Los pensionistas tienen garantizado su poder adquisitivo frente a la escalada de la inflación porque sus nóminas se van a ver revalorizadas en función del IPC desde el día 1 de enero de 2023 aunque el dato sea de dos dígitos. El Gobierno se está esforzando por trasladar ese mensaje de tranquilidad a más de 9 millones de ciudadanos en un momento en el que desde distintos organismos y casas de análisis, tanto nacionales como internacionales, se advierte del grave problema que implica esa decisión para la sostenibilidad del sistema público de las pensiones. Y la preocupación empieza a crecer también en el seno de la Comisión Europea, que está a la espera de que España solicite el segundo tramo de los fondos Next Generation -el más cuantioso, de 12.000 millones de euros- para evaluar la primera parte de la reforma de las pensiones, que incluye la vinculación a los precios de las prestaciones, y puede exigir al Gobierno que tome medidas adicionales en la segunda fase de la reforma que tendrá que aprobar antes de fin de año.
Las autoridades europeas siempre se han mostrado contrarias al indexación de partidas del gasto público a la evolución de los precios, pero en un momento como el actual, en el que la inflación se ha disparado en España hasta el 9,8% en marzo, según el dato confirmado por el Instituto Nacional de Estadística, la inquietud entre los técnicos de la Comisión es considerable. Así lo aseguran fuentes al tanto del mood bruselense que advierten de que el Gobierno afronta un serio problema de aquí a final de año, cuando tendrá que tomar la decisión definitiva de subir las pensiones con el IPC, tal y como establece la ley aprobada hace apenas tres meses y medio. Estas fuentes revelan que los técnicos de Bruselas hicieron una valoración preliminar positiva de la primera parte de la reforma de las pensiones, pero que ahora han entrado en pánico ante las tensiones inflacionistas desatadas por la guerra en Ucrania y el impacto que van a sufrir las arcas públicas.
El Gobierno es consciente de esta preocupación, que le ha sido trasladada desde la Comisión a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, responsable de la coordinación del Plan de Recuperación. Y pese a ello ha decidido sacar las pensiones del debate público al evitar incluirlas en el prometido pacto nacional de rentas que pretende alcanzar con la patronal y los sindicatos para hacer frente a las consecuencias económicas del conflicto bélico. Nueve millones de personas, con sus nueve millones de rentas, no formarán parte del pacto de rentas. Y esto es así porque el Ejecutivo no quiere abrir ahora el melón de la revalorización, en un contexto en el que se está pidiendo a los agentes sociales que adopten subidas salariales moderadas a cambio de una limitación de los márgenes empresariales para evitar los perniciosos efectos de segunda ronda. La decisión, en cualquier caso, no se tomará hasta finales de año, cuando se disponga de la media de IPC de los 12 meses previos a diciembre, por lo que, por ahora, el Gobierno prefiere aparcar el debate y garantizar de palabra el poder adquisitivo a los pensionistas.
Pero el mensaje de tranquilidad que quiere trasladar el Gobierno a los pensionistas no cala en la Comisión Europea, donde la preocupación va in crescendo por una inflación española que se sitúa por encima de los niveles de los países del entorno y sin avistarse un techo próximo. Es tal el nivel de nerviosismo en la capital belga que se están planteando exigir a España medidas adicionales para compensar el impacto de la indexación de las pensiones al IPC. El Banco de España calcula que la medida tendrá un coste de 13.500 millones de euros en 2023 con una inflación media del 7,5% este año, a razón de 1.800 millones por cada punto porcentual de subida de las pensiones. Mientras, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) rebaja el cálculo por cada punto adicional a 1.500 millones. En cualquier caso, el problema que señalan ambos organismos es que ese sobrecoste se consolida en el tiempo y la revalorización automática de las pensiones con la inflación acaba convirtiéndose en uno de los principales riesgos para la sostenibilidad a medio y largo plazo de las cuentas públicas.
Para compensar la desviación, el ministro José Luis Escrivá introdujo en la primera parte de la reforma de las pensiones, a última hora y sin respaldo de la patronal, el bautizado como Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). La nueva herramienta de ajuste de las pensiones sustituye al derogado Factor de Sostenibilidad que introdujo la reforma de 2013 del Gobierno del PP y que, de haberse puesto en marcha, a partir de 2023 habría ligado la cuantía inicial de la pensión a la esperanza de vida en la edad legal de jubilación. En su lugar, el Gobierno ha activado un mecanismo que implica un alza durante 10 años (de 2023 a 2032) de las cotizaciones sociales en 0,6 puntos porcentuales para lograr ingresos adicionales que nutran el Fondo de Reserva -la hucha- de las pensiones de un colchón que podrá utilizarse de 2033 en adelante para ayudar a financiar el gasto en pensiones.
Lo cierto es que el MEI ha sido cuestionado desde distintos ámbitos empresariales y académicos. La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha advertido de que el mecanismo es insuficiente y perjudicará sobre todo a los más jóvenes, que tendrán que soportar una mayor carga fiscal. La sustitución del factor de sostenibilidad por el MEI "no contribuye precisamente a mejorar la equidad intergeneracional del sistema de pensiones", señala en un análisis reciente. Los propios técnicos de la Comisión Europea tienen dudas sobre esta medida por no considerarla verdaderamente efectiva para garantizar la equidad intergeneracional y van a pedir a España medidas extraordinarias en la segunda parte de la reforma de las pensiones, según fuentes conocedoras de los análisis preliminares del primer paquete de medidas que entró en vigor el pasado 1 de enero.
Lo cierto es que este mecanismo ha preocupado desde el minuto uno a la Comisión, que, tras un primer vistazo a las reformas del Plan de Recuperación, exigió al Gobierno español una evaluación ex-ante en la que demostrase, con datos, de qué modo el MEI va a garantizar la equidad intergeneracional y también de qué forma se adaptará a la presión de la demografía sin reventar las costuras del marco presupuestario. Previamente, en febrero de 2020, el Staff Working Document que dedicó la Comisión a España ya constataba que medidas como la vinculación de la cuantía de las pensiones a la inflación y la eliminación del mecanismo de sostenibilidad introducido en la reforma de 2013 supondrían un importante incremento del gasto a largo plazo. Y no solo eso, sino que al respecto de la equidad intergeneracional, las autoridades europeas también advirtieron del riesgo de beneficiar a los pensionistas actuales a expensas de las generaciones futuras, algo que pidieron modular adoptando medidas compensatorias en el marco de una nueva reforma de pensiones estructural.
Precisamente, Escrivá tiene pendiente la segunda parte de su gran reforma de las pensiones, donde está previsto que se adopten las medidas más complejas como el incremento del periodo de cómputo para el cálculo de la prestación. La sustitución del Factor de Sostenibilidad por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional no era un hito urgente, sino fijado para el 31 de diciembre de 2022. Los sindicatos exigieron introducir este cambio a la mayor celeridad y el ministro accedió, bajo el riesgo poner en peligro los fondos europeos. La Comisión no va a abordar formalmente la evaluación de este hito hasta que España haga efectiva la petición del segundo tramo de fondos NGEU, de 12.000 millones de euros, que también depende de la reforma laboral. La vicepresidenta económica ha acelerado esta solicitud, que acompañará de una adenda para pedir también 84.000 millones en créditos, tal y como adelantó La Información. Y es ahí donde España puede renegociar reformas pactadas y Bruselas puede exigir medidas adicionales.
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