La preocupación por la situación financiera de las empresas tras una año de parón económico intermitente por la Covid ha llevado al Ministerio de Economía a plantearse nuevas medidas que permitan mejorar la solvencia de miles de sociedades antes de que la quiebra sea irremediable o se conviertan en ‘zombis’. Ante las implicaciones presupuestarias de aplicar ayudas directas de forma masiva en este momento tan avanzado de la crisis, el nuevo marco temporal de ayudas abierto por la Comisión Europea habilita al Ejecutivo español a plantearse un paquete de medidas a modo de salvavidas que puede tener un efecto similar: singularmente, convertir una parte de los créditos que la banca y el ICO dieron a las empresas, y que amenazan con ahogarlas, en subvenciones, de forma que puedan contar con un colchón adicional de solvencia que les permita sobrevivir a la tercera ola y a las que vengan por delante. La medida, que debe contar con el aval de las autoridades europeas y en función de cómo se dispongan también del BCE, puede ser efectiva si se solventa un gran obstáculo: tanto el ICO como los principales bancos del país implicados en la concesión de créditos por miles de millones deben aceptar una quita equivalente a esa parte prestada que se convierte en capital.
La Vicepresidencia de Asuntos Económicos ya ha admitido que el nuevo marco temporal de la UE para prolongar las ayudas a la solvencia empresarial abre la opción de “convertir las ayudas en forma de anticipos reembolsables, garantías, préstamos u otros instrumentos en subvenciones directas”, lo que da pie a una opción que tanto en el seno del equipo de Nadia Calviño como en el Banco de España han estado analizando en las últimas semanas. A partir de ahora se trata de abordar el ajuste fino para definir, lo antes posible, el porcentaje de los créditos ICO (unos 130.000 millones de euros concedidos hasta ahora) que puede transformarse en capital de las empresas y qué parte de esa quita (ayuda a fondo perdido) deben soportar los bancos. Fuentes cercanas a ese proceso apuntan a un porcentaje de entre el 10 y el 20% del total, dependiendo de cada caso, sector afectado y situación concreta de la empresa.
El proceso no va a ser sencillo y, probablemente, tampoco rápido. El plan de transformar parte de los créditos con garantía estatal concedidos a través del ICO en participaciones en empresas con recurrido a futuro, cumpliendo el objetivo de transformar deudas en capital para apuntalar la solvencia del tejido empresarial español como piden desde hace tiempo instituciones como el Banco de España y de forma clamorosa las organizaciones empresariales, enfrenta al Gobierno a la frontera de los límites a las ayudas de Estado impuestas por Europa y a las entidades financieras a un probable empeoramiento de sus balances, con elevación de provisiones incluida, en un momento en el que no andan sobradas de capital.
El papel de la Comisión Europea y del BCE
"Una solución de este tipo debe pasar por el establecimiento de algún tipo de incentivo para los bancos, ya sea mediante alguna ventaja fiscal, el ajuste de las provisiones exigidas para cubrir los riesgos derivados de esa participación en empresas en problemas o mediante el establecimiento de algún tipo de esquema de protección de activos, como el que se habilitó durante la crisis financiera. Soluciones en cualquier caso que requerirán del visto bueno de Bruselas y de Frankfurt (BCE)", sostienen fuentes del ámbito financiero. El asunto es que Bruselas acaba de retocar al Marco Temporal y cualquier nuevo incentivo fiscal que se quisiera activar debería ser aceptado de forma general a nivel europeo, observando la regulación sobre ayudas de Estado, y con cualquier posible ajuste en las provisiones que las entidades deben dotar ante este tipo de situaciones pasa lo mismo, deben contar con la aprobación del Banco Central Europeo.
La financiación con garantía estatal aportada por los bancos a través del ICO a lo largo de 2020 supone el 40% de la financiación total concedida por las entidades financieras durante el año pasado y además tuvo como receptores a empresas que acreditaron problemas de liquidez en los primeros compases de la crisis. Esas características resuelven en buena medida uno de los principales problemas de los programas de ayudas directas que ya se han puesto en marcha en algunos países de Europa: el proceso de selección de las empresas receptoras de las mismas. Con el perímetro de empresas susceptibles de necesitar un apoyo a la solvencia marcado ya por el programa de avales del ICO que el Gobierno activó en los primeros compases de la crisis, el Gobierno debe resolver la otra gran incógnita de la ecuación: cómo hacer que éstas lleguen a las que empresas que más lo necesitan y, sobre todo, cómo evitar que acaben en empresas que ya no tienen futuro.
Además, los pasos que ha ido dando el Gobierno en los últimos meses también le facilitan la tarea a la hora de separar las empresas viables de las que no lo son. En primer lugar porque desde el Ministerio de Hacienda se ha realizado un seguimiento exhaustivo del cumplimiento fiscal de las empresas y profesionales que se han beneficiado de los ICO y, por otro, porque el pasado mes de noviembre el Gobierno ajustó la ley para que los funcionarios del ICO pudieran tener acceso a la información de la central de balances del Banco de España a fin de detectar de forma temprana posibles impagos por parte de los beneficiarios de los préstamos ICO.
