Sábado, 23.03.2019 - 16:51 h
Más control sobre el mercado hipotecario

Calviño difiere los nuevos 'superpoderes' del BdE para atacar hipotecas de riesgo

El supervisor espera desde hace dos meses el ok de Economía para activar el marco que le permitirá actuar sobre la política de crédito de los bancos.

Pablo Hernández de Cos y Nadia Calviño / EFE
Calviño difiere los nuevos 'superpoderes' del BdE para atacar hipotecas de riesgo. / EFE

"Resulta necesario y urgente atribuir al Banco de España la capacidad para limitar la asunción de riesgos a nivel sectorial (en el sector financiero, se entiende), restringiendo la exposición a un sector determinado en el que se concentran los riesgos". Con este párrafo, escrito con un ojo puesto en la turbulenta historia reciente del mercado hipotecario español y el otro en las constantes apelaciones de la Comisión Europea y los organismos internacionales para que España habilite  "herramientas más efectivas para abordar los riesgos asociados a las exposiciones inmobiliarias", justificaba el Ministerio de Economía hace algo más de dos meses la urgente y extraordinaria necesidad de la aprobación de un Real Decreto Ley para 'armar' al Banco de España con nuevos poderes para intervenir en el mercado crediticio cuando observe la gestación de riesgos que potencialmente puedan desequilibrar a la economía en su conjunto, lo que últimamente se ha venido definiendo como 'herramientas macroprudenciales'.

Sin embargo, la "extraordinaria y urgente necesidad" del asunto parece haber decaído desde el momento en que el Real Decreto Ley fue publicado en el BOE el pasado 18 de diciembre. El texto sentaba la base jurídica para que el Banco de España pudiera intervenir sobre la política crediticia de una entidad particular o del sector bancario en su conjunto -a día de hoy solo puede formular recomendaciones- cuando detectara un nivel de asunción de riesgos inquietante para el balance de la entidad, para el equilibrio del sector financiero o para la economía en su conjunto.

La activación efectiva de este nuevo marco requiere, no obstante, de un paso más. El Ministerio de Economía debe habilitar de forma explícita al Banco de España para que elabore una circular en la que se deje claro a los afectados -las entidades financieras- bajo qué circunstancias y de qué modo el Banco de España hará uso de ese nuevo perímetro competencial que el Ministerio de Economía de Nadia Calviño parece dispuesto a proporcionar al regulador.

En el Banco de España llevan dos meses esperando el ok del Ministerio de Economía para ponerse manos a la obra, pero éste no termina de llegar y la actual situación política, con elecciones generales a la vista en dos meses, ha hecho que se enciendan las alarmas. Hay temor a que el asunto se dilate durante meses y a que el regulador continúe teniendo que actuar con munición de fogueo durante más tiempo del aconsejable.

Fuentes del regulador recuerdan, en este sentido, que la publicación de una Circular del Banco de España no es un proceso sencillo precisamente y que su promulgación definitiva puede tardar meses, ya que en primer lugar se requiere un proceso de 'consulta pública previa' para trasladar a los agentes afectados las líneas maestras de lo que se quiere regular y escuchar sus aportaciones, después debe redactarse ya con esa información en las manos un primer proyecto de circular que vuelve a someterse a consulta pública, hay que recibir y evaluar jurídicamente las aportaciones de los afectados y finalmente publicar un texto definitivo.

Según ha podido saber La Información, el contexto político no es el único de los obstáculos. Las reuniones entre técnicos del Ministerio de Economía y del Banco de España para avanzar en la puesta en marcha del nuevo 'marco macroprudencial' han puesto de manifiesto la existencia de dudas jurídicas sobre la validez legal del Real Decreto Ley promulgado por el Gobierno para ampliar las atribuciones de supervisión prudencial que la Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades de Crédito de 2014 concedió al Banco de España.

Fuentes conocedoras de esos contactos aseguran que es ese umbral de incertidumbre sobre el sostén jurídico real de la reforma amparada por el Ministerio de Economía el que ha entorpecido el normal desarrollo de una reforma que tanto el Banco de España como los observadores internacionales llevaban años esperando.

Control total sobre la política crediticia de la banca

En concreto, lo que prevé la norma redactada por el Ministerio de Economía es reforzar las competencias del Banco de España e investir al regulador de la potestad de fijar los parámetros de mercado que los anglosajones denominan 'borrowing base' cuando vea que el mercado se desliza hacia posiciones inquietantes. Esos parámetros son, básicamente, el porcentaje del valor real de un activo que se puede financiar con un crédito -conocido como 'loan to value'-  y el volumen de endeudamiento máximo sobre los ingresos que se puede asumir antes de concederlo a un cliente bancario.

El asunto está lejos de ser una cuestión menor. El denominado 'loan to value' -el porcentaje financiado sobre el valor total de, por ejemplo, un inmueble- alcanzó celebridad en los primeros compases de la crisis financiera cuando el Banco de España a través de la circular 6/2008 obligó a las entidades financieras a informar sobre el volumen total de créditos hipotecarios concedidos y segmentarlos en función de su LTV, como cauce para ponderar el perfil de riesgo de cada entidad

Se pretendía detectar la cifra de préstamos concedidos que cubrían más del 80% del valor del activo -considerado el umbral más alto de una política crediticia razonable-, en un contexto en el que las entidades financieras llevaban años compitiendo con ofertas comerciales que ofrecían financiar el 100% del valor del inmueble.

La maniobra llegó tarde, aunque en cualquier caso el Banco de España no hubiera tenido herramientas para obligar a los bancos a sujetarse a parámetro alguno. El nuevo 'marco macroprudencial' permitirá en el futuro al regulador restringir la política crediticia de las entidades cuando se entienda que no es adecuada, incluso impidiendo conceder préstamos que cubran una parte excesiva del valor del activo o financien a un cliente con un perfil de riesgo elevado por su situación financiera.

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