La Comisión Europea presentará este miércoles, 9 de noviembre, su propuesta de reforma de las reglas fiscales comunes, que estará basada en la simplificación, una mayor implicación de los Estados miembros y una mejor aplicación en el marco de gobernanza. Estas intenciones ya fueron avanzadas por la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, el pasado mes de septiembre en su intervención en las Reuniones anuales de Bruegel, donde advirtió del reto que supone conciliar las "dos montañas" que la UE debe encarar: una de deuda y otra de inversiones.
En un contexto de postpandemia con un ratio de deuda pública en relación al PIB que se sitúa en el 94,2% en la eurozona, Bruselas acusa que el marco de gobernanza económica de la UE se ha vuelto "demasiado complejo y difícil de navegar", pues "se basa en indicadores inobservables y retrospectivos". La actual disciplina fiscal obliga a los Estados miembros a respetar los límites del 3% del PIB para el déficit público y de un 60% en la deuda, unos objetivos para los que países como España piden más flexibilidad y que la Comisión adapte las trayectorias a las circunstancias de cada país.
Desde que se lanzase el debate sobre la revisión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en octubre del año pasado, la Comisión ha mantenido discusiones con gobiernos y autoridades fiscales de los Estados miembros. En ellas, se reveló, según apuntó la propia Von der Leyen, que la implicación nacional ha sido demasiado baja y la aplicación no ha sido suficientemente eficaz.
Un año después de iniciar ese sondeo, llegan las conclusiones, en forma de orientaciones sobre posibles reformas. Así, la simplificación, una mayor implicación nacional y una mejor aplicación serán los rasgos definitorios de un marco mejorado, con el objetivo general de apoyar la sostenibilidad de la deuda y el crecimiento sostenible. Bruselas ha puesto sobre la mesa la posibilidad de avanzar hacia planes macrofiscales a medio plazo que establezcan trayectorias de gasto neto a lo largo de varios años y sean coherentes con la convergencia de la deuda hacia niveles prudentes.
Tampoco se descarta que estos planes incluyan compromisos de inversión y reforma que reflejen las prioridades nacionales y de la UE, así como orientaciones de alto nivel para los Estados miembro. Además, el Ejecutivo comunitario ya señaló el diseño, la gobernanza y el funcionamiento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia como un modelo útil a este respecto.
Mayor margen de maniobra
Para garantizar una mayor implicación nacional, una de las posibilidades que planteó Von der Leyen es conceder a los Estados miembros un mayor margen de maniobra a la hora de proponer trayectorias fiscales, siempre que se respeten los principios comunes de la UE, entre ellos la sostenibilidad de la deuda. Entre las posibilidades se baraja que los compromisos de reforma e inversión permitan un período de ajuste fiscal más largo, como forma de garantizar que la sostenibilidad fiscal y el crecimiento puedan reforzarse mutuamente.
De este modo, una mayor apropiación nacional 'ex ante' del diseño de las trayectorias fiscales se equilibrará con una mayor aplicación 'ex post' a nivel de la UE. Este es, en esencia, el acuerdo potencial que perfiló la presidenta de la Comisión. Todos ellos son elementos con una importancia notable de la implicación nacional, con los que Bruselas espera recabar un amplio apoyo entre los Estados miembros con el ánimo de exhortarles a avanzar hacia un entendimiento común que envíe también un mensaje tranquilizador a los mercados.
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