El Gobierno va a poder proporcionar un poco más de margen de maniobra a la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y al ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, para cerrar las negociaciones que mantienen en el marco del diálogo social con sindicatos y empresarios con el objetivo de alumbrar un remozado sistema de relaciones laborales y de modificar el sistema público de pensiones para hacerlo más sostenible a medio y largo plazo. Serán solo semanas, un trimestre a lo sumo, pero tal vez proporcionarán el oxígeno que necesitan unas negociaciones que en los últimos días han vuelto a encallar.
Tras una larga e intensa negociación llevada desde la Vicepresidencia de Asuntos Económicos, Bruselas se ha avenido finalmente a aceptar el 'timing' para estas reformas planteado desde el Gobierno de España y a aparcar su intención inicial de exigir que tanto la reforma laboral como la reforma de pensiones estuvieran plenamente operativas antes de liberar el primer tramo de 16.000 millones de euros de fondos europeos cuyo pago se prevé para el próximo mes de diciembre. Esto exigía tener resultados tangibles antes del verano, como la Comisión advirtió a España hace ya meses, y precipitar unas negociaciones ya de por sí complejas. El departamento de Nadia Calviño lleva desde hace meses intentando persuadir a los funcionarios de la Comisión de la necesidad de dar margen a la negociación para conseguir cerrar ambas reformas estructurales con el mayor grado de consenso posible y, según avanzan fuentes gubernamentales, ésa será la secuencia que se plasmará en la versión definitiva del Plan de Recuperación, si no hay cambios de ultimísima hora.
Las discusiones que el Gobierno de España y la Comisión Europea han mantenido en las últimas semanas dentro del preceptivo proceso de evaluación y análisis del Plan español de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que hace poco más de un mes presentó el presidente Pedro Sánchez y cuya aprobación se espera para la próxima semana, no se han limitado únicamente a los contenidos, sino que también han alcanzado al calendario de aplicación de las reformas que se comprometen en el mismo. El plan español incluía la referencia del año en que se "implementará" cada reforma, pero Bruselas exigía una definición más precisa del significado del verbo 'implementar' para determinar si se han cumplido o no los objetivos comprometidos y si corresponde o no liberar los tramos en que se ha dividido la asignación prevista para cada país dentro del Fondo europeo de Recuperación. La cautela que han impuesto los países de la Unión Europea al objeto de garantizar que los recursos transferidos van acompañados de la realización de las inversiones y las reformas previstas.
La cuestión a resolver era si una reforma se daba por 'implementada' una vez que el Gobierno la hubiera aprobado en el Consejo de Ministros, cuando ésta finalizara con éxito su trámite parlamentario o bien cuando comenzara a aplicarse de manera efectiva. Ejemplos hay en el pasado reciente que avalan la preocupación de los funcionarios europeos con este asunto. Ahí está la inoperante Ley de Unidad de Mercado, impuesta por Bruselas tras la anterior crisis, citada de manera recalcitrante en los informes de la Comisión sobre los déficit estructurales de España y que sobrevive en la normativa española sin que nadie le haga mucho caso.
En esta ocasión los puntos de fricción han sido la reforma laboral y la de las pensiones. La posición inicial de Bruselas era que España debía mostrar resultados tangibles en estos ámbitos antes del verano y tener plenamente operativas - en el sentido de presentadas, aprobadas y en vigor - ambas reformas estructurales antes de que tocara 'liberar' el primer tramo de 16.000 millones de euros de fondos europeos el próximo mes de diciembre. El Gobierno de España, por su parte, ha intentado dar más margen a la negociación y reflejar en el 'timing' del plan que tanto la reforma laboral como la primera fase de la reforma de las pensiones estarán aprobadas por el Gobierno este mismo año, al objeto de que estén ya operativas en 2022, lo que supone una pequeña dilación con la hoja de ruta de Europa.
"Nuestro objetivo es contar a principios de 2022 con un nuevo marco laboral que nos ayude a encauzar un crecimiento rico en empleo de calidad, con mayor estabilidad y mayores salarios". Nadia Calviño ya dio hace unas semanas alguna pista sobre el asunto al poner 2022 como referencia para la plena operatividad de la reforma laboral y de la primera fase de la reforma de las pensiones. No obstante, desde el Ministerio de Trabajo aún se confía en cerrar una propuesta de reforma a lo largo del mes de julio y aprobar a la vuelta del verano por Real Decreto Ley al menos la parte del león de la reforma, incluyendo la reducción del menú de contratos, la penalización de la temporalidad y los cambios en la negociación colectiva.
De más tiempo dispondrá el Gobierno para disponer otras reformas estructurales, como la que implantará un nuevo mecanismo de garantía de sostenibilidad en el sistema de pensiones - el llamado factor de sostenibilidad - o la reforma fiscal, para cuya dilación España no ha encontrado ningún obstáculo en la Comisión Europea, partidaria también de dilatar cualquier medida de reforma del sistema impositivo hasta que la recuperación económica esté suficientemente asentada.
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