"Para pactar es necesario ceder, y no está de más reconocer que en esta ocasión quien más se ha movido desde su planteamiento inicial ha sido el Gobierno", admite un dirigente empresarial con amplia experiencia en el diálogo social. El acuerdo para prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) se daba por hecho entre el Ejecutivo y los sindicatos a última hora del miércoles, pero faltaba el visto bueno de la patronal, que no llegaría hasta el jueves a la hora de comer. Fuentes de la CEOE explican que para arrancar el apoyo unánime de la confederación empresarial han sido necesarias tres propuestas gubernamentales en diez días en los que ha sido clave la calculadora del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, el arquitecto de un novedoso y fino esquema de exoneraciones de cotizaciones sociales que tras varios retoques ha terminado por convencer a todas las partes.
Para entender los complejos mecanismos de exenciones que ha diseñado Escrivá hay que remontarse al mes de marzo, en pleno estallido de la pandemia. El Gobierno aprobaba una serie de medidas para flexibilizar los ERTE por fuerza mayor y hacía un llamamiento a las empresas a acudir a esta herramienta para ahorrarse costes laborales y evitar despidos a toda costa. La clave: el SEPE cubriría los sueldos de sus trabajadores y la Seguridad Social se haría cargo de las cotizaciones sociales. Con un matiz: desde el principio, el Ejecutivo se mostró partidario de dar mayor apoyo a las pequeñas empresas, al entender que las grandes compañías tendrían capacidad suficiente para capear esta crisis. Así se introdujo una fórmula pionera de exoneraciones que cubría el 100% de las cotizaciones en el caso de las empresas con menos de 50 trabajadores y el 75% en las de mayor tamaño.
Aquella solución se planteó de manera temporal, mientras se mantuviera la situación extraordinaria derivada de la Covid-19, de modo que los ERTE por fuerza mayor quedaban vinculados a la vigencia del estado de alarma y condenados a depender de las negociaciones para sus sucesivas prórrogas en el Congreso de los Diputados. Por eso el Gobierno acordó con sindicatos y patronal una ampliación de los ERTE acompasada a las distintas fases de la desescalada y fijó como límite el 30 de junio. Mantuvo las exoneraciones para la fuerza mayor e introdujo la fuerza mayor parcial para las empresas que pudieran ir retomando parte de su actividad, y ahí empezó a liberar de carga a la Seguridad Social, reduciendo gradualmente los porcentajes de exenciones para los meses de mayo y junio y bonificando en mayor proporción las cotizaciones de los trabajadores que se reincorporaran a la actividad que las de la parte de la plantilla que permaneciera en el ERTE.
Dejó abierta entonces una comisión de seguimiento tripartita que empezaría a reunirse cada miércoles para analizar la evolución de los ERTE por sectores y plantear la posibilidad de la extensión de la cobertura más allá del 30 de junio en caso de que fuera necesario, como así ha resultado. En las dos últimas semanas se han intensificado las negociaciones al aproximarse la fecha límite y no fue hasta ayer cuando salió la fumata blanca. Habemus pacto para alargar los ERTE hasta el 30 de septiembre y trae importantes novedades respecto a la prórroga anterior. Para lograrlo han sido necesarias varias propuestas del Gobierno, con diferencias notables en lo que se refiere a las exoneraciones. Entre el 14 y el 24 de junio Escrivá ha modificado el esquema de cobertura hasta en tres ocasiones y los cambios no son menores.
El pasado domingo, 14 de junio, el Ejecutivo remitía a los agentes sociales un primer planteamiento para la prórroga de los ERTE hasta el 30 de septiembre. La propuesta no convenció, por un lado porque tanto CEOE y Cepyme como UGT -CCOO se mostró más cercano al Gobierno en este punto- eran partidarios de llevar los expedientes hasta diciembre y por otro lado porque se planteaba una definición muy restrictiva de la fuerza mayor, privando a muchas empresas de la posibilidad de acogerse a esta causa. Se pusieron sobre la mesa hasta 14 porcentajes de exoneraciones distintos, manteniendo el 100% y el 75% para la fuerza mayor total y desagregando las proporciones para la fuerza mayor parcial en 12 tipos diferenciados, en función de si la empresa tuviera más o menos de 50 trabajadores, de si los mantuviera en ERTE o les recuperara y del mes en curso, reduciendo progresivamente la cobertura entre julio, agosto y septiembre.
Pasada la semana, el lunes 22 de junio llegaba otro borrador a los cuarteles generales de las organizaciones sindicales y empresariales. El Gobierno se seguía resistiendo a ampliar la causa de fuerza mayor total pero abría la posibilidad a exonerar los ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción a los que inevitablemente tendrían que transitar muchas empresas. Escrivá introducía otro cambio para acercar, sobre todo, la postura de los empresarios, manteniendo para los meses de julio, agosto y septiembre las exoneraciones intactas tanto en la fuerza mayor como en los ETOP. Eliminaba así la gradualidad, fijando para las empresas más pequeñas exenciones del 65% en los trabajadores activados y del 40% en los que siguieran en el ERTE, porcentajes que se reducían hasta el 45% y el 30%, respectivamente, en las compañías más grandes.
A quien no terminó de convencer ese último planteamiento fue a los sindicatos, que cuestionaron la filosofía del Gobierno, promovida al más alto nivel desde la vicepresidencia económica, de ayudar en mayor medida a las empresas que sacaran trabajadores del ERTE que a las que se vieran obligadas a mantener plantilla en suspenso. Y entonces llegó Escrivá con cambios en un nuevo borrador. Este miércoles, 24 de junio, diez días después de la primera propuesta, planteó el que sería el esquema definitivo, con una leve rebaja en las exoneraciones para los trabajadores reincorporados (60% en empresas pequeñas y 40% en grandes) y también en los que continúen en el ERTE (35% y 25%, respectivamente). Escrivá está convencido de que este sistema que premia a las empresas que vuelven a la actividad está ayudando en gran medida a la recuperación del empleo que ya se nota desde mayo.
ERTE por rebrote
La propuesta definitiva del Ejecutivo, que toma forma de Real Decreto Ley en el Consejo de Ministros de este viernes, incluye otras dos novedades que terminaron de convencer a los empresarios: se mantiene la fuerza mayor total, aunque las exoneraciones se van reduciendo de manera progresiva a lo largo del verano, siguiendo el mismo esquema de priorizar a las empresas más pequeñas en estas ayudas, y se introduce por primera vez la posibilidad de acogerse a un ERTE por fuerza mayor para las empresas localizadas en territorios que sufran rebrotes del virus y vean afectada su actividad por nuevas restricciones sanitarias. En este caso, en el último planteamiento se ofrecían exoneraciones del 80% en las empresas de menos de 50 trabajadores y del 60% en el resto, si bien Escrivá negaba ayer que se hubieran contemplado exenciones específicas para estos expedientes.
El ministro aseguró ayer durante la rueda de prensa conjunta con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para presentar el acuerdo alcanzado con los agentes sociales, que la que se aprueba este viernes es una norma "muy compleja y muy ambiciosa" y no tiene parangón en el entorno europeo, especialmente habida cuenta de que, en el caso de España, este esquema de protección se aplica "a una economía mucho más pequeña y más orientada al sector servicios". Por su parte, Díaz coincidió en destacar la "complejidad jurídica" y la extensión de este Real Decreto Ley, que por cierto deja la puerta abierta a que la comisión tripartita de seguimiento negocie nuevas prórrogas de los ERTE, por lo que no se descartan nuevos acuerdos en el diálogo social para prolongar algunas de las medidas adoptadas hasta finales de año.
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