La Comisión Europea ha decidido poner bajo vigilancia la norma española que aspira a resolver el problema de la altísima temporalidad en las Administraciones Públicas y a ordenar la estabilización de cientos de miles de plazas de interinos que llevan lustros siendo ocupadas de manera irregular y contraria a las directivas europeas. La avalancha de denuncias de interinos contra lo que observan como un ERE encubierto de la plantilla de la Administración por parte del Gobierno a través de la norma y el historial español de incumplimientos a la hora de poner coto a la escalada de la temporalidad en el sector público han inclinado a los funcionarios de Bruselas a poner en el punto de mira el proyecto de Ley de de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público.
Así se señala de forma expresa en una carta enviada desde la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea, a la que ha tenido acceso La Información. El órgano europeo admite que ha recibido un gran número de denuncias por los presuntos abusos de la contratación temporal en la administración pública española, en particular por la situación de funcionarios públicos en situación de interinidad, y señala que "la Comisión está actualmente analizando los cambios introducidos en la legislación española y seguirá de cerca el futuro proceso legislativo con el objetivo de evaluar la conformidad del texto resultante con la Directiva Europea".
El Gobierno se ha visto obligado a regular la situación de los interinos en España después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) pusiera de manifiesto en una resolución firme el carácter abusivo de la utilización de esta figura en las Administraciones Públicas españolas, exigiera poner bajo control una situación que afecta a unos 800.000 empleados públicos y planteara la necesidad de indemnizar a los empleados públicos afectados por este comportamiento abusivo. La resolución decía más y encomendaba al Gobierno la resolución del asunto de manera acorde a la legislación nacional, lo que según la interpretación de los servicios jurídicos del Estado impediría la conversión automática en fijos que reivindica parte del colectivo.
Gobierno y sindicatos decidieron resolver el asunto - en contra de las reivindicaciones de los afectados - con un nuevo y masivo proceso de estabilización de plazas de interinos, que garantizaba una puntuación extra a los empleados que hubieran ocupado de forma temporal una plaza en la Administración durante varios años, pero que les 'condenaba' a opositar si querían aspirar a quedarse en la plantilla del sector público con todas las de la ley o incluso a recibir una indemnización. Se barajó la posibilidad de que la oposición no fuera eliminatoria para suavizar el proceso, pero finalmente se descartó nuevamente por las dudas que generaba respecto a la seguridad jurídica del proceso y su ajuste a lo establecido por el TJUE.
Las plataformas de defensa de los interinos entienden que este marco legal expulsará 'de facto' de la plantilla pública a miles de interinos que llevan en algunos casos más de 20 años desempeñando su trabajo en la Administración y con una indemnización mínima que no compensará, como exigía la sentencia del TJUE, el daño causado a los afectados.
El asunto es que el texto llegó al Congreso y los grupos políticos - particularmente ERC- forzaron al PSOE a aceptar algunos cambios en el texto para garantizar su tramitación parlamentaria. La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, que retomó las competencias en esta materia tras la crisis de Gobierno, se comprometió entonces a incorporar a la norma el principio de que las oposiciones no fueran eliminatorias y la posibilidad de hacer fijos sin necesidad de opositar a los interinos que llevaran más de diez años ininterumpidamente ocupando un puesto de trabajo en la Administración.
Cambiaban dos de los asuntos clave de los que, según fuentes de la negociación, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública entonces dirigido por Miquel Iceta había prescindido para blindar la seguridad jurídica de la norma gubernamental ante las dudas sobre su encaje en la normativa española. Este tema no es irrelevante ya que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea exigía que la solución que se diera a los interinos fuera acorde con la normativa nacional.
En otro giro de la situación el Gobierno ha optado por no incorporar esos dos aspectos al texto del proyecto de ley que se acaba de registrar en el Congreso de los Diputados y se ha limitado a adaptar la redacción del punto que regula los procesos de estabilización de interinos para abrir la puerta a que cada Administración Pública proceda como considere oportuno. Tanto el Ministerio de Hacienda como fuentes parlamentarias confirman que la idea es que esos aspectos se incorporen al texto a través del trámite de enmiendas, para el que los grupos parlamentarios disponen de momento de nueve días de plazo.
Fuentes sindicales consultadas por La Información manifiestan en privado sus dudas respecto a que las cesiones aceptadas por Montero para garantizar la tramitación parlamentaria de la norma en orden a suprimir el carácter eliminatorio de las oposiciones o a garantizar la fijeza a los interinos con más de diez años de antigüedad en el puesto se ajusten al marco normativo nacional, aunque admiten que no promoverán enmiendas en contra.
Fuentes del colectivo de interinos reconocen su inquietud por que el Gobierno no haya incluido los cambios en el texto del proyecto de ley y temen por el recorrido real del compromiso de la ministra de aceptar esas modificaciones que reflejan de alguna manera una parte de sus peticiones. Bruselas vigila para que todo el proceso se atenga a la legalidad.
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