Poco a poco, retoque a retoque, la ministra de Economía, Nadia Calviño, está apuntalando un esquema reforzado de garantías y controles bancarios para evitar que España vuelva a enfrentarse en el futuro a una crisis hipotecaria como la que dejó la economía al borde del KO entre 2008 y 2013. Su última iniciativa pasa por reforzar la capacidad de actuación del Banco de España de modo que no solo pueda alzar la voz y realizar recomendaciones cuando entienda que alguna entidad financiera, o el sector en su conjunto, está asumiendo un riesgo excesivo en su política de concesión de préstamos sino que pueda intervenir de forma efectiva sobre la entidad o el sector para fijar parámetros que permitan contener esos riesgos o eliminarlos por completo, según han confirmado a La Información fuentes financieras.
La intención del Ministerio de Economía es sustanciar ese refuerzo competencial en la norma que acompañará y dará sostén jurídico a la creación de la Autoridad Macroprudencial, uno de los organismos independientes impulsados por Europa tras la gran crisis financiera y cuyo cometido específico será revisar y supervisar de forma permanente la evolución de los riesgos que afecten el normal funcionamiento del sector financiero doméstico para emitir alertas tempranas y realizar recomendaciones para contener su desarrollo.
El borrador de Real Decreto ya circula por el sector, se remitirá al Consejo de Estado en las próximas semanas y según las fuentes consultadas Economía prevé su aprobación para el primer trimestre de 2019.
Algunos países europeos han dotado a esa Autoridad Independiente de la capacidad para intervenir sobre la política crediticia de las entidades financieras cuando se detecte que ésta puede acarrear un nivel riesgo inasumible, pero Nadia Calviño ha optado por hacer descansar esas competencias en el Banco de España.
Un poder reforzado para el Banco de España
En concreto, lo que prevé la norma redactada por el Ministerio de Economía es reforzar las competencias del Banco de España e investir al regulador de la potestad de fijar los parámetros de mercado que los anglosajones denominan 'borrowing base': básicamente, el porcentaje del valor de un activo que se puede financiar con un crédito y el volumen de endeudamiento máximo sobre los ingresos que se puede asumir antes de concederlo a un cliente bancario. A día de hoy el Banco de España solo puede realizar recomendaciones pero no tiene capacidad de actuar.
La cuestión no es menor. El denominado 'loan to value' - el porcentaje financiado sobre el valor total de, por ejemplo, un inmueble - alcanzó celebridad en los albores de la crisis financiera cuando el Banco de España a través de la circular 6/2008 obligó a las entidades financieras a informar sobre el volumen total de créditos hipotecarios concedidos y segmentarlos en función de su LTV, como cauce para ponderar el perfil de riesgo de cada entidad.
El valor máximo recomendado para este parámetro es del 80%, pero antes de la crisis financiera casi todas las entidades financieras del país realizaron campañas comerciales en las que se ofrecía la posibilidad de financiar hasta el 100% de la compra de vivienda. Entonces, el Banco de España solo pudo alertar sobre la proliferación de este tipo de créditos, en el esquema que Economía tiene en mente el Banco de España podrá intervenir en el mercado para asegurar que se cumple ese parámetro e identificar y sancionar a las entidades que no lo cumplan.
Algo similar ocurrirá con los parámetros para medir el volumen de endeudamiento sobre los ingresos totales asumibles para conceder un crédito. La recomendación estándar es que el endeudamiento financiero no debe superar el 40% de los ingresos del prestatario, pero este techo también se ha superado en el pasado con regularidad en la concesión de préstamos a particulares y empresas con consecuencias bien conocidas para la estabilidad financieras de las entidades. Economía dará al Banco de España capacidad para intervenir también sobre este parámetro.
La otra herramienta 'macroprudencial' que Calviño quiere poner en manos del Banco de España es la capacidad para obligar a las entidades a activar los conocidos como colchones de capital anticíclicos - una suerte de hucha para situaciones de emergencia -. El perímetro actual de competencias del Banco de España le habilita para decretar la obligación de dotar esos sistemas de cobertura, pero no para forzar su aplicación.
A la espera de lo que suceda en la tramitación del proyecto, el plan de Calviño pasa por depositar en el Banco de España la responsabilidad de controlar el adecuado funcionamiento del mercado hipotecario y adoptar las medidas correctivas que estime necesarias, dentro de un esquema general de incrementar los controles sobre el sector financiero.
Todo el sector financiero bajo control
El control reforzado del mercado hipotecario que el Gobierno pretende hacer descansar en el Banco de España es solo una vuelta de tuerca más en una ofensiva del Ejecutivo para extremar el control sobre el sector financiero para que no vuelva a tener los problemas del pasado.
En esa línea se enmarca también la disposición incluida en el proyecto de reforma de la Ley Hipotecaria para restringir los incentivos salariales vinculados a la colocación masiva de préstamos hipotecarios tan populares antes de la crisis. El artículo 16 del proyecto legal - aún en tramitación - establece que "la política remunerativa, responsabilidad última del órgano de administración, será compatible con una gestión sana y eficaz del riesgo, promoverá este tipo de gestión y no ofrecerá incentivos para asumir riesgos que rebasen el nivel de riesgo tolerado por el prestamista". La ley hace descansar, además, en el Consejo de Administración de las entidades que la política de remuneración de sus empleados responda a estos parámetros.
Control sobre la política hipotecaria de las entidades, sobre sus esquemas de remuneración y también sobre las cláusulas introducidas en los contratos hipotecarios, como se encargó de dejar bien claro la ministra de Economía, Nadia Calviño, al calor del debate sobre la potencial repercusión o no del coste extra de los Actos Jurídicos Documentados sobre los contratos de créditos hipotecarios que se firmen a partir de ahora. Economía impulsará la Autoridad Independiente de Defensa del Usuario Financiero y supervisará que la justicia de todas las cláusulas que se incluyan en estos contratos.
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