La inflación "es el principal reto para la economía española". Así lo ha reconocido la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que se han actualizado algunas magnitudes del cuadro macroeconómico. Entre ellas, destaca el aumento del deflactor del consumo privado hasta el 7,8%. Este es el indicador más cercano al índice de precios al consumo (IPC) publicado por el Ejecutivo, ya que, como ha explicado Calviño, "es el Banco de España quien elabora previsiones para la inflación". En cualquier caso, la vicepresidenta ha puesto el foco en el aumento de los precios, impulsado por el encarecimiento de la energía, pero que ya se ha trasladado a la mayoría de productos de la cesta de la compra.
El Gobierno ha rebajado sus expectativas con respecto al consumo privado, que pasa del 4% del mes de abril al 3%. Tal como publicó este periódico, instituciones como la Comisión Europea o el Banco de España habían publicado previsiones más modestas para el consumo. No obstante, tal como ha explicado la vicepresidenta, el Ejecutivo prevé un mejor comportamiento de las exportaciones y de la inversión en bienes de equipo (+12,6%). Estas cifras han llevado al departamento económico a mantener la previsión de crecimiento para este año, en el 4,3%. Se trata de la previsión más optimista de entre las instituciones que realizan este tipo de cálculos.
Tanto el Banco de España (4,1%), como la Comisión Europea (4%) y también la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) prevén crecimientos por debajo del indicado por Calviño, aunque están en la línea del 4%. El Ejecutivo sí ha revisado el crecimiento previsto para 2023 y lo ha rebajado en ocho décimas hasta el 2,7%. La justificación que ha dado la vicepresidenta es que los altos precios de la energía y el endurecimiento de las condiciones monetarias provocarán una desaceleración de la economía. Esta cifra es ligeramente inferior a la que prevé el supervisor bancario (2,8%) y está por encima de la que estima Bruselas (2,1%). El Gobierno también ha revisado la tasa de paro del próximo año, tres décimas al alza, hasta el 12%, frente al 11,7% que calculó en abril.
"La evolución de la economía ha estado marcada por el impacto de la pandemia al que se ha unido el impacto del injustificado ataque de Rusia sobre Ucrania", ha resumido Calviño. Ante el contexto actual, de "fuertes presiones inflacionistas, España mantiene un fuerte crecimiento con factores diferenciales con respecto al pasado y que se explican por la diferente respuesta que hemos dado a la pandemia y a la guerra", ha defendido. A la espera de que el Instituto Nacional de Estadística (INE) publique este viernes el comportamiento económico del segundo trimestre, Calviño ha asegurado que "todos los indicadores apuntan a un fuerte crecimiento económico entre abril y junio".
La vicepresidenta ha afirmado que "el Plan de Recuperación ya ha alcanzado la velocidad de crucero" y confía en que el "extraordinario aumento de las inversiones" tenga un efecto contracíclico en la economía española y compense el impacto de la guerra y de la inflación. El Ejecutivo confía en que la demanda nacional continuará impulsando el crecimiento económico el próximo año, con una aportación de 3,3 puntos, apoyada por el dinamismo de las inversiones, que crecerán un 6,6%. En cambio, prevén un deterioro de 0,7 puntos para las exportaciones.
Estos indicadores son los que ha incluido el Ministerio de Asuntos Económicos en el Informe sobre la Situación de la Economía Española que ha remitido al Ministerio de Hacienda y Función Pública y que se toma en consideración para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado. El Consejo de Ministros también ha aprobado el techo de gasto para las próximas cuentas públicas. Se trata de una cifra récord, de 198.221 millones de euros.
Pese a este incremento en el gasto público, el Ejecutivo mantiene la previsión de déficit en el 5% del PIB. El Gobierno también ha decidido elevar en dos décimas la tasa de referencia de déficit de las CCAA (del 0,1 al 0,3%), unas cifras que serán asumidas por la Administración Central (que pasa del 3,4 al 3,2%). El objetivo es que los gobiernos autonómicos tengan una mayor capacidad de gasto y puedan prestar unos servicios públicos esenciales.
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