Recomendaciones del Semestre Europeo

Bruselas salva a Díaz del 'rapapolvo' a las políticas económicas del Gobierno

La Comisión Europea da un espaldarazo a las reformas laborales puestas en marcha por el actual Ministerio de Trabajo, mientras cuestiona la agenda fiscal y la subida de las pensiones con una inflación disparada.

El comisario europeo de Empleo, Nicolas Schmit, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
El comisario europeo de Empleo, Nicolas Schmit, y la vicepresidenta Yolanda Díaz.
Ministerio de Trabajo y Economía Social

"Nicolas Schmit ha felicitado a nuestro país por una reforma laboral que nos acerca a lo mejor de Europa y que hace del Diálogo Social su bandera". Con estas palabras, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, transmitía el buen feeling que le había trasladado el comisario europeo de Empleo sobre su reforma estrella en el marco del consejo informal de ministros del ramo de la UE celebrado en Burdeos a mediados de febrero. Tres meses después, la Comisión Europea da el primer espaldarazo oficial al nuevo marco de relaciones laborales español en sus recomendaciones del semestre europeo. Un aval que contrasta con los avisos que lanzan las autoridades europeas a España en materia fiscal y, en particular, en el ámbito de las pensiones públicas por el fuerte incremento del gasto que va a suponer la revalorización con una inflación disparada.

En sus recomendaciones para España, la Comisión pide al Gobierno que garantice en 2023 "una política fiscal prudente, en particular limitando el incremento de los gastos corrientes financiados a nivel nacional por debajo del crecimiento potencial a medio plazo". Con este objetivo, para el primer trimestre del año que viene recomienda al Ejecutivo español que lleve a cabo una reforma fiscal amplia que ponga el foco en los impuestos verdes y en el IVA, donde ve margen de subidas. Un planteamiento que contrasta con el de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que insiste en una estrategia fiscal que no contempla nuevos ingresos impositivos a corto plazo, tal y como ha reflejado en el nuevo Programa de Estabilidad 2022-2025.

Para el periodo posterior a 2023, Bruselas insta a España a "proseguir una política fiscal encaminada a lograr situaciones fiscales prudentes a medio plazo y garantizar una reducción gradual de la deuda que sea creíble y la sostenibilidad de las finanzas públicas". Y le avisa de que, aunque las reglas fiscales estén suspendidas, esto no implica una 'barra libre' en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que continúa vigente, ya que la cláusula general de escape "permite una salida temporal de los requisitos presupuestarios normales, siempre que ello no ponga en peligro la sostenibilidad fiscal a medio plazo". En este contexto, anuncia al Gobierno que en otoño de 2022 volverá a evaluar la pertinencia de proponer la apertura de procedimientos de déficit excesivo sobre la base de los datos de ejecución de 2021.

En paralelo, el paquete de primavera pasa de puntillas sobre la reforma de las pensiones, pero sí advierte de que está vigilante sobre el segundo bloque de medidas, con algunas tan polémicas como el aumento del periodo de cómputo, y el despliegue completo de herramientas como el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que ha sido cuestionado por el Banco de España en un análisis que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, consideró "poco sofisticado". Además, se muestra tajante sobre la revalorización de las nóminas con el IPC: avisa de que el incremento del gasto por la indexación a una inflación disparada se consolidará en la factura del sistema, por lo que demanda al Gobierno que adopte ya en 2022, en el marco del Plan de Recuperación, "medidas compensatorias" que mitiguen "los riesgos para la sostenibilidad fiscal a largo plazo".

El mensaje que traslada Bruselas en sus recomendaciones económicas sobre las medidas en materia fiscal y de pensiones contrasta con el análisis que realiza sobre las reformas laborales adoptadas por la vicepresidenta Yolanda Díaz. De hecho, el de Trabajo es el ministerio que mejor sale en la foto que realiza la Comisión en la documentación hecha pública este lunes. Aunque las autoridades europeas insisten en recordar que el mercado laboral español padece problemas estructurales, como la elevada tasa de desempleo, también destacan que las medidas puestas en marcha por Díaz están ayudando a mejorar esos puntos débiles por los que tradicionalmente Bruselas ha venido sacando los colores a España en los últimos años.

"Un cambio en el patrón"

En un comentario poco habitual en este apartado de las recomendaciones para España, la CE asegura que después del shock inicial de la pandemia, "la resiliencia del mercado laboral está apuntalando la recuperación" y constata que esto supone "un cambio en el patrón en comparación con crisis anteriores, cuando la destrucción de empleo superó la caída del PIB". Y aquí destaca el éxito del esquema de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) puesto en marcha a iniciativa de Yolanda Díaz para evitar la destrucción masiva de empleo. La Comisión asegura que los ERTE amortiguaron el impacto de la crisis de la Covid en el mercado laboral y "abrieron el camino para una rápida recuperación". "En contraste, durante la crisis de 2008-2013 la caída en el número de puestos de trabajo (-15,8%) fue casi el doble de la caída del PIB (-8,5%)", afirma el documento.

En su análisis, los técnicos bruselenses aseguran que las reformas laborales planteadas en el Plan de Recuperación permiten avanzar hacia unas condiciones de trabajo más justas, reduciendo la segmentación al limitar el uso de contratos temporales, mejorando la negociación colectiva, potenciando la recualificación y la empleabilidad gracias a las políticas activas de empleo y al Mecanismo RED (los nuevos ERTE), cerrando la brecha salarial de género, protegiendo a los repartidores de plataformas digitales y a quienes realizan actividades subcontratadas. Toda una alabanza a las políticas desplegadas por la vicepresidenta Díaz, que a ojos de la Comisión "tienen el potencial para lograr aumentos duraderos en la productividad y en el crecimiento potencial" y para reducir el desempleo.

El diagnóstico que hace Bruselas de la reforma laboral resulta especialmente llamativo porque se produce días después de que el Banco de España haya puesto negro sobre blanco en su último informe anual que la reducción de la temporalidad en los últimos meses "podría provenir tanto de la sustitución de empleo temporal por fijo como de la destrucción de empleo temporal". El supervisor recuerda que la reforma ha introducido límites más estrictos a la utilización de los contratos temporales, sin contemplar medidas para hacer más atractiva la contratación indefinida, e insta a analizar si induce a una mayor o menor rotación en el empleo, qué tipo de desarrollo profesional presentan los trabajadores que iniciaron su carrera laboral en una ETT y cómo ha afectado a los tipos de puestos de trabajo disponibles, pues ello a su vez tiene efectos sobre la clase de empresas que se crean y su productividad.

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