"Somos conscientes de la situación. A partir del lunes esperamos despidos y ajustes de plantilla en las empresas, pero tenemos que modular bien nuestra reacción y adaptar las medidas a lo que se necesita en cada momento. Esto no se va resolver todo en un Real Decreto. Habrá más iniciativas en las próximas semanas para responder a las situaciones según se vayan dado". En Moncloa se entiende la sensación de inquietud de los agentes económicos por la demora en la aplicación de las medidas paliativas a la situación creada por la crisis del coronavirus a trabajadores, profesionales y empresas y la ausencia de una respuesta legislativa contundente al inevitable parón económico que se derivará de la declaración del 'estado de alarma' y el confinamiento general de la población, pero se quiere priorizar la 'calidad' de las medidas, que beneficien a los colectivos realmente más afectados y que sean aplicables de inmediato en el momento en que sean aprobadas.
De telón de fondo episodios como lo sucedido con la consideración por parte de la Seguridad Social de las bajas causadas por los periodos de aislamiento y cuarentena de los trabajadores no infectados por el coronavirus, que ha exigido de tres ajustes regulatorios, con cambios sustanciales de criterio incluidos, en un plazo de una semana por la precipitación en la respuesta inicial por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Desde el Gobierno se asegura que el paquete de medidas económicas anunciado para el martes no será el último y que habrá más medidas según la situación vaya avanzando y vaya generando nuevos desafíos a la política económica.
Pero hay más capas que explican la contención del Gobierno a la hora de embridar las consecuencias sobre la economía de la crisis. Una de ellas, admiten desde el Ministerio de Economía, es la reunión extraordinaria y por videoconferencia que este lunes celebrará el Eurogrupo, el club que reúne a los responsables económicos de todos los países del euro, en la que la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, tiene la intención de defender una respuesta fiscal contundente de nivel europeo contra la crisis o, en otras palabras, que la UE mutualice los costes de la misma para evitar que su factura castigue más a las economías mediterráneas que a las del centro de Europa, como ya sucedió en la crisis económica y financiera de 2008-2012.
El asunto es crítico para España entre otras cosas porque su margen de maniobra fiscal es limitado. Con la deuda en el 96% del PIB y una déficit público que en el cierre de 2019 estará probablemente más cerca del 3% que del 2%, el Gobierno no se puede permitir un esfuerzo fiscal extraordinario como el que el Gabinete Zapatero hizo en 2009 y cuyas consecuencias aún arrastran hoy las cuentas públicas. La respuesta de la Comisión Europea abrió la mano para que los países pudieran responder a la crisis sin tener que estar mirando de reojo si su déficit supera o no esa frontera 'maldita' del 3%, pero no garantizó mucha más cobertura a los esfuerzos fiscales de los países. "Está bien que Bruselas no considere ese gasto extra como déficit a efectos del control presupuestario de los países, pero el Tesoro seguirá teniendo que financiar en los mercados el déficit extra en que incurra el Gobierno y es seguro que a un coste mayor que como lo ha venido haciendo hasta ahora", advierte el economista José Carlos Díez. La prima de riesgo que paga la deuda española sobre la alemana ha pasado en un semana de 60 puntos a más de 130 puntos...
Suavizar el camino hacia la recesión
Los analistas consultados por La Información ya descuentan que la crisis del coronavirus llevará a España a la recesión económica y advierten que de la respuesta del Gobierno dependerá en buena medida no sólo la rapidez con la que España pueda salir de esa destrucción de actividad y empleo, sino también que esa recesión no se convierta en un depresión. El Gobierno se resiste a hablar de recesión, aunque ya admite que el impacto económico de la crisis del Covid-19 será de gran envergadura, como dijo el presidente del Gobierno en su intervención del sábado por la noche para anunciar a los españoles la declaración del 'estado de alerta' en España. Fuentes gubernamentales avanzan que el principal objetivo del paquete de medidas económicas del martes será "paliar la destrucción de tejido productivo en España" lo que de alguna manera ya asume que España no saldrá de esta crisis igual que estaba antes.
"Es difícil de estimar cuál será el coste final de esta crisis, ya que dependerá de cuánto se prolongue la situación actual", explica María Jesús Fernández, analista de Funcas, "pero ya está claro que dejará cicatrices permanentes tanto en el empleo como en la actividad económica. Habrá puestos de trabajo y probablemente proyectos empresariales que no sobrevivirán a esta crisis".
"Vamos a una situación como la de 2009, o incluso peor porque se ha desencadenado en menos tiempo", alerta José Carlos Díez. "Y ya se ha filtrado a los mercados financieros lo que quiere decir que o hay una respuesta rápida y contundente a la crisis o lo que puede venir puede tener consecuencias muy importantes". "Sí, el parón de la actividad puede ser igual de intenso que en 2009", subraya María Jesús Fernández. "Si la crisis se supera dentro de tres meses como parece ser que todos esperan el daño podrá contenerse, pero si se prolonga por más tiempo la situación puede parecerse a la de aquella crisis".
Ambos coinciden en que en un momento como el actual lo esencial es garantizar la liquidez de las empresas, especialmente del tejido de pequeño y mediano tamaño y de los autónomos, así como flexibilizar los ajustes de plantilla de las empresas y el pago de cotizaciones sociales, como cauces de urgencia para garantizar la viabilidad de los proyectos empresariales y evitar que se destruya tejido productivo. "Pero todas esas medidas tienen un coste fiscal y hay que modularlo porque nos podemos encontrar con un problema que podemos arrastrar durante años", advierte la analista de Funcas.
