Las cifras de beneficiarios potenciales del ingreso mínimo vital (IMV) persiguen al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, desde que la prestación se puso en marcha. Escrivá marcó como objetivo proteger a 2,3 millones de españoles a través de 850.000 prestaciones. No obstante, después de casi dos años desde que se efectuó el primer pago, el número de ayudas concedidas no llega ni a la mitad de lo que estimó el ministro, la cifra de beneficiarios es de algo menos de la mitad, según las cifras de Seguridad Social. De hecho, según las estimaciones de la Comisión Europea, la cifra es incluso inferior. Bruselas calcula que sólo el 28% de los beneficiarios potenciales del IMV lo recibió en 2021.
En las recomendaciones a España en el marco del semestre europeo, la Comisión recoge un análisis del Centro Común de Investigación en el que teniendo en cuenta datos a septiembre de 2021 cifra en el 28% los hogares vulnerables que reciben esta prestación, en relación con los beneficiarios potenciales. Según explican fuentes comunitarias a La Información, "este concepto de cobertura trata de captar la proporción de beneficiarios que obtienen la prestación sobre los que tienen derecho a ella, pero no desentraña las razones por las que no la obtienen (no aceptación individual, razones administrativas, etc.)". Por ello, apunta que España tiene todavía margen para ampliar la política de acción social que contribuya a reducir la pobreza.
En septiembre de 2021, los beneficiarios del ingreso mínimo vital ascendían a 799.203, según datos del Ministerio. Esto supone el 34% de los 2,3 millones que Escrivá fijó como objetivo. Si se tienen en cuenta el número de prestaciones, entonces eran 337.000, lo que supone el 39,6% de las 850.000 que estimó Seguridad Social que se podrían aprobar. Según los últimos datos facilitados por el Ministerio, "actualmente, el Ingreso Mínimo Vital llega a casi 450.000 hogares en los que viven más de 1,1 millones de personas". Fuentes del departamento de Escrivá justifican que "estas cifras coinciden con la línea del informe en las que se hace referencia en el potencial redistributivo de la prestación a medida que se avance su despliegue".
Desde Bruselas consideran que la cobertura del IMV todavía es "incompleta" aunque aseguran que si operase a su máximo potencial "el ingreso mínimo vital y el beneficio por hijo pueden reducir la profundidad de la pobreza". También señalan a las comunidades autónomas y critican que no han hecho cambios para complementar el ingreso mínimo vital con sus rentas de inserción, tal como estaba previsto. Fuentes de Seguridad Social explican que este tipo de políticas necesitan varios años para su despliegue, "todas las prestaciones vinculadas a rentas han tardado en implementarse 7/8 años". Además, añaden que "el Ingreso Mínimo Vital ha tenido en dos años un despliegue de casi el doble de personas y hogares que las rentas mínimas en dos décadas".
El despegue de la prestación topó con la burocracia. La documentación requerida y el proceso de solicitud impedían, durante los primeros meses, que el IMV llegase a los más vulnerables. La ampliación de los plazos y la colaboración de asociaciones del tercer sector han contribuido a mejorar la situación, pero todavía no es suficiente. Tal como publicó este periódico, las solicitudes rechazadas se han duplicado. Por otra parte, la gestión del ingreso mínimo recayó sobre una de las plantillas más mermadas de recursos en los últimos años, la de la Seguridad Social. De hecho, en la próxima oferta pública de empleo, Función Pública aprobará más de 1.000 plazas extraordinarias para este cuerpo administrativo y se centrarán, precisamente, en la gestión y tramitación de los expedientes de solicitud del ingreso mínimo vital.
Medidas de mejora
Para tratar de aumentar el número de beneficiarios, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha puesto en marcha varias medidas. Por ejemplo, la posibilidad de acreditar situaciones de vulnerabilidad, como el sinhogarismo o los vínculos entre solicitantes que comparten vivienda, por entidades del tercer sector. Para ello, se creó un registro de mediadores -entre los beneficiarios y la administración- que cuenta con 9 entidades registradas. También con organizaciones sin ánimo de lucro se han puesto en marcha itinerarios de inclusión para los beneficiarios del IMV.
Además, el Ministerio trata de encontrar cuáles son las razones por las que potenciales beneficiarios de la prestación no la solicitan. Con este objetivo, contrató una encuesta para localizar a entre 20.000 y 40.000 personas que, según datos del departamento de Escrivá podrían recibir la ayuda si la solicitaran. Además, Seguridad Social ha encargado a KPMG, Accenture y PWC cuatro informes que aborden la simplificación de las prestaciones no contributivas, un mapa de las políticas de inclusión en nuestro país, un manual del impacto normativo en inclusión y una comparativa de la definición de inclusión en distintos países.
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