El Gobierno ha decidido abrir la mano en los criterios de distribución de los 7.000 millones de euros públicos en ayudas no reembolsables destinadas a apuntalar la solvencia de empresas en problemas para evitar un conflicto con los gobiernos autonómicos y acelerar lo máximo posible el reparto de esas ayudas entre el tejido empresarial. El Consejo de Ministros de este martes ha dado luz verde a la modificación del texto inicial del Real Decreto de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial para habilitar la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan repartir esas ayudas no sólo entre el listado cerrado de 95 CNAE definido inicialmente por el Gobierno, sino también entre empresas de otros sectores que acrediten una situación problemática por los efectos de la pandemia.
El carácter cerrado y restringido de ese listado sectorial, que la Vicepresidencia Segunda construyó a partir de dos criterios objetivos, a saber que tuvieran más de un 10% de sus trabajadores protegidos por un ERTE y hubieran vuelto a la actividad menos de un 75% de los trabajadores bajo ese paraguas, fue criticado desde varias comunidades autónomas, que vieron como dejaba fuera sectores de gran importancia estratégica a nivel territorial, pero que no encajaban en esos parámetros como el del calzado en la Comunidad Valenciana o el bodeguero en La Rioja, por citar dos de los más emblemáticos dentro de ese grupo de 'sectores excluidos'.
Durante las últimas semanas, Hacienda y Economía han negociado con las comunidades autónomas el modo de resolver ese problema y se han puesto sobre la mesa diferentes soluciones como ampliar la lista de CNAE incluidos en el Real Decreto o reservar una parte de los fondos para rescatar empresas ajenas a ese listado. El Gobierno parece haber optado finalmente por una solución más general. Según la nota de prensa distribuida este mismo martes por la Vicepresidencia de Asuntos Económicos, la nueva redacción del Real Decreto permitirá a las diferentes comunidades autónomas actuar a la carta a este respecto, respetando siempre el principio de que se trata de empresas pertenecientes a sectores especialmente afectados por la crisis pandémica "atendiendo a la especificidades del tejido productivo de cada región y a los efectos que sobre sus empresas y trabajadores autónomos hayan podido tener las medidas de contención de la pandemia establecidas por cada región", es decir, adaptando las ayudas a las características regionales.
El Gobierno ha realizado una segunda concesión a las comunidades autónomas. El Real Decreto inicial restringía la posibilidad de canalizar las ayudas hacia empresas que hubieran tenido pérdidas en 2019. La restricción fue impugnada especialmente desde Baleares y Canarias, una parte de cuyo tejido empresarial ya se vio afectado en 2019 por un elemento estructural de importancia como fue la quiebra del mayorista Thomas Cook. Economía ha aceptado que de forma excepcional los fondos puedan llegar a empresas que cerraron con pérdidas el ejercicio de 2019.
La línea de ayudas directas de 7.000 millones de euros dispuesta por el Gobierno permitirá a las comunidades autónomas, a las que se ha encargado de la gestión de la misma, sufragar con entre 3.000 euros, en el caso de los autónomos, y 200.000 euros, en el caso de las empresas, un puñado de gastos asociados a la pandemia como facturas pendientes con proveedores, gastos de suministros, salarios, arrendamientos o gastos financieros, incluidos los préstamos con garantía estatal de la línea de avales del ICO.
Aplazamientos para deudas no tributarias
La modificación normativa aprobada este martes permitirá aplazar dos años las deudas no tributarias ni aduaneras que se tramitan en las delegaciones de Economía y Hacienda de las comunidades autónomas, como las derivadas de los retrasos en el reintegro de ayudas o de préstamos concedidas por las Administraciones Públicas. La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que con esta medida se quiere "agilizar" los aplazamientos para "garantizar la liquidez y solvencia de las empresas", como ya se hizo con las deudas tributarias y aduaneras, informa EFE.
Esta nueva medida afecta a las deudas derivadas del reintegro o desembolso de ayudas o préstamos concedidos por la Administración General del Estado (AGE) y distribuidas en las comunidades autónomas, así como a deudas cuya gestión corresponda a las delegaciones de Economía y Hacienda. Este nuevo mecanismo -que podrá solicitarse en los ejercicios 2021 y 2022 con independencia del periodo al que se refiera- permitirá aplazar las deudas un máximo de dos años desde su vencimiento y, una vez cumplido este plazo, fraccionar el pago a lo largo de otros dos años.
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