La Comisión Europea ha desechado definitivamente la idea de imponer precios regulados para la electricidad generada por instalaciones nucleares o hidráulicas ya amortizadas bajo la reforma del mercado eléctrico. Era una de las peticiones de España y que más controversia ha generado. En concreto, la propuesta del Ejecutivo se sustentaba en que el regulador de cada país pudiera contratar con las centrales inframarginales energía a largo plazo mediante contratos por diferencias (CfDs) a precio fijo y orientados a costes.
"El diseño actual (...) ha proporcionado un mercado eficiente y bien integrado durante muchas décadas, pero las estrecheces globales de suministro y la manipulación de Rusia de nuestros mercados energéticos ha hecho que muchos consumidores afronten incrementos masivos en sus facturas", ha dicho en rueda de prensa la comisaria europea de Energía, Kadri Simson.
España es la principal defensora de acabar con el actual diseño marginalista del 'pool', mientras que una coalición de siete países, liderada por Alemania, aboga por un ligero ajuste ahora y una reforma más profunda con más tiempo. La Comisión, que ha trabajado su propuesta con las capitales y tendrá que negociar la versión final con los Estados miembros y con el Parlamento Europeo, rechaza así acabar con el sistema actual de fijación de precios marginalista en el mercado intradía, de forma que la tecnología más cara, generalmente el gas, seguirá marcando el precio del resto de formas de generación. No obstante, la Comisión promueve que se reduzca la exposición a ese mercado volátil, facilitando que, de facto, se pueda desacoplar el precio del gas del de la electricidad.
Bruselas plantea también que se exija el uso de contratos bidireccionales por diferencia para nuevas inversiones en generación con bajas emisiones de carbono que requieran financiación pública, con el fin de estabilizar los precios de la electricidad y frenar los ingresos excesivos de los productores de energía. Este tipo de contratos se dan entre un generador de electricidad y una entidad pública, normalmente el Estado, y estipulan que el vendedor pagará al comprador la diferencia en el precio de la energía desde el momento de la compra a la firma del contrato, por lo que supone una limitación para el generador, que recibe unos ingresos estables por la electricidad que produce.
En este sentido, lo que pretende el Ejecutivo comunitario es impulsar la liquidez de los mercados de contratos a largo plazo que fijan precios futuros y que permitirá a más proveedores y consumidores protegerse de precios excesivamente volátiles durante periodos más largos, mientras que las fuentes que se incluyen en estas nuevas inversiones son la eólica, la solar, la geotérmica, la hidroeléctrica y la nuclear. Las medidas que incluye el planteamiento de Bruselas van encaminadas a que las facturas de electricidad dependan menos de los precios de los combustibles fósiles al establecer un "amortiguador" entre los mercados a corto plazo y las facturas de electricidad que pagan los consumidores
Por otro lado, la propuesta también busca proteger a los consumidores de la volatilidad de los precios de los combustibles fósiles, darles mayores posibilidades de elección de contratos y un acceso más directo a las energías renovables, además de incentivar las inversiones en energías 'verdes' facilitando el acceso de los promotores a contratos a más largo plazo, que incluyen tanto contratos por diferencia apoyados por el Estado, como acuerdos de compraventa de energía en el ámbito privado, lo que se conoce como PPA (Power Purchase Agreement) en la jerga.
Reducir riesgos financieros
Para tal fin, Bruselas propone exigir a los Estados miembro que garanticen que los instrumentos para reducir los riesgos financieros asociados al incumplimiento por parte del comprador de sus obligaciones de pago a largo plazo sean accesibles a las empresas que se enfrentan a barreras de entrada en el mercado de los acuerdos de compra de energía y no atraviesan dificultades financieras. Asimismo, la reforma introduce la obligación de que los países den ayudas públicas para nuevas inversiones en generación de electricidad con bajas emisiones de carbono y que no utilice combustibles fósiles, en forma de contratos bidireccionales por diferencia. El objetivo es proporcionar condiciones de inversión seguras y estables para los promotores de energías renovables y de baja emisión de carbono, al tiempo que se reducen el riesgo y los costes de capital y se evitan los beneficios imprevistos en periodos de precios altos.
Por otro lado, estos instrumentos también serán clave para fomentar la estabilidad y la previsibilidad de los costes de la energía en toda la UE, lo que es crucial para mejorar la competitividad de la industria europea. Por último, la reforma propuesta reforzará la capacidad de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) y de las autoridades nacionales para supervisar la integridad y transparencia del mercado mayorista de la electricidad a fin de garantizar que los mercados se comporten de forma competitiva y que los precios se fijen de manera transparente.
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