En los programas de fomento del empleo

Calviño y Díaz chocan por la ayuda a los parados que contrata la Administración

Los ministerios de Economía y Hacienda frenan una maniobra de la ministra de Trabajo para blindar una actualización anual del 1,5% en las subvenciones públicas a los programas de acceso al empleo.

Nadia Calviño y María Jesús Montero, por delante de Yolanda Díaz.
Nadia Calviño y María Jesús Montero, por delante de Yolanda Díaz.
EFE / Chema Moya

En el año 2019 más de 100.000 desempleados aprendieron un oficio percibiendo un sueldo por ello o desarrollaron algún tipo de actividad laboral retribuida gracias a los llamados programas comunes de inserción laboral desarrollados por el SEPE en colaboración con los servicios regionales de empleo y otros organismos públicos, y a las subvenciones que el Estado prevé en los Presupuestos Generales de cada año para financiar el pago de sus nóminas a colectivos de parados especialmente vulnerables. La normativa precisa las retribuciones específicas que deben percibir tanto si el objetivo del programa es mejorar la empleabilidad de los desempleados mediante el conocimiento de un nuevo oficio como si es facilitar su acceso a un trabajo temporal para realizar obras y servicios de interés general para organismo públicos, ayuntamientos o comunidades autónomas, siempre con el límite mínimo de que esas percepciones se sitúen por encima del Salario Mínimo o, cuando proceda, del convenio colectivo aplicable en el sector.

Estas subvenciones, que en algunos casos cubren el 100% de las retribuciones que se abonan a los desempleados, han brindado el enésimo campo de batalla al pulso entre la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. La ministra de Trabajo pretendía asumir el control total sobre la fijación de las cuantías de esas subvenciones e implantar un sistema de revalorizaciones automáticas parecido al que ya opera en el sistema de pensiones que elevara un 1,5% anual la cuantía de las ayudas para pagar la nómina a desempleados en programas de empleo en caso de no promulgarse ninguna norma que actualizara las mismas, garantizando así el incremento automático de las ayudas que el Estado abona a los desempleados de forma directa o a otros organismos de la Administración para desarrollar esos programas.

La maniobra de Yolanda Díaz, recogida en el borrador de Real Decreto por el que se regulan los programas comunes de activación para el empleo del Sistema Nacional de Empleo, tenía un alcance no desdeñable y afectaba a un puñado de programas de inserción laboral como los planes de contratación temporal para la realización de obras y servicios de interés general o social - entre los que se encuentra el antiguo PER - que se realizan en colaboración con organismo públicos del Estado o de los ayuntamientos, que proporcionan una ocupación temporal a cerca de 100.000 desempleados al año; los programas de escuelas taller, casas de oficios y talleres de empleo (más de 16.000 participantes anuales); o las ayudas a centros especiales de empleo, impulso del empleo autónomo o adhesión a cooperativas y otras plataformas de la economía social.

Un puñado de acciones en materia de políticas activas que movilizan cientos de millones de euros cada año y que según el esquema ideado por la vicepresidenta segunda se actualizarían automáticamente un mínimo del 1,5% anual en ausencia de cualquier otra actualización. "Ni Economía ni Hacienda lo han visto bien desde un principio. Consideran que es una fórmula que perpetúa incrementos de gastos", explican fuentes del diálogo social, al tanto de los dimes y diretes internos respecto a este Real Decreto.

Estas mismas fuentes señalan que el rechazo venía tanto desde el Ministerio de Hacienda como desde la Vicepresidencia de Asuntos Económicos, que finalmente ha impuesto su control sobre la Comisión Delegada de Asuntos en la versión final del Real Decreto. Para empezar no será la ministra de Trabajo de forma unilateral la que pueda decidir sobre la evolución de esas ayudas a desempleados, que de alguna forma determinan el presupuesto anual para políticas activas de empleo del Gobierno, sino que cualquier propuesta que se realice desde el Ministerio deberá haber sido antes revisada e informada por la Comisión Delegada de Asuntos Econónicos, que preside la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño.

Economía y Hacienda han instado también a Trabajo a eliminar el esquema de actualización automática de estas ayudas a razón de un mínimo del 1,5% anual que Yolanda Díaz pretendía introducir en el sistema y que 'amenazaba' con consolidar por ley una inercia de gasto al alza en el capítulo de políticas activas de empleo del Gobierno. El área económica del Gobierno es muy consciente de que la suspensión de las reglas fiscales no ha suspendido la vigilancia de Bruselas sobre la evolución de los gastos estructurales del presupuesto español y el capítulo de políticas activas es uno de los más voluminosos dentro del Ministerio de Trabajo, como lo demuestra la asignación en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 de 7.405 millones de euros a este capítulo.

Los sueldos que se sufragan con estas subvenciones oscilan entre los 39.900 euros que puede percibir un coordinador de un equipo de orientación profesional a desempleados - cuyo sueldo se financia al 100% con las transferencias a las comunidades autónomas de los Presupuestos del Estado - hasta una cuantía equivalente al Salario Mínimo Interprofesional para los desempleados en riesgo de exclusión social o de colectivos vulnerables que se enrolen en trabajos de interés general o social para otras administraciones públicas, que tienen la oportunidad de ampliar esas retribuciones.

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