Escrivá aboga por reforzar la contributividad del sistema

Calviño encargó el 'plan Escrivá' tras un toque de la UE por el gasto en pensiones

La preocupación de Bruselas por la evolución de la factura de las pensiones en España y la recuperación de su actualización con el IPC empujó a Economía a plantear medidas que contribuyan a contener el gasto.

Calviño
La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.
EFE

El pasado mes de septiembre la Comisión Europea ponía las reformas de los sistemas de pensiones como ejemplo de las medidas que los países receptores de los millonarios recursos del Fondo Europeo de Reconstrucción y Resiliencia debían adoptar para asegurar la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas, que junto a la mejora del potencial de crecimiento de las economías son dos de los principales objetivos del 'superfondo europeo' para impulsar la salida de la crisis de la Covid. Menos de dos meses después, el Gobierno de España, principal país receptor de los fondos europeos, remitía a Bruselas un plan presupuestario para 2021 con una subida del 0,9% de las pensiones (en un contexto de IPC negativo), el anuncio de la recuperación de la revalorización de las pensiones con el IPC (que Bruselas ya había anticipado que no compartía) y un incremento anual del gasto en ese capítulo de 4.300 millones de euros pese a los galopantes números rojos tanto en las cuentas de la Seguridad Social como en las de las Administraciones Públicas en su conjunto.

En Bruselas el asunto no cayó bien. La Comisión Europea lo manifestó en público en su evaluación del plan presupuestario español, en la que afeó explícitamente medidas como la subida de las pensiones, la decisión de volver a vincular su evolución al IPC o el incremento salarial general para los empleados públicos, por consolidar un mayor nivel de gasto estructural sobre las cuentas públicas españolas, pero según fuentes próximas a Moncloa sus emisarios fueron aún más persuasivos en sus contactos privados con la Vicepresidencia de Asuntos Económicos hasta el punto de forzar un inesperado cambio de discurso en la acción gubernamental en materia de pensiones

En cuestión de semanas, el Gobierno pasó de trasladar a Bruselas en el plan presupuestario que los ajustes de gasto del sistema se llevarían a cabo de forma casi natural, con "la utilización de incentivos positivos que contribuyan a acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal, e incentivando la demora en la jubilación al tiempo que se desincentivan las jubilaciones anticipadas" a llevar a la Comisión de Asuntos Económicos una propuesta de ampliación del periodo de referencia para calcular la pensión de los 25 a los 35 años con un impacto a la baja previsible sobre las prestaciones de entre el 6% y el 12%, según estiman los expertos.

"Fue a raíz del 'toque' de Bruselas", confirma una fuente del área económica del Gobierno. Con la asignación definitiva de los recursos del 'superfondo europeo' aún en el aire, la Vicepresidencia de Asuntos Económicos consideró aconsejable remitir dentro del plan de reformas que debe acompañar a los planes de inversión que los países van a afrontar con los fondos europeos alguna clase de compromiso con la aprobación de medidas que visibilizaran la intención del Gobierno de Sánchez de contener la evolución de la factura del gasto en pensiones a medio y largo plazo, un tipo de medidas que tampoco se veían en el acuerdo del Pacto de Toledo y que la vicepresidenta tercera encomendó por vía de urgencia al ministro José Luis Escrivá

"Hay que recordar que el de las pensiones es un asunto extraordinariamente sensible en Bruselas", asegura una de las fuentes consultadas. "Y no sólo para la Comisión sino para muchos países, incluida Alemania, en los que se entiende mal que un país que reclama ayuda financiera a sus socios y que arrastra déficit desde la crisis anterior continúe subiendo las pensiones a sus jubilados". 

Un 'desafío' al Pacto de Toledo

La maniobra explica como de repente apareció de la nada una propuesta para ampliar el periodo de cálculo de las pensiones a toda la vida laboral, cuando el asunto no se había tratado ni en las deliberaciones de la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo ni en las reuniones del diálogo social, según reconocen un puñado de fuentes de ambos foros, que no ocultan su enfado con el desempeño del Gobierno en este episodio. La contestación al llamado 'Plan Escrivá', especialmente fuerte desde el propio Partido Socialista y desde el área de Gobierno de Unidas Podemos, ha obligado a la Vicepresidencia de Asuntos Económicos a suavizar un tanto su propuesta y a remitir finalmente a Bruselas, a petición de Moncloa, un planteamiento más general, en el que cabe tanto la polémica medida de ampliar el periodo de cálculo de las pensiones de 25 a 35 años como una negociación amplia sobre el asunto con los agentes sociales.

 "A diferencia de otros componentes remitidos a Bruselas con mayor nivel de concreción, en estos dos ámbitos (reforma de las pensiones y reforma laboral) se hace una propuesta más abierta con el objetivo de abordarla y concretarla en el marco del diálogo social", señalaba a última hora de este martes el Gobierno en un comunicado tras una reunión de los representantes de la vicepresidencia económica del Gobierno y de los ministerios de Trabajo y Seguridad Social con los agentes sociales.

Minutos antes, el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, evitó referirse a la polémica ampliación del periodo de cálculo de las pensiones en su enumeración de las líneas de reforma del sistema que el Ejecutivo va a remitir a Bruselas y entre las que mencionó la reforma del régimen de autónomos para que coticen en función de sus ingresos reales, la derogación del 'factor de sostenibilidad' de las pensiones y su sustitución por otro indicador, el ajuste de las carreras muy largas y muy cortas de cotización  o la creación de un nuevo complemento de maternidad...

De hecho, el ministro se desentendió de esa propuesta, que tras varias semanas de polémica asegura ahora no haber planteado, y giró el debate hacia la necesidad de aprobar medidas para mejorar la contributividad del sistema de pensiones y dar cobertura a las lagunas en los periodos de cotización de determinados trabajadores. En relación a las objeciones planteadas por Bruselas, fuentes del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social aseguran que su prioridad es reforzar la sostenibilidad del sistema de pensiones, en línea con lo que pide la Comisión. "Todo (lo que se ha planteado en esta materia) se ha hablado con los equipos de la Comisión Europea, que han entendido la importancia de que las medidas en materia de pensiones sean consensuadas con el Parlamento y el diálogo social".

Desde la Vicepresidencia de Asuntos Económicos se quita hierro a estos tiras y aflojas sobre la reforma de las pensiones. "En materia de pensiones, la idea del Gobierno es proponer reformas orientadas a asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones y el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, sobre la base de las recomendaciones del Pacto de Toledo".

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