidos para la banca. Sin embargo, el Ejecutivo comunitario ha decidido ahora reabrir estos casos por las quejas recibidas.El Ministerio de Economía descarta que sean ayudas de Estado

El Ministerio de Economía ha descartado que las garantías concedidas por España a los activos fiscales diferidos (DTA, por sus siglas en inglés) de la banca con el fin de que computen como capital de máxima calidad constituyan ayudas públicas ilegales, informaron a Europa Press en fuentes del departamento que encabeza Luis de Guindos.

Las mismas fuentes explicaron que estas garantías no pueden considerarse como ayudas de Estado a la banca al no tratarse de un mecanismo discriminatorio, ya que cualquier empresa puede hacer uso de esta prerrogativa.

Además, hicieron hincapié en que casi todos los países miembros de la UE disponen de garantías similares sobre los créditos fiscales diferidos.

En cuanto a la carta administrativa remitida por Bruselas al Gobierno español -al igual que a los de Italia, Chipre, Grecia y Portugal- para recabar información al respecto, fuentes de Economía la calificaron como un mero cuestionario que no prejuzga ninguna conclusión.

El Gobierno de Mariano Rajoy aprobó a finales de 2013 una reforma legal para convertir 30.000 millones de esos activos en créditos fiscales. Éstos, al contar con el aval del Estado, pueden seguir computando como capital de máxima calidad. Con ello completó la reestructuración del sector bancario y facilitó que pasara los exámenes del Banco Central Europeo.

En aquel momento, en el que España estaba sometida a vigilancia por el rescate bancario, la Comisión avaló públicamente la reforma por considerar que "es compatible con el memorándum de entendimiento del programa de asistencia al sector financiero español" y "es en principio compatible con la legislación de la UE, siempre que no constituya una ayuda pública".

Los activos fiscales diferidos consisten en apuntar como un activo en el balance del banco los ahorros en impuestos por tener pérdidas, aunque este ahorro sólo puede materializarse cuando la entidad vuelve beneficios. La normativa europea e internacional establece que ya no puede considerarse capital de máxima calidad y que debe dejar de contabilizarse progresivamente de aquí a 2019, según explica Bruselas.

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