Bajo la lupa de Bruselas

Calviño y Escrivá activan el diseño del macrofondo de pensiones del Gobierno

Un grupo de trabajo mixto constituido por altos funcionarios de Seguridad Social y de la Dirección General de Seguros perfilan la norma que alumbrará el primer gran plan de pensiones dependiente del Estado.

EFE
La vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, junto a José Luis Escrivá.
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"En el plazo máximo de doce meses, el Gobierno presentará un proyecto de ley sobre fondos de pensiones públicos de empleo en el que se atribuya a la Administración General del Estado capacidad legal para su promoción". El texto de la disposición adicional cuadragésima de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 concretó una de los compromisos más revolucionarios de todo el proyecto presupuestario, la creación de un fondo de pensiones de naturaleza pública sin precedentes en nuestro país, pero también alentó las dudas de los más escépticos, que observaron la propuesta como un irrealizable brindis al sol de José Luis Escrivá. La falta de noticias sobre el proyecto en los últimos alimentó esta desconfianza, pero lo cierto es que el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social - principal impulsor de este iniciativa - y la Vicepresidencia de Asuntos Económicos - a la que le corresponderá el desarrollo de la norma que le dará sustento - ya han comenzado a trabajar en el diseño de la regulación que alumbrará uno de los proyectos más ambiciosos del Gobierno de Pedro Sánchez.

Desde hace unas semanas miembros de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones de la Vicepresidencia económica y representantes de Seguridad Social han constituido un grupo de trabajo con el objetivo de buscar encaje normativo al planteamiento de partida ideado por el departamento que dirige José Luis Escrivá, según confirman fuentes del Ministerio de Inclusión. Por lo que se sabe hasta ahora Seguridad Social aspira a poner en funcionamiento un 'macrofondo' de pensiones de promoción pública, abierto, desde la perspectiva que sea capaz de acoger planes de pensiones de empleo ya en funcionamiento o nuevos planes que se pongan en marcha; y con comisiones de funcionamiento sensiblemente más bajas que las que existen actualmente en el mercado. 

La regulación actual no recoge la posibilidad legal de que la Administración General del Estado pueda promover un fondo de planes de pensiones de empleo como tal y el Gobierno está obligado a desarrollar un proyecto de ley para disponer un soporte jurídico que dé cauce a la ambiciosa propuesta del ministro Escrivá. En la información que el Ministerio ha intercambiado con Bruselas a lo largo de los últimos meses se ha perfilado un proyecto de gran alcance, capaz de multiplicar por seis en menos de una década el número de trabajadores adscritos a planes de empleo desde los dos millones que hay en la actualidad hasta los 13 millones que el ministro se ve capaz de incorporar a la previsión social complementaria a la altura de 2030; y con una dimensión económica a la altura, que dispararía los alrededor de 35.000 millones de euros el patrimonio invertido en este tipo de planes de pensiones de empresa hasta el entorno de los 100.000 millones. 

Escrivá ha vendido este 'macrofondo' ante las autoridades europeas no sólo como una herramienta útil para impulsar de una vez por todas la previsión social complementaria en España, uno de los países de la UE cuyo sistema de pensiones está bajo mayor presión financiera, sino como un potente instrumento de política económica. En una de las fichas iniciales que el Ministerio intercambió con los técnicos de la Comisión Europea en el proceso de discusión del plan español de reformas, que tras muchos tiras y aflojas se remitió al fin el pasado viernes al límite del plazo a Bruselas, el Gobierno presumía de que el fondo aspiraba a convertirse "en una fuente fundamental de financiación privada de las inversiones para la transición energética y digital", nada menos.

Fuentes del sector del ahorro privado aseguran que Bruselas ha mostrado gran interés por la propuesta española y que incluso en las últimas semanas ha contactado con el Ministerio para preguntar por el desarrollo de la iniciativa, cuya hoja de ruta original pasaba por alumbrar un proyecto de ley este mismo año y resolver su tramitación parlamentaria de cara a su puesta en marcha ya en el año 2022.

A la busca de asesoramiento externo

Hasta llegar a eso el Gobierno tiene un largo camino por delante que Seguridad Social y Economía ya han comenzado a recorrer y para el que pretenden contar con la colaboración de los actores privados que en la actualidad operan en ese segmento. Fuentes del sector del ahorro privado aseguran que el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social ya les ha manifestado su interés en contar con sus aportaciones en el proceso de elaboración del futuro proyecto de ley al objeto de encontrar el mejor encaje posible para ese nuevo 'macrofondo' público de pensiones en un sector ahora mismo dominado por actores de carácter privado. Falta por definir el cómo. Las fuentes consultadas aseguran que el Ministerio incluso se estaría planteando abrir un proceso público para contratar servicios de asistencia técnica de diversa naturaleza con agentes privados de cara al proyecto.

Desde Inverco, la patronal que agrupa a las gestoras de fondos y planes de pensiones, incluso se ha empezado a trabajar ya en una plataforma tecnológica que sirva para canalizar la demanda de planes de pensiones de empresa (PPE) que puede surgir una vez que el Gobierno regule el funcionamiento de su gran fondo de pensiones público, como adelantó La Información. El objetivo declarado de la iniciativa es que todas las entidades puedan ofrecer sus mejores planes en esa plataforma conjunta, de forma que las empresas que apuesten por tener un plan de pensiones al que se adhieran sus trabajadores puedan elegir lo que más les convenga en cuestión de riesgo, rentabilidad, aportaciones, comisiones o cualquier otro tipo de condiciones que se establezcan.

Una de las principales reservas que el sector del ahorro privado tiene respecto al proyecto gubernamental es la intención declarada de dejar la gestión del fondo a una única entidad, por mucho que también se haya dicho que dicha concesión se realizará tras un proceso competitivo abierto y transparente. Se sospecha que concentrar la gestión del 'macrofondo' público en una sola entidad puede generar una asimetría en un mercado hoy bastante atomizado y se aboga más por organizar el gran fondo de pensiones públicos en diferentes tramos para hacerlo más operativo y también para garantizar una situación de mayor competencia en el mercado.

La otra gran cuestión es la de los incentivos fiscales. El Gobierno ya maniobró en ese sentido en los Presupuestos de 2021 rebajando de forma muy significativa, de 8.000 a 2.000 euros al año, la reducción en el IRPF por aportaciones a planes de pensiones individuales, al tiempo que elevaba ese umbral hasta los 10.000 euros para las aportaciones de empresas y particulares a planes de empleo. Sin embargo desde el sector del ahorro privado se advierte de que el plan de Escrivá no llegará muy lejos si no se estimula con ayudas fiscales más decididas a las aportaciones de particulares y empresas. La opinión mayoritaria en el sector, reiterada recientemente por la presidente de la patronal del sector del seguro (Unespa), Pilar González de Frutos,  es que el plan tampoco despegará si las aportaciones de trabajadores, empresas e incluso Estado no se hacen obligatorias. La idea inicial de Escrivá es que la adscripción y las aportaciones sean voluntarias.

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