La transferencia de la gestión del ingreso mínimo vital (IMV) de la Seguridad Social al gobierno vasco está resuelta a nivel político. Así lo aseguran fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Desde el inicio, la ley del IMV contempla que puedan ser las comunidades autónomas quienes gestionen esta prestación, mediante la firma de convenios entre el Estado y el gobierno autonómico. La primera en haber logrado el acuerdo para su transferencia es el País Vasco y de hecho, los Presupuestos Generales del Estado de este año recogían la cesión de las funciones del INSS en relación al IMV para Navarra y Euskadi. Sin embargo, todavía no se ha hecho efectiva.
El presidente del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Andoni Ortúzar, criticó hace unas semanas que el asunto estaba bloqueado e instó a Moncloa a "desatascarlo". Ortúzar apuntaba a que en lugar de "transferencia", Escrivá ofrecía una "cesión". Sin embargo, desde el departamento que dirige José Luis Escrivá apuntan a que la transferencia será inminente una vez se resuelvan cuestiones técnicas relativas a la recogida de datos de los beneficiarios. En esta línea, deslizan que se trata de adecuar los sistemas informáticos para que se pueda reconocer a los beneficiarios y gestionar el pago de las prestaciones. Insisten en que "a nivel político" la transferencia está hecha.
Para cobrar el ingreso mínimo vital, los solicitantes tienen que cumplir una serie de requisitos en cuanto a renta y patrimonio que varían en función del número de personas que conforman la unidad de convivencia. Para verificar esa información, la Seguridad Social cruza datos con la Agencia Tributaria. Simplificar ese proceso y asimilarlo al que se produce en la actualidad entre el INSS y la AEAT es clave para la transferencia efectiva de esta ayuda para hogares vulnerables. Fuentes cercanas al INSS apuntan que todavía no han recibido indicaciones sobre los beneficiarios vascos del ingreso mínimo ni de la fecha en la que dejarán de gestionarlo.
Desde Seguridad Social añaden que se trata de resolver algunos flecos técnicos que se debatirán entre el gobierno vasco y el Ministerio de Política Territorial que dirige Isabel Rodríguez. Ambas autoridades se reunirán este miércoles para completar la cesión "íntegra" y "sin limitación temporal" del ingreso mínimo vital. El acuerdo está cerca, pero las fuentes consultadas subrayan que "todavía hay flecos por resolver". La consejera vasca de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, apuntó que el proceso "se está alargando demasiado".
Los últimos datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sobre el número de beneficiarios son del mes de diciembre. Entonces, de las 362.017 prestaciones reconocidas, 17.400 correspondían al País Vasco. Es decir, del total de IMV aceptados por la Seguridad Social, el 4,8% son de esa región. En total, 29.259 vascos y vascas reciben esta prestación y prácticamente un tercio, 11.000 personas la cobran además de la Renta de Garantías de Ingresos (RGI), una prestación autonómica que lleva en vigor varias décadas y que el IMV busca complementar.
Reto: encontrar más beneficiarios
El reto para el departamento de Escrivá sigue siendo el de llegar a potenciales beneficiarios que ni siquiera solicitan la prestación por desconocimiento. Por ello, el Ministerio licitó una encuesta, como publicó este periódico, para localizar a personas que cumplen con los requisitos del IMV para informarles y, si dan su autorización, tramitar la prestación. Además, se baraja la posibilidad de seguir flexibilizando los requisitos para ampliar el espectro de beneficiarios que por límites muy bajos están viendo sus solicitudes rechazadas.
En la misma línea, Seguridad Social puso en marcha un registro de mediadores para que a través de ONG se pudieran acreditar los requisitos de vulnerabilidad que establece la prestación. Desde su puesta en marcha, las organizaciones sin ánimo de lucro han sido una vía para la solicitud y la gestión del IMV para aquellas personas en situación de sinhogarismo. Por el momento, únicamente Cruz Roja está incluida en el registro, pero fuentes del Ministerio confían en que se vaya ampliando en los próximos meses.
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