Nueva pinza en el área económica del Gobierno. La vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, están marcando el paso a la vicepresidenta tercera y titular de Trabajo, Yolanda Díaz, en el diseño del nuevo esquema de expedientes de regulación temporal de empleo, antes incluso de que arranquen las negociaciones con la patronal y los sindicatos. El sistema actual caduca el próximo 31 de mayo y tanto Calviño como Escrivá ya se han posicionado a favor de focalizar las ayudas en los trabajadores que salen del ERTE, para así incentivar la reincorporación de las plantillas a las empresas y contener el gasto público, para evitar que el déficit y la deuda sigan descarriándose, mientras Díaz, que apuesta por seguir protegiendo los empleos durante todo el tiempo que sea necesario, guarda silencio para no distorsionar el diálogo social. El debate está servido.
Calviño tomaba parte en el asunto este lunes al indicar que la nueva prórroga de los ERTE deberá centrarse en favorecer la reincorporación de los trabajadores al mercado laboral, ajustando los parámetros del actual esquema para incentivar esa reactivación. Dicho de otro modo, que el sistema de exoneraciones de cotizaciones a la Seguridad Social tendrá que cambiarse para focalizar los mayores descuentos en los trabajadores que salen del ERTE y vuelven a la actividad. Se trata, en definitiva, de la estrategia que ya siguió el Gobierno el pasado verano, cuando a partir del mes de junio se empezó a incentivar la reactivación en mayor medida que la permanencia en el ERTE a través de esas bonificaciones que después se fueron tamizando, porque el énfasis en la protección del empleo volvió a ser importante a partir de noviembre, con las nuevas oleadas del virus.
La vicepresidenta económica daba así un espaldarazo al posicionamiento mostrado hace unos días por Escrivá: "Si el escenario central es el que pensamos, el énfasis va a estar de nuevo en los incentivos a la activación", afirmaba el ministro. Así, ambos se han pronunciado tajantes sobre el rumbo que deben tomar las negociaciones con los agentes sociales, mientras la titular de Trabajo ha evitado posicionarse al respecto, más allá de haber asegurado en no pocas ocasiones que los ERTE se mantendrán durante todo el tiempo que sean necesarios. Siempre, eso sí, sin desvelar su estrategia, como seña de respeto al diálogo social. El debate, cuando menos, se prevé intenso, pues en anteriores prórrogas el asunto de las bonificaciones a los trabajadores reactivados ya generó rechazo tanto a la patronal como a los sindicatos, que pidieron centrar las ayudas en las empresas que no pudieran retomar la actividad, un enfoque compartido por Díaz.
Pero Calviño y Escrivá tienen una hoja de ruta distinta a la de la ministra de Trabajo, para quien el aumento del gasto público no supondría un problema mayor. Los responsables de Asuntos Económicos y Seguridad Social son más partidarios de enfocar las ayudas casi de manera quirúrgica, partiendo de la base de que un elevado porcentaje de los más de 700.000 trabajadores que siguen en ERTE se van a terminar yendo al paro si no se asume que inevitablemente se van a producir reestructuraciones sectoriales, porque algunas actividades no van a recuperar la demanda precovid por los cambios de hábitos en el consumo y será fundamental formarles para que puedan transitar hacia otros sectores productivos. Y ahí es precisamente donde pivotará el esquema de ERTE permanente comprometido con la Comisión Europea para acceder a los fondos de recuperación.
Ante este panorama y la ingente cantidad de dinero público necesaria para financiarlo, Calviño, que es la interlocutora directa con Bruselas en el Gobierno, tiene claro que los recursos movilizados por España para luchar contra la crisis generada por la pandemia se deben usar "sabiamente" para no lastrar a las futuras generaciones por la emisión de deuda que llevará aparejada. Es el término que utilizaba durante un acto organizado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) este lunes, en el que indicaba que España emitirá 150.000 millones de euros adicionales en deuda para afrontar los gastos derivados de la Covid y advertía de que esto puede convertirse en una carga y lastrar a las generaciones futuras si no se invierte el dinero sabiamente. "Tenemos que asegurarnos de que cada euro sea invertido de la manera adecuada", apostillaba la vicepresidenta.
Hay que recordar que los ERTE han costado ya a las arcas públicas más de 21.520 millones de euros, de acuerdo con los datos de ejecución presupuestaria de las Administraciones Públicas de 2020. De este modo, España ha gastado ya más dinero en esta herramienta del que le asignó la Comisión Europea dentro del programa SURE (21.324 millones, de los cuales hasta el momento ha recibido 17.956 millones). En cualquier caso, el acceso a este fondo ha permitido a España ahorrarse cientos de millones de euros en el pago de intereses, unos 850 millones, según los últimos cálculos de la CE, que compara en un informe los intereses logrados por la Comisión con los que habrían tenido que pagar los Estados miembros si hubiesen emitido deuda por su cuenta con el mismo vencimiento y en igual fecha.
El coste de la herramienta, una vez agotado el fondo SURE, será uno de los indicadores clave a tener en cuenta a la hora de abordar nuevas prórrogas. También de cara al diseño del esquema permanente que el Ejecutivo español ha anunciado a las autoridades europeas en el marco del plan de reformas para acceder al Next Generation EU. En el documento remitido a la Comisión se especifica que ese sistema de ERTE estructural que pretende desplegarse, según Calviño, a partir de la segunda mitad del año, para servir al tejido productivo como alternativa al despido, será financiado con un fondo tripartito entre el Estado, las empresas y los trabajadores, que compartirán así el coste de las prestaciones y la compensación de las cotizaciones. Las condiciones se negociarán, en cualquier caso, en la mesa de diálogo social, que ya ha iniciado las conversaciones sobre la reforma laboral.
