Dos de dos. Bruselas ha corregido por segundo año consecutivo la información sobre el cierre presupuestario del ejercicio remitida por el Gobierno de España y si el año pasado le obligó a rebajar el déficit 'cargado' al ejercicio de 2018 en 0,15 puntos, éste año le ha obligado a agregar 0,19 puntos extra -alrededor de 2.000 millones de euros- al déficit público de 2019: finalmente las cuentas públicas de 2019 no se sumarán a la serie histórica con un resultado negativo del 2,64% sino como un 2,82%, mucho más lejos todavía del compromiso del 2% que se adquirió en su día de manera informal con las autoridades europeas.
La explicación que se ofrece desde el Ministerio de Hacienda es que este tipo de ajustes es habitual en el tira y afloja sobre la interpretación de la normativa contable que Europa tiene con sus países miembros y que en este caso se explica por dos factores muy específicos: un supuesto cambio de criterio de Eurostat a la hora de contabilizar los DTA (los activos fiscales diferidos concedidos a la banca), que le habría impedido finalmente al Gobierno de España apuntarse en 2019 unos ingresos que se habían incluido en principio en el cierre contable; y la concreción durante el pasado mes de marzo de una serie de devoluciones pendientes correspondientes al Impuesto de Sociedades del año 2018 para mejorar la liquidez de las empresas. Se trata de devoluciones que correspondía efectuar en 2019, pero que estaban pendientes de decisión por parte de Hacienda. Eurostat -organismo encargado de interpretar la normativa contable europea- ha considerado que pese a haber formalizado en marzo de 2020, corresponde imputarlas a 2019.
Más allá de 'technicalities', lo cierto es que tanto dentro del propio Ministerio de Hacienda como fuera muchos esperaban algún tipo de 'toque' por parte de Bruselas respecto al cierre presupuestario de 2019. Fuentes conocedoras de los vericuetos de la ejecución presupuestaria y con experiencia de Gobierno llevaban meses advirtiendo de un retraso artificial de la devoluciones de impuestos en el último tramo de 2019 al compás de la ralentización de la recaudación y de la concreción de los gastos asociados a los 'viernes sociales'.
La propia explicación proporcionada por el Ministerio de Hacienda admite que parte de esa desviación viene de devoluciones no practicadas correspondientes a una declaración tributaria del año 2018. Sea como fuera, Bruselas ha obligado al Gobierno a reconstruir su cierre contable del año 2019 y a llevar el déficit público oficial del año pasado al 2,82%, un punto por encima del 1,8% que negoció Calviño para 2019 nada más llegar el Gobierno socialista a La Moncloa para dar realismo a las previsiones presupuestarias heredadas del Gobierno Rajoy -que había pintado un déficit del 1,3% para 2019, y o,82 puntos por encima del objetivo revisado que el propio Gobierno remitió a la Comisión Europea a mediados de octubre, apenas dos meses y medio antes de echar el cierre al presupuesto.
En euros contantes y sonantes, esto significa que el desequilibrio presupuestario de las cuentas públicas españolas ha desbordado en 10.000 millones de euros lo que se estimó solo dos meses y medio antes de la finalización del ejercicio...y sin el efecto del Covid-19.
La Comisión Europea ya afeó el año pasado al Gobierno de España por sus maniobras para alterar el balance presupuestario del cierre del año. En aquel caso lo que ocurrió fue que el Ejecutivo cargó sin motivo al ejercicio de 2018 -en que había compartido gestión presupuestaria con el Gobierno del PP- más gastos de los que correspondía imputar a ese ejercicio, presuntamente para pasar a 2019 -en el que esperaban gestionar sus propios presupuestos, algo que finalmente no sucedió- con menores cargas presupuestarias. La estrategia no coló y Bruselas forzó al Gobierno a reducir el déficit declarado del 2,63% al 2,48% y cargar al ejercicio de 2019 unos 1.600 millones de euros de gastos que se querían cargar a 2018.
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