Modular el coste presupuestario de la respuesta a la crisis
Fuentes gubernamentales y del diálogo social confirman a La Información que la 'cumbre' entre Gobierno y agentes sociales del pasado jueves concretó la toma de control de la vicepresidenta económica sobre la coordinación de la acción del Ejecutivo en materia económica y laboral y que la primera consecuencia de ello fue que la dilación de las posibles iniciativas que en los últimos días los diferentes ministerios habían ido anunciando hasta pasar el examen de la Dirección General de Política Económica del Ministerio como paso ineludible antes de aterrizar en el Consejo de Ministros para su posible aprobación.
Fuentes del diálogo social explican a partir de este nuevo orden de cosas que medidas como la flexibilización de los ERTE o la nueva prestación para dar cobertura a los trabajadores 'obligados' por las medidas preventivas de cierre de colegios o centros de la tercera edad a quedarse en casa para cuidar de sus familiares, que venían con el aval del acuerdo de empresarios y sindicatos y que éstos esperaban ver aprobadas de forma inmediata, no se aprobaran dentro del primer paquete de medidas aprobado por el Gobierno el pasado jueves.
El propio presidente de CEOE, Antonio Garamendi, admitió en la rueda de prensa posterior a esa reunión que alguna de esas medidas no se habían incluido en el primer gran 'pack' de medidas económicas del Ejecutivo porque éste entendía que era necesario afinar su formulación jurídica para evaluar de forma precisa el coste económico que podrían tener. Una revelación, confirmada por fuentes sindicales, que arramblaba con el argumento oficial esgrimido desde diferentes áreas del Gobierno que apunta que no se aprobaron para negociarlas con más profundidad dentro del diálogo social.
Desde el pasado jueves, y bajo la coordinación de Economía, un grupo de alto nivel conformado por secretarios de Estado de la Vicepresidencia de Asuntos Económicos y los ministerios de Hacienda, Trabajo e Inclusión y Seguridad Social vienen trabajando para perfilar las medidas de modo que sirvan a ese doble objetivo de contener las grietas que la crisis está causando en la situación de empresas y trabajadores y no tense en exceso las costuras de las cuentas públicas. El objetivo es tener rematada para el martes un paquete de propuestas para su debate en el Consejo de Ministros que debe aprobar en parte o al completo ese pack legislativo.
Fuentes del Gobierno admiten que tanto la flexibilización de los ERTE como el reconocimiento del 'deber inexcusable' a los trabajadores que se tengan que quedar en casa cuidando de sus familiares encallaron en el preceptivo proceso de evaluación que todas estas medidas tienen que pasar tanto en el Ministerio de Hacienda como en el Ministerio de Economía para testar sus potenciales efectos presupuestarios y sus previsibles impactos sobre la actividad económica. En el área económica del Gobierno admiten que preocupa 'pasarse de frenada' en el paquete de medidas paliativas de los efectos económicos del coronavirus y generar un problema presupuestario difícil de manejar cuando pase la crisis.
La primera oleada de medidas del Gobierno confirma esa cautela. Pese a que desde el Ejecutivo se 'vendió' el pack de medidas de emergencia como un esfuerzo de 18.000 millones de euros, lo cierto es que el esfuerzo presupuestario real que había detrás de las medidas aprobadas no superaba los 1.000 millones de euros.
Una respuesta "tardía y deslabazada"
Fuentes de CEOE no ocultan su tranquilidad por el hecho de que la vicepresidenta económica se haya puesto al mando de las operaciones para paliar los efectos del coronavirus sobre la economía. Recuerdan, en este sentido, que la respuesta gubernamental a la crisis comenzó con una guía editada por el Ministerio de Trabajo en la que, según su perspectiva, "se animaba a los trabajadores a forzar la suspensión de la actividad de las empresas al menor indicio de posible contagio".
En el mundo empresarial tampoco ha sentado nada bien la demora del Gobierno a la hora de aprobar la flexibilización de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, que esperaban para el pasado jueves y que ahora confían en poder ver aprobada este martes. Garamendi trasladó al Ejecutivo la importancia crítica de esta medida para evitar que empresas de pequeño tamaño -particularmente del sector del transporte y del turismo- acabaran echando el cierre por incapacidad para abonar las nóminas de sus trabajadores y tras su no inclusión en el paquete de medidas del jueves trasladó al Gobierno su malestar con el asunto.
En el ámbito empresarial incomoda también la incertidumbre y la percepción de falta de planificación que se percibe detrás de las iniciativas gubernamentales. Se menciona, en este sentido, la demora en la aplicación de medidas frente a lo anunciado, la incertidumbre sobre las ya aprobadas -como ha ocurrido con la consideración como baja de incapacidad temporal por contingencias profesionales de los periodos de aislamiento o cuarentena de trabajadores no infectados, que ha requerido de hasta tres comunicaciones de Seguridad Social hasta aclarar su modo de aplicación- y las diferencias sustanciales entre cómo se anuncian las medidas y cómo quedan finalmente reflejadas en la ley, como ha ocurrido con los aplazamientos en los pagos de impuestos para pymes y profesionales, que en principio iban a ser sin coste alguno por un periodo de seis meses según se anunció pero que el BOE ha especificado que sólo serán 'gratuitos' durante los tres primeros meses.
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