La reforma de la regulación de las quiebras, clave
Si bien esa sería la medida de mayor impacto de todas las que se están estudiando para intentar salvar a las empresas insolventes, la otra gran preocupación de las autoridades económicas del país es la avalancha de situaciones de quiebra o concurso de acreedores que se van a generar en todo el proceso. La actual moratoria que permite a las empresas aplazar la declaración obligatoria de concurso por la situación de excepcionalidad creada por la Covid acaba el próximo 14 de marzo y la intención del Gobierno es acelerar la reforma pendiente de la Ley Concursal - en transposición de la última Directiva europea - para agilizar este tipo de procesos y evitar el atasco judicial que puede provocar una avalancha. El año 2020 se ha cerrado con poco más de 4.000 concursos declarados, un número inusualmente bajo para un contexto de crisis y las estimaciones más prudentes que se barajan en el ámbito jurídico concursal apuntan a que esa cifra puede multiplicarse por cinco o por diez con facilidad, a poco que se reabran las compuertas de los concursos de acreedores. El pronóstico va además acompañado de una advertencia: los juzgados de lo Mercantil no podrán gestionar esa avalancha.
Según fuentes empresariales al tanto de los movimientos del Gobierno, lo que pretende el Ejecutivo es aprovechar la reforma de la normativa concursal para actuar en dos niveles. Por un lado, facilitar la liquidación rápida de las llamadas 'empresas zombi, aquellas que continúan en activo gracias al auxilio de las ayudas del 'escudo social y económico' pero cuya reactivación es improbable, con el doble objetivo de no malgastar recursos públicos en proyectos empresariales sin futuro y habilitar su liquidación rápida para impedir que sus activos pierdan valor con el paso del tiempo. El segundo canal aspira a garantizar la supervivencia de empresas solventes pero a las que la crisis ha conducido a una situación límite. Éstas serían las susceptibles de encajar en el plan de ayudas directas del Gobierno y el objetivo es crear un marco legal que facilite su supervivencia.
¿Cómo? Según las fuentes consultadas, lo que se está barajando es tratar de implicar en la solución a sus principales acreedores: las entidades financieras y las Administraciones Públicas. El plan es que las primeras acepten convertir parte de los préstamos pendientes de cobro en participaciones en el capital de las empresas. La parte de la Administración es peliaguda también porque implicaría que la Seguridad Social y la Agencia Tributaria renunciaran a la sobreprotección de que disfrutan los créditos públicos - las deudas por impago de cotizaciones e impuestos - en los procedimientos concursales, un elemento que les garantiza cobrar en primer lugar a medida que se liquidan los activos de las empresas en quiebra, pero que actúa también como desincentivo para lograr un acuerdo concursal hacia el resto de los acreedores.
La reforma de los concursos de acreedores, en la que ya han empezado a trabajar la Vicepresidencia de Asuntos Económicos y el Ministerio de Justicia, iría de forma paralela a la conversión de créditos en ayudas directas, dentro de un paquete de medidas de salvamento para las empresas, y contemplaría también algún tipo de alivio para el impacto que la posible avalancha de quiebras provocará en la banca. Fuentes técnicas conocedoras de este tipo de procesos apuntan a la opción de reducir las actuales obligaciones de provisionar las deudas de las empresas en concurso que contempla ahora la normativa. Esa opción permitiría salvar las unidades productivas viables de las empresas, que pueden continuar o adjudicarse a grupos más solventes, y retirar o liquidar de forma rápida las partes que no se puedan salvar.
El objetivo es sostener la mayor parte de actividad y empleo posibles en la debacle que se viene encima. Los actuales concursos tardan una media de seis meses en resolverse en sede judicial, si bien la nueva directiva europea contempla el uso de métodos extrajudiciales para llegar a acuerdos de viabilidad o venta antes de que se el juez declare el concurso, que permitirían una resolución rápida. Una opción es el modelo anglosajón del ‘pre-pack’ o alguna figura parecida, que ya se ha usado en Barcelona en algunos casos y ha solventado el proceso judicial en menos de una semana.
La necesidad de acoplar las nuevas medidas de solvencia sobre los créditos y la reforma concursal antes de que se desembalse la avalancha de concursos de acreedores 'congelados' por la moratoria apunta a una posible ampliación de la fecha tope del 14 de marzo para ampliarla hasta el fin del estado de alarma, el 9 de mayo, y ganar tiempo así para plantear la reforma legal y que ésta entre en vigor lo más cerca posible del fin de la moratoria para evitar un colapso de la Justicia Concursal. Las fuentes consultadas advierten de que todo va a depender de la evolución de la pandemia, los contagios y el efecto de la vacunación, sobre todo con la incertidumbre del impacto de la nueva cepa británica y los augurios de una nueva cuarta ola.
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