Logroño, 30 jun.- Caja Rioja, una de las entidades que creó el Banco Financiero y de Ahorro (BFA), matriz de Bankia, ha sufrido una pérdida patrimonial neta contable de 118 millones de euros por el proceso de nacionalización de la entidad, de la que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) es ahora accionista único.
Lo ha explicado hoy el presidente del Consejo de Administración de Caja Rioja, Juan Antonio Fernández-Velilla, en una conferencia de prensa que ha ofrecido tras la celebración de la asamblea general ordinaria de la entidad.
A pesar de la "evidente pérdida patrimonial" de la entidad, ha afirmado, "la situación real tiene muchos más prismas a considerar" y que suponen, a su juicio, que "Caja Rioja está viva" al pertenecer a un grupo que está "extraordinariamente capitalizado" por la participación del Estado como principal accionista.
Además, ha afirmado, los rectores de la entidad tiene la voluntad de mantener su negocio bancario en La Rioja, su red de oficinas -mas de cien en La Rioja-, su número de empleados y los servicios que ofrece, entre ellos la dirección territorial norte de la entidad, con más de 70 trabajadores en Logroño.
Y, por otro lado, ha explicado que la obra Social de Caja Rioja tiene garantizado su presupuesto (2,5 millones de euros anuales), hasta 2015 aunque espera que ese plazo se prolongue.
No ha precisado la valoración de los activos de la entidad riojana, pero ha asegurado que eran "mejores que los de otros" y ha afirmado que el propio grupo BFA Bankia ha iniciado un procedimiento arbitral para conocer el valor patrimonial real de Bancaja.
Además, Caja Rioja, "junto a las otras cajas pequeñas" (Insular de Canarias, Laietana, Ávila y Segovia) han contratado a un despacho jurídico "de reconocido prestigio" para analizar "cuales pueden ser las acciones legales a las que esto puede dar lugar", sin perjuicio, ha dicho, de que luego cada entidad tome sus propias decisiones.
La Asamblea de la caja riojana ha acordado también reducir a la mitad las dietas que reciben todos sus consejeros -que pasan a ser de 140 euros como máximo- y suprimir todos sus órganos de dirección salvo el consejo de administración y la asamblea.
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