El próximo Gobierno se va a estrenar con una buena nueva para todas las sociedades cotizadas en bolsa, tal y como recoge el nuevo anteproyecto de Ley elaborado por la Secretaría de Estado de Economía para incorporar al ordenamiento español la directiva europea que regula la implicación a largo plazo de los accionistas en la vida de las compañías que contratan sus acciones en los mercados de valores. El departamento que dirige en funciones Nadia Calviño ha acuñado el término de 'capitalismo popular' para definir la presión que sufren las empresas por maximizar sus resultados financieros en cada uno de los informes trimestrales que ahora están obligadas a publicar. La nueva disposición eliminará de golpe y porrazo dicho requisito.
La modificación que se propone en la Ley de Sociedades de Capital establece la supresión del artículo 120 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores que implica la difusión cada tres meses de una declaración intermedia de gestión que contenga una explicación de los hechos y operaciones significativos que hayan tenido lugar durante el período correspondiente y una descripción general de la situación financiera y de los resultados del emisor y sus empresas controladas. El Gobierno entiende que este requerimiento ha provocado un efecto adverso en las estrategias de inversión de las empresas que buscan de manera prioritaria el rendimiento financiero en beneficio exclusivo de sus accionistas, dejando en segundo plano al resto de grupos de interés y, muy especialmente, a sus trabajadores.
La política social del Ministerio de Economía revierte por una vez, y sin que sirva de precedente, en beneficio de una aspiración de muchas sociedades cotizadas que se ven obligadas a difundir cada tres meses sus resultados financieros con el riesgo que ello puede comportar para sus cotizaciones en bolsa. La transparencia es sacrificada al servicio del interés general o, al menos, eso es lo que subyace detrás de la extensa justificación que la Secretaría de Estado de Economía incluye como fundamento de la normativa en ciernes. Cabe señalar que este anteproyecto responde a una directiva comunitaria aprobada hace prácticamente cinco años y que se supone será una de las primeras transposiciones que abordará el nuevo Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez.
La disposición con rango de ley que ha sido sometida a consulta pública desde el pasado 24 de mayo, en vísperas electorales y con un Gobierno en funciones, subraya el carácter cortoplacista al que están abocadas las sociedades cotizadas. Dichos comportamientos no sólo tienen impacto negativo dentro de las propias empresas, sino que, a juicio del legislador , producen "un efecto agregado muy perjudicial para el conjunto de la economía": "Este 'capitalismo trimestral' tiene efectos sobre el crecimiento económico, el empleo y la productividad del capital", añade la norma en cuestión que, para más señas, considera que "la crisis financiera de 2008 es, entre otros factores, el resultado de una visión excesivamente cortoplacista de la economía".
El Gobierno considera que el sistema de crecimiento anterior a la crisis, al estar basado en la necesidad de generar beneficios en el corto plazo, generó un modelo de negocio arriesgado y excesivamente apalancado. Por el contrario, las estrategias de inversión a largo plazo integran de forma natural otros objetivos no financieros, como el bienestar de los trabajadores y la protección del medio ambiente, garantizando la sostenibilidad de las empresas en el largo plazo: " Y es que aquellas empresas viables en la sociedad y en el medio ambiente son también más sostenibles económicamente en el medio y largo plazo", añade el Ministerio de Economía.
En consecuencia con toda esta narrativa el Gobierno homologará la ley en España con la práctica totalidad de los países de la UE y dejará a la libre elección de las empresas la opción de publicar, o no, informes de resultados con carácter trimestral. Las empresas que lo deseen podrán seguir informando cada tres meses al mercado "pero aquellas a las que le suponga una carga excesiva o que perciban que les implica sufrir presiones cortoplacistas podrán no hacerlo", concluye al respecto la exposición de motivos de la futura disposición con rango de ley.
Nuevas acciones de lealtad
La adaptación de la directiva comprende también otros aspectos del funcionamiento societario y el gobierno corporativo de las empresas, que incluyen la regulación de las operaciones entre las sociedades y sus partes vinculadas, así como una mayor transparencia en la política de actuación de las sociedades gestoras de las instituciones de inversión colectiva y de las entidades de capital riesgo. Las gestoras deberán publicar su política de implicación en las sociedades cotizadas explicando entre otros aspectos cómo han ejercido sus derechos de voto en las juntas de accionistas y si han contratado servicios de asesores de voto.
La futura normativa, que define un marco de actuación mucho más estricto a la hora de fijar la política de remuneraciones de los consejeros, modificará también la Ley de Sociedades de Capital para establecer que los miembros de los consejos de administración de las empresas cotizadas sean necesariamente personas físicas. Además se introducirá en el derecho societario española una nueva figura que, bajo la denominación de "acciones de lealtad", permitirá incorporar a los estatutos de las sociedades en bolsa un derecho de voto adicional a cada acción de la que haya sido titular un mismo accionista durante un mínimo de dos años consecutivos ininterrumpidos".
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